DATA CLAVE – Por Emilio PradoEconomista de la Fundación Libertad y Progreso. A mediados del corriente mes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió los valores actualizados de la canasta básica alimentaria (determinante de la línea de indigencia) y la canasta básica total (determinante de la línea de pobreza) correspondientes al mes de Julio.
Según el criterio del Instituto, una familia compuesta por dos adultos y dos niños cuyos ingresos monetarios no superan los $111.298 (CBT) es considerada pobre, al tiempo que si no superan los $49.466 (CBA), es indigente. Los números generan mucha preocupación, principalmente porque la variación de precios que experimentaron las canastas fue muy elevada, tal es así que, entre julio de 2021 y julio de 2022, la CBA y la CBT aumentaron un 70,6% y 64,7% respectivamente.
La suba de la canasta básica, y el proceso inflacionario general en el que se encuentra nuestro país, afecta especialmente a aquellas personas que perciben una menor cantidad de ingresos y que, por ende, tienen una menor capacidad de ahorro. El quintil más bajo de la distribución de ingresos del país destina una mayor proporción de ingresos al consumo de alimentos y bebidas (CBA), junto a otros bienes de primera necesidad (CBT) que cualquier otro quintil. Esto hace que las subas de la canasta básica los afecten en mayor proporción.
Además, hay que tener en cuenta que los últimos datos de evolución de los salarios nos muestran que el poder adquisitivo viene perdiendo frente a la suba de la canasta básica. El último dato de INDEC nos mostró una suba salarial promedio de 68% anual; pero este promedio esconde que los salarios públicos vienen liderando la suba, con un 73% anual. En cambio, los salarios privados registrados aumentaron 68%, mientras que los privados no registrados 58%.
Teniendo en cuenta que las personas de menores ingresos a su vez suelen tener trabajos no registrados, vemos que la situación es doblemente preocupante, ya que sus ingresos están subiendo a un ritmo de 10 puntos más bajo que el de la canasta básica. Esto también se puede observar analizando el ICE (inversa del coeficiente de Engel), que pasó de 2,33 a 2,25, es decir, que la proporción de gastos en alimentos en relación al gasto total de las familias aumentó.
Por lo tanto, el proceso inflacionario que experimenta el país hace unos años es, a la larga, contraproducente con las aspiraciones de favorecer a la economía del quintil más bajo (de hecho, si la inflación fuese una política de estado, diríamos que es una medida antipopular y que afecta principalmente a los estratos sociales más bajos).
Además, si al hablar de pobreza nos limitamos al umbral de ingresos medido por el INDEC, dejaríamos de lado la cobertura de otras necesidades básicas como la de una vivienda digna, o el acceso a agua potable y otros servicios básicos. Quizás sea tema para otra ocasión, ya que, en ese sentido, deberíamos considerar otras medidas alternativas de medición de la pobreza, como las de pobreza multidimensional, que son estimadas por otros organismos (por ejemplo, la UCA).
Es difícil pensar en la reducción de la pobreza sin un crecimiento sostenido, al tiempo que es difícil pensar en crecimiento sin inversión, y más aún dentro de un contexto inflacionario como el nuestro, que complejiza severamente la toma de decisiones a futuro, con señales poco claras y de poca certidumbre.
En ese sentido, Argentina tiene que llevar a cabo un plan (lo más serio y creíble posible) para estabilizar su macroeconomía, y con ello dar certidumbre para la inversión. Quizás sea tiempo para que los diferentes sectores de la política nacional coordinen las tomas de decisiones vinculadas a las medidas que el país necesita (algunas de ellas dolorosas) y que han sido postergadas por años y décadas.
Ojalá que los tiempos electorales no sean quienes dicten el accionar de los gobiernos ni los momentos para consensuar, sino la urgencia y la necesidad de quienes más sufren por la consecuencia de las malas decisiones políticas.
