Abogado. Asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CRONISTA – El curioso cartel de “Cerrado por falta de personal” está instalado en numerosos comercios de atención al público de Madrid, como uno de los efectos colaterales de la pospandemia del Covid 19. El contexto es más que complejo, España con más de tres millones de desempleados, pasó en tres años de la deflación (-0,23% en 2020) a la inflación que amenaza con llegar al 10% a fin del 2022, pero que tiene aumentos de precios en productos de primera necesidad, en energía y en combustibles que superan esa estimación.
La economía está resurgiendo después de pasar “el ojo de la pandemia”, pero ahora tiene el impacto directo e indirecto de la invasión de Rusia contra Ucrania y los efectos económicos de la guerra. Las empresas de artículos de lujo vieron afectada más del 25% de su facturación por las sanciones internacionales dispuestas por los países centrales.
El poder ejecutivo español liderado por Pedro Sánchez (PSOE) ha dispuesto hace una semana crear casi 45.000 nuevos puestos de trabajo en el Estado. En efecto, el Consejo de Ministros aprobó este martes una oferta pública de empleo récord, de 44.788 plazas entre personal administrativo, fuerzas de seguridad, y servicios en general.
Es la mayor de la historia, superando el hito que marcó el año pasado la de 30.445 puestos. De esas casi 45.000 plazas, 22.009 son de nuevo ingreso, 12.142 de promoción interna y 10.637 se dirigen a estabilizar personal interino. El Ejecutivo ya ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el detalle de esta oferta de empleo público.
El gobierno recibe todo tipo de críticas por la generación de burocracias, en claro contraste entre la modernización de los sistemas y su informatización y despapelización, con el efecto lógico, de que deberían reducirse los planteles en cada repartición.
Explorando in situ los entretelones de este fenómeno curioso de la falta de personal en un contexto como el actual (de paro como se lo denomina en España), en un país con récord de desempleo, y con acusaciones de los partidos opositores de que los datos del organismo oficial han sido adulterados o moldeados en forma cosmética para ocultar la verdad.
Y lo cierto es que solo aceptan los puestos vacantes los extranjeros indocumentados, los inmigrantes ilegales, y los grupos marginales, porque los comercios que no pueden operar ofrecen salarios en torno de los 500 o 600 euros, en un marco en el cual rige un Salario Mínimo de 1166,7 euros y con una remuneración promedio de la actividad privada de unos 1800 euros.
En efecto, el salario mínimo interprofesional, que en nuestro país se llama Salario Mínimo Vital y Móvil, en España es de 1166,7 euros, en Alemania es de 1621,0 euros, en Gran Bretaña asciende a 1708,7 euros y en Francia es de 1.603,1 euros.
La realidad demuestra que el costo laboral es incompatible con la reactivación de las pymes, en especial de los establecimientos llamados unitarios, con empresas familiares o unipersonales, que forman parte del importante espectro de los servicios a la comunidad, y en especial, de todas las prestaciones que hoy requiere el turismo, que también en España se ha convertido en uno de los motores de la reconstrucción de todo lo que congeló o destruyó la pandemia.
En general podemos afirmar además, que el salario interprofesional (el Mínimo Vital y Móvil) cuando se lo traslada al promedio del salario profesional (el de cada actividad) este último tiene un incremento aproximado al 50%. Por ende, si en España tenemos un salario interprofesional de 1166 euros, el monto del salario promedio profesional (para cada arte, oficio o profesión) giran en torno de los 1700 euros a 1800 euros, y las retribuciones promedio en las empresas de primera línea giran en torno de los 2200 a 2600 euros. Si la pequeña empresa ofrece 500 o 600 euros obviamente no alcanza para la subsistencia, cuyo valor mínimo de una persona sin cargas de familia está en torno de los 35 euros por día corrido, (o sea unos 1000 euros mensuales), y con cargas de familia, alrededor de los 50 euros por día (o sea unos 1500 euros mensuales).
El empleo público en España creció más del 30% en los últimos cinco años, financiado por la ayuda que recibió el país del sistema financiero de la Comunidad Económica Europea, sin tener relación alguna con la evolución de la economía, en la que obviamente se sufrió una caída importante durante 2020 y 2021, y recién en los últimos ocho meses muestra en general mejores indicadores y alguna recuperación.
Al mismo tiempo, cada una de las comunidades autónomas tuvo incrementos del 10 al 35 % en las dotaciones, pero ninguna creció tanto como el Gobierno Central que superó el 39%.
Estas políticas son posibles si existe financiamiento externo, y a menudo los estados reciben subsidios o ayudas regionales, que les permiten abordar políticas que a simple vista son contradictorias y que tienen un fuerte orientación populista.
En ese contexto, están jugando un papel importante las nuevas formas de contratación de la reciente reforma laboral de España, promovida por el partido socialista PSOE.
Si contemplamos la política salarial y de empleo de los países centrales de la Unión Europea, las decisiones coyunturales tienen un límite, y este es el del financiamiento. Si no se genera un crecimiento razonable, inexorablemente, el Estado elefantiásico no será una solución plausible, sino que se convertirá en la causa de la próxima crisis regional.
