La Fundación Libertad y Progreso expresa su rechazo al intento oficial de afectar la independencia de la Justicia aumentando desmesuradamente el número de miembros de su órgano superior, la Suprema Corte.
Un primer argumento, ya desistido, fue el de la federalización mediante la designación de un miembro por cada provincia. Resultando evidente su inconstitucionalidad, se ha persistido en el intento dejando aquellas razones y yendo al argumento de un exceso de trabajo que requeriría aumentar de 5 a 25 jueces en el Alto Tribunal. Los senadores oficialistas José Mayans y Anabel Fernández Sagasti han introducido en La Cámara Alta un proyecto de ley con tal propósito.
Detrás de este intento y del apuro con que se pretende lograrlo, está la ansiedad por la gran cantidad de causas de corrupción de quienes o quien detenta el poder en la actual gestión de gobierno. La designación de nuevos jueces les abre la expectativa de modificar las mayorías en sentido favorable.
Maniobras como ésta afectan la calidad institucional, la seguridad jurídica y la confianza. Por lo tanto impactan negativamente sobre la producción, la inversión y el empleo.
