LA PRENSA – Desde noviembre de 2021 el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores cayó 4,8%, tocando un mínimo desde junio de 2020. Mientras que, desde su máximo de septiembre de 2013, la caída fue de 41,1%. La emisión monetaria que viene haciendo el gobierno, primero por las elecciones de 2021 y luego para financiar el déficit fiscal este año, se empezó a traducir cada vez más en inflación.
El IPC de Libertad y Progreso para junio mostró una suba mensual de 5,5%, lo que representa una aceleración respecto a mayo, mes en que se había superado la barrera del 60% interanual de inflación.
La renuncia de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía dejó al descubierto las debilidades del Poder Ejecutivo. El problema de fondo no fue su renuncia, sino lo que dejó al desnudo, la ausencia total de un plan económico que pueda resolver los problemas de fondo de la economía argentina.
En este sentido, el mercado se expresó intentando resguardarse ante la posibilidad de que el nuevo gabinete económico acelere los procesos de empobrecimiento e incertidumbre que caracterizan a las políticas públicas en Argentina desde hace muchos años.
Un plan para estabilizar y hacer crecer la economía debe comprender las siguientes reformas: los crecientes problemas no sólo permanecen irresueltos, sino que son agravados por políticas teñidas de intervencionismo y de populismo. No es posible persistir en ellas. El déficit fiscal sigue creciendo en términos reales e inevitablemente ha sido acompañado por emisión monetaria al agotarse las otras fuentes de financiamiento.
El índice de riesgo país ha alcanzado niveles que inhiben la inversión y la creación de empleo privado, único camino para reducir la altísima pobreza que nos agobia. Es imprescindible encarar reformas estructurales y hacerlo lo antes posible. Libertad y Progreso viene trabajando hace 11 años para desarrollar propuestas políticamente implementables para un futuro plan de gobierno, de las cuales aquí damos una síntesis extrema sobre los temas más urgentes.
1) Reforma laboral: Privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad. Ello requerirá que en la negociación se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Esta reforma requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas. Asegurar la libertad sindical. Desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación, y de la policía laboral. Modificar mediante decreto reglamentario, el Art 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo), compensándola por un fondo o seguro de desempleo.
2) Reforma de la administración nacional: reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y alcanzar una mayor eficacia en la gestión, asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar. Comprende: i) Cambios en las normas laborales del sector público para incorporar la gestión por resultados. Continuar con la digitalización y las mejoras en la tecnología informática. ii) Un decreto con nueva estructura en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164, de Empleo Público. Se definen las unidades administrativas dependientes de cada uno de los ministerios, hasta el nivel de direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría.
iii) Designación de los ministros de la nueva estructura. En forma transitoria, por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios. En ese plazo cada nuevo ministro cubre los cargos de la nueva estructura dando prioridad al personal en disponibilidad. Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley Nø 25.164 Art 11 (No cumplen tareas; pero cobran sueldos por uno o dos años. Así se evita el costo social de que se queden sin ingresos.).
iv) Incentivos a las empresas que los contraten: eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.
3) Reducción gradual de planes sociales: buscando incentivar darles empleo, por ejemplo, generalizando el Plan Empalme. Supresión de fondos asignados a la Economía Popular. Auditoría internacional para revisar los excesos cometidos en la asignación fraudulenta de las prestaciones por invalidez.
4) Reducción hasta la eliminación de los subsidios a la energía y al transporte: normalizar en un plazo prudencial las tarifas y precios, para que cubran los costos más una ganancia que incentive la inversión en el sector. El impacto sobre los estratos de menores ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda.
5) Elevación de la edad jubilatoria y reforma previsional: en un proceso que se iniciará igualando mujeres y varones en 65 años anunciado llegar en una década a 70 años para ambos sexos. A las madres se les reconocerá el equivalente a un año por cada hijo hasta un máximo de 7 años. Habilitación de fondos privados de retiro admitiendo la canalización de parte de los aportes. Recreación gradual del régimen de capitalización.
6) Reforma Impositiva y de la Coparticipación Federal: eliminación gradual del impuesto a las transacciones financieras (impuesto al cheque). Reducción hasta su eliminación, de los derechos de exportación y del impuesto los Bienes Personales Envío al Congreso de una Ley para la devolución de potestades tributarias a las provincias (Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos). Reemplazo de Ingresos Brutos por Ventas (provinciales) y calibración de éste con la alícuota del IVA (nacional) para empalmar los resultados con la distribución primaria vigente. Supresión de la coparticipación vertical.
Compatibilización inicial con los porcentajes actuales distribución secundaria mediante un Fondo de redistribución horizontal que produzca un empalme con sistema vigente, pero que al quedar inamovibles esos porcentajes en el futuro se exija acompañar cualquier aumento de gasto de una provincia, con impuestos provinciales propios adicionales. De esa forma se alinearán los incentivos y se propenderá a que los gobernadores gasten menos y mejor.
7) Apertura externa: ampliar la concreción de acuerdos de libre comercio. Acordar en el Mercosur la forma de reducción del arancel externo común.
8) Desregulación y simplificación normativa: particularmente de las normas de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios. Desandar las normas intervencionistas (Ej. Ley de Alquileres). Facilitar el uso de dinero electrónico.
9) Fortalecimiento y respaldo de la moneda: luego de que se restablezca el nivel de las reservas, que podrán reforzarse con un swap o un préstamo sólo utilizable como respaldo, y cuando alcance el nivel de la base monetaria al tipo de cambio libre vigente, se quitará el curso forzoso de la moneda local y se evaluará la conveniencia de una dolarización ordenada o de una convertibilidad peso-dólar. A diferencia de la que se implementó entre 1991 y 2001, el depositario de las reservas asignadas a la convertibilidad y el encargado de su manejo será una institución financiera internacional (Ej: Banco de Ajustes de Basilea).
