Abogado. Asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
El Cronista – La inflación de diciembre del 5,1% y la anual 94,8% según el IPC del INDEC disparó todos los ajustes de los convenios para el cierre de un año donde en promedio la inflación le ganó a los salarios.
Los sindicatos están ya en estado de alerta, no solo por las diferencias del pasado, sino por la metodología y frecuencia de la negociación salarial durante el 2023, donde se prevé una inflación similar a la del 2022. Los ejemplos de FATSA (Sanidad) y SMATA (Automotrices) con ajustes trimestrales parece presentarse como inevitable, siempre negociando inflación vencida, de conformidad con las publicaciones mensuales del IPC del INDEC.
El intento fallido por fijar ante tempus aumentos basados en inflación proyectada en el futuro obviamente fracasaron, no solo porque en sí mismos eran especulaciones sobre un futuro incierto, sino sobre todo, porque creaban un mecanismo que podría ser parte del motor que potenciara el proceso inflacionario.
Crece la sombra de la indexación de períodos hiperinflacionarios del pasado desde que retornó la democracia al país en 1983, y al mismo tiempo ha sido vertiginosa la caída de los ingresos en pesos en relación con el dólar. En efecto, de u$s 1450 mensuales (promedio de la industria) de los comienzos de la gestión de Macri, medida por el Foro Económico Internacional, hoy estamos en poco más de la mitad de aquel valor, con unos u$s 810 mensuales, y sigue cayendo. En cambio, en el mismo lapso (2005/2012) el resto de los países de Latinoamérica se mantuvo estable, con Brasil con u$s 750, Chile con u$s 650, Colombia con u$s 580, Ecuador con u$s 480, México con u$s 420, y Uruguay con u$s 630.
El frente gremial se ha fracturado nuevamente. Héctor Daer y los sindicatos más representativos desde la CGT propician la continuidad de la negociación por medio de los convenios y exigen medidas antinflacionarias, y descreen de la intervención del Gobierno Nacional, como ocurrió con el frustrado intento de otorgar un bono a toda la actividad privada, que solo benefició a unos pocos, y en importantes sectores directamente no se pagó.
Hugo Moyano en la CGT con discrepancias, Pablo Moyano con Máximo y Cristina Kirchner lideran los gremios disidentes.
La CTA cuestionándolo todo pero con una estrategia confusa y hasta contradictoria, participando también como disidentes en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil cuyo monto es menos del 50% de la canasta familiar básica del INDEC.
A su vez, las agrupaciones sociales y sus supuestas centrales, en una actitud desafiante ante el Poder Ejecutivo, reclaman su interlocución colectiva, como si fueran sindicatos de trabajadores y no como lo que realmente son, agrupaciones de desocupados y de otros grupos de excluidos sin trabajo o con ingresos insuficientes e irregulares. Para ello utilizan extorsivamente las marchas, los bloqueos y los acampes todos curiosamente dirigidos contra el Gobierno Nacional.
Los sindicatos más radicalizados están velando las armas, porque esperan un año de conflictos, con reclamos de alguna selectividad en las medidas que se adopten, teniendo en cuenta que es un año electoral, y que se presta a decisiones demagógicas. Los dirigentes sindicales entienden que no cuentan con un dirigente que pueda ser candidato a presidente, en rigor, reconocen que no existe un Lula argentino.
La negociación colectiva se complicará con otros contenidos no menos importantes que gravitan sobre los costos laborales. En efecto, el 23 de marzo vence el año previsto en el decreto 144/2022 que impone la habilitación de guarderías o salas maternales en empresas con más de 100 trabajadores por turno, (incluyendo todas las formas de contratación, y los de terceros), o en su caso, el pago del subsidio previsto en el art. 103 bis inciso f de la Ley de Contrato de Trabajo, que habría que fijarlo por Convenio Colectivo.
De hecho este subsidio ya existe en muchos convenios, pero requiere de una adecuación a la norma citada. Recordemos que la norma fue dictada por el ministro Moroni cumpliendo con un fallo de la Corte Suprema que dispuso que era obligatoria la reglamentación de la norma de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 179) que imponía la habilitación de salas maternales y guarderías.
La Ley 25.777 de Teletrabajo, en casi la totalidad de su articulado remite a los convenios y a la negociación colectiva, a los fines de fijar reglas, principios, normas complementarias, pautas, y otros extremos, que ahora, se están requiriendo dentro del proceso negocial, por el momento, sin ningún éxito.
Complica el escenario para todos, la prolongación de la Emergencia Sanitaria por todo el año 2023, lo que vuelve a colocar sobre el tapete la idea de que quienes trabajen a distancia (teletrabajadores) o desde su domicilio (home office) no están regidos por la nueva normativa, por tratarse de medidas originadas en una causa inexcusable de fuerza mayor.
Por último, se están presentando en las negociaciones otros temas recurrentes, como las normas sobre equidad de género, los recaudos y medidas de protección contra la violencia en todas sus formas en perjuicio de los trabajadores, las reglas sobre inclusión y no discriminación, y por si esto fuera poco, las normas y reglas ecológicas y de protección del medio ambiente.
Como ocurre todos los años, un grupo de negociaciones colectivas van a marcar el rumbo, sin que todavía se vislumbre ninguna señal desde el Poder Ejecutivo, sobre la fijación de pautas compartidas o de aproximación. Al contrario, el bono de fin de año fue un acto fallido que cambió las reglas y vulneró la competitividad y la libertad de negociar los ingresos básicos de los convenios.
El delicado equilibrio que impone un mercado signado por la inflación y las vicisitudes del tipo de cambio, imponen a la representación empresaria junto a los sindicatos, y al Ministerio de Trabajo un alto grado de madurez, para alcanzar consensos básicos que preserven la competitividad, y que eviten el voluntarismo electoralista de la intervención oficialista.
