LA NACION – Con el apoyo de representantes del oficialismo y de una parte de la oposición, el Senado de la Nación ha avalado en comisión el tratamiento del proyecto de ley que dará plena vigencia al Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021. Fue un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores. En esta oportunidad, todas las provincias adhirieron, con excepción de San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para que alcance vigencia se requiere su aprobación por el plenario de la Cámara alta y luego por Diputados.
No hubo apuro en dar este paso hasta el avance al Ministerio de Economía de Sergio Massa con su propuesta de un ajuste fiscal. El Consenso Fiscal, al menos en su letra escrita, daría un blindaje a los gobiernos provinciales contra ese ajuste.
En efecto, en una de sus cláusulas, el acuerdo autoriza aumentos en el gasto público provincial en términos reales hasta la misma proporción en que lo haga el producto bruto provincial, pero no incluye una consideración simétrica para caídas del producto. Además, se permite a los gobernadores incrementar sus propios gravámenes y los habilita para introducir el impuesto a la herencia. Constituye una forma de compensar el congelamiento o la eventual reducción de las transferencias recibidas de la Nación. Los gobernadores lograrían así mantenerse al margen de los esfuerzos exigidos para corregir el desborde del gasto público. Según sus proyecciones, de cara al próximo año electoral, sus chances de supervivencia crecerían si evitan esos ajustes.
Con distinta fórmula, el anterior Pacto Federal, suscripto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri, fue igualmente concesivo. No lo fue por el lado del gasto, sino por el de cantidad de personal. Establecía que el número de empleados públicos de cada provincia podría incrementarse hasta la misma proporción que el aumento de su población. Esta autorización no fue inocua. Entre 2015 y 2019, el empleo público provincial creció en 140.000 agentes, más que neutralizando la reducción de 45.000 en el orden nacional.
El grave problema fiscal de la Argentina reconoce como un componente importante el permanente y casi imparable crecimiento de las burocracias y los gastos provinciales. Ha sido muy superior al que hubiera correspondido por la transferencia de las escuelas y otros servicios. Lo mismo ha ocurrido con los municipios. A fines de 2021 estas dos jurisdicciones subnacionales empleaban 3.018.000 personas, mientras que a nivel nacional, incluyendo empresas estatales y organismos, eran 784.000. En 2003 eran 2.135.000 y 478.700, respectivamente. Ha habido un aumento desproporcionado del gasto provincial en un período en que ya no hubo transferencias de servicios.
En los dos acuerdos mencionados debieron haberse incluido metas de reducción del gasto y de ninguna manera topes de aumento. De más está decir que el Consenso Fiscal de 2021 no debe convalidarse y que, a diferencia de los senadores, tanto los diputados de la oposición como los del oficialismo deberían privilegiar el interés del país por encima del de sus provincias y los intereses de sus gobernadores.
Debería irse incluso más lejos. No solo correspondería corregir la distorsión existente, sino también aquellos factores que han inducido el crónico aumento del gasto provincial. Desde esta columna editorial nos hemos ocupado de señalar al régimen de coparticipación federal de impuestos como un elemento inductor de la irresponsabilidad fiscal de los gobernadores. Es una consecuencia de que la mayor parte de su gasto lo hacen con billetera ajena. Tienen el beneficio político de incrementar su personal o de hacer obras no prioritarias, sin pagar nunca el costo político de aumentar sus impuestos. Es la transferencia de fondos recaudados por el gobierno nacional la que cubre un porcentaje mayoritario de sus recursos. En algunas provincias supera el 90%. Se da el caso de que a los gobernadores les conviene que se evadan los impuestos nacionales en su provincia, ya que ese dinero queda así en su totalidad para ser gastado en sus territorios, mientras que si se pagan retornan por la coparticipación en un porcentaje menor.
Deberían devolverse potestades tributarias a las provincias para lograr la mayor aproximación a la correspondencia fiscal. Esto es: que quien gaste recaude. De esta forma los ciudadanos de cada provincia se preocuparían por presionar a su gobierno para que gaste menos y mejor. Los incentivos operarían en el mismo sentido que el interés del conjunto social. Esta es la forma eficiente de lograr un objetivo. No lo es un acuerdo que, además de permisivo, no incluye penalidades sobre los gobernantes en caso de incumplimiento.
