A septiembre de 2022, la deuda pública bruta de la Administración Nacional llegó a US$ 382.249 millones un 18% desde diciembre 2019.
Un informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso en base a estadísticas del Ministerio de Economía indica que desde diciembre de 2019 la deuda pública de la Administración Central aumentó en US$ 59.184 millones, trepando a US$ 382.249 millones. Esto equivale a un incremento de 18% en solo 33 meses.
En total, a septiembre de 2022 el 63% de la deuda pública se encuentra bajo legislación argentina y el 37% bajo legislación extranjera. Sin embargo, cuando analizamos la composición por monedas ahí nos encontramos con que solo el 33% está en pesos, mientras que el 67% está nominada en alguna moneda extranjera.
De la suba, la mayor parte está explicada por el incremento de la deuda en pesos atada por CER, que aumentó en US$ 47.013 millones. Mientras que la deuda en otras monedas, en su mayor parte dólares, tuvo un incremento neto de US$ 4.002 millones. El resto correspondió a otras emisiones de deuda en pesos, por más de US$ 8 mil millones.
En la comparación con la región, Argentina se posiciona como la economía con mayor stock de deuda pública de la Administración Central como porcentaje del PBI. En Argentina la deuda pública representa a septiembre un estimado de 76% del PBI, 15 puntos más que en Uruguay (61% del producto), 18 más que en Colombia (58%), 26 más que en Brasil (50%), 37 puntos más que en Chile (39%) y 43 por encima de Perú (33%).
Eugenio Marí, Economista Jefe en la Fundación Libertad y Progreso expresó que “Argentina ya viene de una reestructuración de deuda con los privados y de un segundo acuerdo con el FMI porque el Estado no tenía liquidez para hacer frente a los pagos correspondientes. Sin embargo, lejos de corregir el rumbo, la deuda siguió aumentando. Hoy su participación como porcentaje del producto está muy por encima de lo considerado seguro para economías emergentes, a lo que se suma que el calendario de vencimientos está concentrado en el período 2024-2028, es decir el próximo gobierno.”
Lautaro Moschet, Economista en la Fundación Libertad y Progreso, dice que “el fuerte aumento de la deuda es consecuencia directa del déficit fiscal. Para que la dinámica no sea explosiva en el tiempo, habrá que disminuir la necesidad de financiamiento, achicando el gasto. Además, la tasa de interés, que es cada vez mayor, empeora el panorama futuro y acorta el tiempo que tiene el gobierno para evitar que la ‘bola de nieve’ siga aumentando”.
Por su parte Emilio Prado, también Economista en la Fundación Libertad y Progreso, dice “las consecuencias de no aminorar los niveles de gasto público están a la vista, el continuo aumento de la deuda es producto de un déficit fiscal que no tiene un control serio por parte del gobierno argentino hasta la fecha. El débil compromiso con las metas fiscales y las altas tasas de interés tiene como correlato la imposibilidad del Gobierno de acceder al mercado de deuda voluntario externo y tener que financiarse en el mercado interno. Muestra de ello son las actuales negociaciones con el Club de París reclamando una reducción en la tasa de interés que actualmente llega al 9% anual”.
También, opinó Aldo Abram, Director de la Fundación, “Viendo la evolución de la deuda pública queda claro el porqué del valor de los bonos que les entregamos en canje a los acreedores en 2020. Cotizan a precios que indican que quienes los compran o venden piensan que en los próximos tres o cuatro años se dejarán de pagar y se los volverá a reestructurar”. El economista agregó que “Lo importante no es cumplir con las metas con el FMI este año, sino entender que nadie cree que se estén tratando adecuadamente las enfermedades terminales que tiene nuestra economía y que le impiden ser un país normal. Es decir, nadie confía que tenga un futuro de sostenido aumento de la credibilidad y, por ende, del crecimiento. No para pagar esos pasivos, sino para poder refinanciarlos en el tiempo, aunque sea parcialmente, como hacen las naciones normales. Hay que instrumentar cuanto antes las reformas estructurales más urgentes para evitar una crisis”.
