Emilio Apud es ingeniero industrial, director de YPF y ex Secretario de Energía y Minería de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.
INFOBAE Uno de los múltiples perjuicios fruto de la irracional política energética kirchnerista son los cortes de luz. Han sido 15 años de manipulación de precios y tarifas al margen de los contratos y marcos regulatorios recurriendo a las sucesivas leyes de emergencia económica y a la intervención permanente de los entes reguladores, en este caso el ENRE.
Durante esas administraciones, se organizaron los servicios públicos de electricidad y gas para que las tarifas sirvieran a fines políticos e intereses personales, ocultos bajo una pátina de sensibilidad social y de protección de derechos abstractos.
Pero esa manipulación de las reglas condujo a la descapitalización de los servicios que se manifiesta inexorablemente en los cortes de luz.
Han sido 15 años de manipulación de precios y tarifas al margen de los contratos y marcos regulatorios
Para entender esto hay que recordar que la desvinculación de las tarifas de los costos económicos la introdujo Néstor Kirchner en 2003, cuando sin necesidad alguna decide mantenerlas congeladas, basta con recordar la bonanza económica que en ese año hubo con superávits gemelos y commodities por las nubes.
Con los años y una inflación desbocada, el desvío de las tarifas congeladas respecto de los costos reales que significa poner un KWh en los medidores, fue creciendo, pero los subsidios del gobierno no lo hicieron en esa misma magnitud.
Una tarifa sana cubre, como lo hiciera hasta 2002, los costos, impuestos, utilidades y las inversiones que deben hacer las empresas para para mantener la calidad, confiabilidad y abastecimiento del suministro eléctrico de acuerdo con lo establecido contractualmente entre Estado y empresas. Ese compromiso contractual obliga al Estado a pagar el costo económico del KWh y a las empresas a brindar el servicio de acuerdo con los estándares establecidos.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos K han alterado unilateralmente el contrato al no cubrir con el subsidio una parte importante que la tarifa congelada no paga, la inversión. Liberando entonces a las empresas de sus compromisos en ese rubro. Esto explica porque la calidad del servicio se deteriora y se manifiesta primariamente en los “cortes de luz”, solo un afloramiento del enorme iceberg que es la crisis energética que afecta a la macro, a la producción al déficit fiscal y a la falta de dólares.
Una tarifa sana cubre, como lo hiciera hasta 2002, los costos, impuestos, utilidades y las inversiones para mantener la calidad, confiabilidad y abastecimiento del suministro
Luego de tres años de congelamiento tarifario, para beneplácito ficticio de buena parte de la sociedad, los cortes vuelven con impulso renovado, por ahora cuando hace calor, y la tendencia se afirmará de no mediar soluciones que reestablezcan las inversiones.
Dudo que ocurra con este gobierno que, ante la evidencia del problema, del que es exclusivo responsable, sale a definir terceros culpables, atribuyendo los cortes a las empresas, al igual que con la inflación, y prestamente anuncia que las sancionará. En este caso invocando la avaricia de las concesionarias las que, en vez de invertir, “se la llevan en pala”. Curioso argumento luego de que tres empresas energéticas de nivel internacional como Électricité de France, francesa, Endesa, española y chilena y ENEL de Italia abandonan la concesión ante la reiteración de balances negativos fruto del intervencionismo estatal y el no respeto de los contratos. En estas situaciones lamentablemente solo queda lugar para empresas locales “especialistas en mercados regulados”, parafraseando al presidente de la española Repsol.
Las sanciones y amenazas a las empresas son para la tribuna propia que pagaremos los argentinos cuando apelen esas arbitrarias sanciones en los fueros internacionales, como ya ha ocurrido reiteradamente por incumplimientos contractuales durante los cuatro gobiernos kirchneristas.
