INFOBAE – Por Constanza Mazzina, Consejera Académica de LyP – La primera Cumbre de las Américas tuvo lugar en Miami en diciembre de 1994. Bajo la presidencia de Bill Clinton, los 59 mandatarios convinieron en declarar que “por primera vez en la historia, las Américas son una comunidad de sociedades democráticas” y reafirmaron el compromiso de “preservar y fortalecer nuestros sistemas democráticos en beneficio de todos los pueblos del hemisferio”. En el documento final, los presidentes señalaron: “A través de los organismos competentes de la Organización de Estados Americanos (OEA), trabajaremos en favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa de los regímenes democráticos constitucionales”.
El tiempo pasó, y, sin embargo, las Cumbres siguieron adelante, incluso en contextos de gran tensión, como fue el de la cita en Mar del Plata en el año 2005. La novena cumbre, que tendrá lugar en Los Ángeles el mes próximo, ya ha generado controversias entre el gobierno de EE. UU. y aquellos mandatarios que defienden la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Salieron en la defensa de la presencia de estos últimos tres países los gobiernos de Bolivia, México y Honduras, a quienes se ha sumado Chile. Este último lo hizo a través de su canciller Antonia Urrejola, quien afirmó que está a favor de que Cuba, Nicaragua y Venezuela participen en la Cumbre de las Américas y agregó que, en los últimos años, “la exclusión no ha dado resultados en materia de derechos humanos”.
La canciller Antonia Urrejola afirmó que está a favor de que Cuba, Nicaragua y Venezuela participen en la Cumbre de las Américas y agregó que, en los últimos años, “la exclusión no ha dado resultados en materia de derechos humanos”. (Archivo DEF)
Ahora bien, cabría preguntarse si los líderes que reclaman la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua no están utilizando el manto de la democracia para amparar formas de gobierno que recurren a una represión legalizada de cualquier disidencia. Incluso hacen gala de su desprecio por el orden liberal y, a menudo, insisten en la validez de sus propios sistemas como tipos de gobierno democrático; y hasta inventan términos para describir su variante especial, tales como “democracia soberana” o “democracia revolucionaria”. El antiimperialismo norteamericano les sirve de concepto legitimador de sus caprichos.
MÉXICO: LA VISIÓN SESGADA DE AMLO
En recientes declaraciones, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestó: “¿Quiénes somos nosotros para llamar ‘matones, torturadores, represores’ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿con qué derecho nosotros vamos a decidir sobre los demás?”. Y añadió: “Nadie puede juzgar como ‘matones’ y ‘torturadores’ a Maduro, Ortega y Díaz Canel”. López Obrador parece desconocer que existen probados documentos, informes, declaraciones y testimonios que registran las violaciones a los derechos humanos cometidas por aquellos, tanto de organismos internacionales como de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es hora de que los presidentes democráticos de la región abandonen su política del doble rasero con las dictaduras.
Al mismo tiempo, el mandatario mexicano expresó: “Cuba se debería declarar como patrimonio de la humanidad, por su arrogancia de ser libre y su resistencia heroica”. Habría que aclarar que la resistencia heroica la hacen quienes levantan su voz contra la dictadura. Por ejemplo, los manifestantes del #11JCuba, miles de ellos detenidos, incluidos menores de edad, y decenas juzgados con condenas ejemplificantes. En ese sentido, el exfiscal cubano Raucel Ocaña, en proceso de asilo político en Suiza, dijo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que “las sentencias contra los manifestantes del #11JCuba fueron elaboradas por el Partido Comunista antes de comenzar el juicio”. Niños menores de edad que se manifestaron fueron condenados a prisión. Manifestantes que transmitieron en directo las protestas, como Yoan de la Cruz, recibieron prisión domiciliaria, porque la libertad de expresión en Cuba no es un derecho humano, sino un delito.
En recientes declaraciones, AMLO manifestó “nadie puede juzgar como matones y torturadores a Maduro, Ortega y Díaz Canel”. (Archivo DEF)
CUBA: CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
El periodismo independiente es acosado permanentemente por los organismos de seguridad del Estado. Muchos disidentes dieron su vida por la libertad, como Oswaldo Payá, quien murió en circunstancias sospechosas, y había sido el fundador del Proyecto Varela. Han sido numerosas las denuncias dentro y fuera de Cuba sobre muertes, desapariciones y detenciones políticas de aquellos que no se someten a la voluntad del gobierno. El proyecto “Verdad y Memoria”, de la organización Archivo Cuba, documenta los casos de víctimas del gobierno de casi seis décadas en el poder. María Werlau, su directora, sostuvo que “es imposible saber cuántas personas han muerto en prisión”. Para el año 2015, el grupo tenía documentadas 7062 muertes y desapariciones “atribuidas al régimen castrista” desde 1959. Sus registros indicaban que 3116 habían sido ejecuciones por fusilamiento. También 1166 ejecuciones extrajudiciales, 123 desapariciones, 315 muertes por negligencia médica y 146 suicidios por causas políticas. En 2021 se reportaron 83 muertes atribuidas al Estado cubano.
El domingo 15 de mayo, diez meses después de las masivas protestas antigubernamentales, el Parlamento cubano aprobó por “unanimidad” un nuevo Código Penal que trata de evitar la repetición de las protestas, al criminalizarlas. El objetivo último es preservar el actual régimen socialista. El nuevo Código Penal tipifica como “delitos” los “hechos más graves y lesivos para la sociedad” y protege “los intereses del Estado y del pueblo”, sostuvo el presidente del Tribunal Supremo cubano, Rubén Remigio Ferro. El Estado se ubica por encima de los derechos del individuo para terminar negando esos mismos derechos. Entonces, ¿dónde está la solidaridad de los gobiernos de la región? ¿Por qué continúan burlándose de las víctimas de regímenes como el cubano? Como presidentes democráticamente electos, los demás gobiernos no pueden desconocer abiertamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues desvirtuar el significado de las palabras no cambia los hechos.
El domingo 15 de mayo, diez meses después de las masivas propuestas gubernamentales, el parlamento cubano aprobó por unanimidad un nuevo código penal que trata de evitar la repetición de las protestas al criminalizarlas. (Archivo DEF)
REPRESIÓN Y HOSTIGAMIENTO EN NICARAGUA Y VENEZUELA
El presidente de Bolivia, Luis Arce, escribió en Twitter: “De persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”. Además, recalcó que Bolivia “cimienta sus relaciones internacionales en la ‘Diplomacia de los Pueblos’, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz”.
Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reclamó que participen de la IX Cumbre de las Américas “todos los países del hemisferio, de modo abierto e inclusivo, bajo el objetivo unificador de concertar acciones conjuntas (…) y que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas”. Al no denunciar a los regímenes que cotidianamente violan los derechos humanos de los ciudadanos latinoamericanos, la CELAC abandona a quienes hoy verdaderamente piden ser escuchados y convalida el statu quo de las dictaduras.
En Nicaragua, el número de opositores detenidos -en su mayoría, en el marco de la crisis del 2008- aumentó a 181 en marzo de este año. (Archivo DEF)
Esos regímenes no son pluralistas, ya que no dialogan. Desde 2014, varias organizaciones de derechos humanos han documentado graves casos de tortura contra quienes se encontraban detenidos arbitrariamente en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Venezuela. Por su parte, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por “la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y miembros de la oposición” en Venezuela.
En Nicaragua, el número de opositores detenidos, en su mayoría en el marco de la crisis de 2018, aumentó a 181 hasta marzo de este año, según informa el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Cuba, tras las protestas del 11 de julio de 2021, el gobierno reprimió con brutalidad y dejó como saldo 1395 detenidos, de los cuales 728 siguen presos, según el último recuento de la ONG Cubalex.
Para la autora del artículo, la presidencia de la CELAC, hoy en manos de Argentina, “debería tomar nota de la situación, porque negar la realidad de estos países es ser cómplice de las dictaduras”. (Archivo DEF)
PLURALISMO VERSUS AUTOCRACIA
La defensa del pluralismo debe ser consistente. Pluralismo significa distintas voces. Estos regímenes autoritarios no permiten la expresión de otras voces más que la del oficialismo, y el que expresa una opinión diferente es censurado, perseguido, arrestado, torturado u obligado a exiliarse. Entonces, ¿de qué pluralismo hablamos? Venezuela y Nicaragua representan un fracaso del sistema regional para dar amparo y respuesta a las turbulencias democráticas, y evitar el avance del autoritarismo. El lento y perpetuo deslizamiento desde la democracia hacia la autocracia que se ha dado en estos países debe alertarnos del peligro que representan y es una demostración de que no hemos sabido construir salvaguardas legales e institucionales que eviten la debacle final.
La presidencia pro tempore de la CELAC, hoy en manos de la Argentina, debe tomar nota de esta situación. Negar la realidad de estos países, desoír las voces de quienes reclaman por sus derechos y callar ante los atropellos es ser cómplice de las dictaduras. Al igual que Archivo Cuba y tantos otros que alzan su voz contra las dictaduras, debemos abogar por la libertad y promover la transición pacífica de estos países autoritarios a la democracia.
*La autora es coordinadora académica DemoAmLat, un programa de la organización Transparencia Electoral que articula organismos electorales, partidos políticos y ONG de América Latina.
