Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.
CATO Roberto Cachanosky dice que el subdesarrollo de Argentina no es un problema que se resuelve saqueando más al contribuyente, sino logrando que la economía capte más inversiones, se vuelva más competitiva y, por lo tanto, genere más riqueza.
El ministro de Economía Sergio Massa anunció un acuerdo con EE.UU. sobre intercambio de información fiscal. Si bien este es un acuerdo cuyos alcances están por verse, es claro que el gobierno está buscando desesperadamente nuevas fuentes de financiamiento para llegar a las elecciones de 2023 con la menor crisis económica posible. En este sentido, parece intentar que la gente se asuste y haga un nuevo blanqueo para aportar más fondos al Tesoro y, de esta manera, obtener más recursos para sobrellevar el camino hacia las elecciones.
Hay varias aristas que tiene este tema de las cuentas en el exterior. Por un lado, la carga tributaria que se paga en la Argentina es gigantesca comparada con la calidad del gasto público que se ofrece, pero este tema se explicará más adelante.
Por otro lado, la gente lleva sus ahorros al exterior porque el estado argentino ha confiscado varias veces el fruto de su trabajo. El Plan Bonex en 1989, el corralito en 2001, la pesificación asimétrica en 2002 y la confiscación de los ahorros en las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) son algunos ejemplos que pueden darse como antecedentes de la desconfianza en dejar los ahorros en el país.
La combinación de carga tributaria con los antecedentes de confiscación de los ahorros es suficiente estímulo como para que la gente busque refugio para su dinero en otra parte, lejos de la mano de los políticos argentinos.
Es más, si bien se argumenta que es delito no pagar los impuestos, también es un robo legalizado, utilizando las palabras de Bastiat, cuando el estado se apropia del fruto del trabajo ajeno para repartirlo entre quienes no generaron riqueza y así obtener votos. En otros términos, cobrar impuestos descomunales para financiar el populismo que brinda votos es propio de los estados saqueadores. Nada muy diferente a lo que hacía el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra por lo que fue forzado a firmar la Carta Magna.
En Poder y Prosperidad, el economista Mancur Olson que trabajó en profundidad la relación entre crecimiento económico y calidad institucional, sostiene que en las sociedades en que hay mucha delincuencia, se produce menos riqueza. En este caso, habla de los robos comunes, los de aquellos delincuentes que roban a punta de pistola el trabajo de los demás.
Dice Olson que cuando hay mucha inseguridad, la sociedad asigna una mayor cantidad de recursos a protegerse del robo, como puede ser contratar más policías, cerraduras en la casa, sistemas de alarma, etc. En otros términos, se destinan menos recursos a producir y más recursos a proteger lo que se produce. Pero en las sociedades en que hay mucho robo, la producción tiende a disminuir porque la gente no tiene incentivos para generar riqueza.
Llevada esta línea de razonamiento al estado, cuando los gobiernos, utilizando el monopolio de la fuerza que le fue otorgado para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, utilizan ese monopolio de la fuerza para llevar a cabo el robo legalizado, es decir, se apropia de lo ajeno mediante una ley, haciendo el trabajo de los que le piden que le quite a otro para darle a ellos. Así, se produce el mismo efecto: la gente tiene que destinar más recursos a protegerse del estado confiscador, en vez de destinar esos recursos a producir.
El negocio de los piqueteros es un ejemplo contundente. En vez de ir y robar directamente, los gerentes de la pobreza presionan a los gobernantes para que le roben a quienes producen y, mediante una ley, el fruto de ese robo se transfiera a quienes decidieron vivir del trabajo ajeno, con los consabidos casos de “filtraciones” de recursos que se quedan en el camino.
Pero no son solos los piqueteros. El costo de las promociones industriales son otra forma de robo legalizado, al igual que el proteccionismo y otros mecanismos de transferencias compulsivas de recursos de los sectores que los generan hacia sectores que no los generan.
Utilizando la curva de Laffer, que fue hecha para el income tax en EE.UU., podemos ver que llega un punto en que la carga tributaria puede seguir aumentando, pero cada vez se recauda más.
El eje vertical se muestra la recaudación y en el horizontal la tasa de impuestos que deben pagar los contribuyentes.
Si el estado cobra 0% de impuestos, recauda cero, pero si cobra el 100% de lo que se genera, también recauda cero porque no hay estímulos para producir.
Lo que muestra el gráfico es que la recaudación aumenta a medida que crece la presión impositiva, pero llega un punto en que la carga tributaria es tan alta que ya no es negocio producir y se cierran empresas o bien aparece el mercado informal, porque el premio por evadir impuestos es lo suficientemente alto como para afrontarlo.
Un ejemplo numérico puede ayudar a entender porque es falso que los impuestos haya que bajarlos cuando disminuya la evasión. Al contrario, cuando baje la carga impositiva, es que puede conseguirse que disminuya la evasión.
Supongamos que el estado cobra un impuesto que se apropia del 60% de la riqueza que genera la gente. Bajo esa carga tributaria y condiciones institucionales que desestimulan la inversión y la producción, la riqueza que genera el país es de $6.000, con lo cual la recaudación es de $3.600 para los que tributan.
Ahora supongamos que la tasa impositiva es del 20% y la riqueza que se genera gracias a la baja carga tributaria y las condiciones institucionales, es de $30.000, la recaudación pasa a ser de $6.000. En otros términos, el estado puede recaudar más en términos absolutos con una menor tasa de impuestos si la gente tiene estímulos para producir riqueza.
Un simple ejemplo, en 2021 el PBI de Argentina fue de USD 491.493 millones y el de Japón fue de USD 4.937.422 millones. Japón tiene un PBI 10 veces mayor al de Argentina, que tiene 2,78 millones de km2 de territorio y Japón 377.915 km2, pero Japón no tiene la pampa húmeda, ni Vaca Muerta, ni el litio, pero tiene condiciones institucionales que estimulan la inversión y la producción.
De acuerdo a datos del Banco Mundial, en 2021 Argentina tuvo un PBI per capita de USD 10.792 en dólares corrientes y Japón USD 39.285. Cobrar más impuestos y saquear la riqueza de los que producen no sirve por más pampa húmeda que se tenga.
En definitiva, aún firmando un acuerdo con EE.UU., lo que eventualmente podría conseguir el gobierno argentino en el futuro es recaudar más impuestos sobre un stock de riqueza dada, pero no aumentar la generación de riqueza, porque para que aumente la riqueza que se genera hacen falta otras condiciones institucionales, incluyendo la carga impositiva.
No es una cuestión de recaudar más buscando dónde rascar el fondo de la olla, sino de lograr que la economía tenga más inversiones, más productividad, más riqueza y, por lo tanto, mejor nivel de vida.
En la Argentina el gobierno se fue del otro lado de la curva de Laffer, es decir, está moviéndose a la derecha del gráfico y lo que tiene que hacer es moverse hacia la izquierda bajando impuestos, lo cual requiere de una disminución del gasto público y de condiciones institucionales que permitan generar más riqueza.
Seguir este camino es terminar repartiendo miseria y nunca conseguir que el país salga de la pobreza.
Este artículo fue publicado originalmente en Infobae (Argentina) el 6 de diciembre de 2022.
