EDITORIAL DE LA NACION La política económica del Gobierno apunta, por falta de otras evidencias, a sostener en el tiempo el cepo cambiario. Parece así desconocer una reiterada experiencia histórica. De los 22 controles de cambio aplicados en la Argentina antes del actual, 21 se intentaron sostener en el tiempo y terminaron en profundas crisis cambiarias y monetarias. De hecho, tres de ellos derivaron en los episodios hiperinflacionarios que vivió nuestro país.
No es difícil entender las consecuencias del control de cambios y lo podemos explicar con una experiencia que todos hemos vivido. Si, por ejemplo, se le pone un precio máximo a la cerveza, esta comenzará a escasear en las góndolas porque quienes las producen fabrican menos y algunos consumidores preferirán, a menor precio real, comprar más. Sucede lo mismo cuando el Banco Central de la República Argentina fija un tipo de cambio oficial artificialmente bajo y se abre una brecha con una cotización libre.
Comprar u obtener dólares al precio menor se convierte en un objetivo extendido, al igual que evitar tener que venderlos al precio oficial. Quien intente defender el precio bajo vendiendo stock, lo verá disminuir. Igualmente, el Banco Central termina agotando sus reservas internacionales. Como el tipo de cambio oficial no acompaña todo lo que se deprecia el peso, la oferta del mercado sigue reduciéndose obligando, a tratar de restringir la demanda en ese mercado. Esto es la restricción de importaciones, que tiene un límite. Es así, hasta que el Banco Central queda sin reservas propias, quiebra y todos los argentinos con él.
Durante 2022, se terminará usando más de 6000 millones de dólares de nuevo endeudamiento para que el Banco Central pueda seguir vendiendo dólares oficiales artificialmente baratos.
La liquidación anticipada de exportaciones con los “dólares soja I y II” no deja de ser pan para hoy, hambre para mañana, ya que, cuando los embarques de la oleaginosa hayan salido, no entrarán luego esas divisas.
Cada paso que se da en el sentido de ganar tiempo y, cada día que pasa sin resolver los problemas de fondo, se incrementan los costos de la salida del cepo. Esta salida puede ser ordenada o bien resultante de una crisis no controlada. Lamentablemente, si sucede esto último, la pérdida de credibilidad y el grado de insolvencia del Banco Central aumentarán las probabilidades de llevar a la Argentina a una cuarta hiperinflación. Ya sufrimos en carne propia el costo social y económico que esto implica, sobre todo en términos del empobrecimiento del conjunto de los argentinos.
Ante la pregunta de cómo se sale ordenadamente del cepo, lo primero que hay que entender es que será recuperando la confianza perdida. Esto no se resuelve con un simple plan de estabilización, sino solucionando los problemas de fondo que nos mantienen desde hace décadas en una continua decadencia y con crisis recurrentes.
Sobre el impacto de la recuperación de la confianza vale el caso de la remoción de aquel cepo que dejó como herencia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que el gobierno de Cambiemos logró disolver antes de que la bomba le estallara en sus manos. Para ello, anunció que haría las reformas estructurales necesarias para garantizar a los argentinos un futuro de normalidad. Se ganó en ese momento la confianza de la gente, lo que permitió una salida ordenada del control de cambios. De esa gestión también hay que aprender que las reformas hay que hacerlas porque, si no, vuelve a perderse la confianza, no solo de la gente, sino también de los acreedores del Gobierno. Eso derivó en otra crisis en 2018.
Tanto la gente como el sector productivo argentino están exhaustos, no resta margen para pedirles tiempo. Hay que realizar lo que hacen los países del mundo que hoy envidiamos por su capacidad de brindarle oportunidades de progreso a su gente y a los que migran muchos de nuestros hijos. Hay que reformar el Estado para que cumpla con eficiencia sus funciones indelegables a un menor costo que los argentinos puedan pagar con impuestos razonables.
Se necesita eliminar la maraña de más de 67.000 regulaciones que encorsetan la creatividad, el trabajo y la productividad de nuestra gente. Debe modernizarse la arcaica legislación laboral argentina que destruye empleo productivo. Con estas y otras reformas será posible generar condiciones para impulsar la inversión privada y crear más de cuatro millones de empleos en los próximos cinco años. Esto permitirá dar oportunidades laborales a quienes dejarán el sector público, más a los que ingresen al mercado laboral y también a aquellos que necesariamente dejarán de percibir planes sociales insostenibles.
El actual gobierno no parece entender la gravedad de la situación ni percibir que no se soluciona con un simple plan de estabilización o promesas de cumplir el acuerdo con el FMI. Varios equipos técnicos están trabajando en la formulación de programas de reformas. Algunos están relacionados con la coalición Juntos por el Cambio. Otros lo hacen desde posiciones de mayor autonomía. Tal es el caso de la Fundación Mediterránea y también el de la Fundación Libertad y Progreso, que acaba de publicar su quinta edición del libro Reformas para construir nuestro futuro.
Confiamos en que la próxima gestión instrumente inmediatamente las reformas estructurales prioritarias. De esta forma, disipará el riesgo de una nueva hiperinflación y, además, podrá lograr un país con un futuro de crecientes oportunidades de progreso y bienestar para todos.
