Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CLARÍN En marzo de 2013 publiqué en este mismo espacio una nota titulada: “En educación el presupuesto no lo es todo.” Hoy, 10 años después, sus argumentos siguen siendo tan vigentes como en ese entonces. Veamos los hechos.
Hace pocos días, el pasado 2 de febrero, una nota de Clarín reportó los resultados de un estudio del Observatorio Argentinos por la Educación, llevado a cabo por Mariano Narodowski, Gabriela Catri y Martín Distal.
En palabras de los autores, “Los resultados impresionan. El estudio muestra que el Estado le está debiendo a escuelas y universidades casi un año entero de la inversión que está obligados a hacer. Es porque, desde 2006 cuando fue sancionada la Ley de Financiamiento Educativo hasta 2020 (último año con estadísticas), solo en tres años se cumplió con la meta que llevaba a invertir 6% del PBI (desde 2010 en adelante).
Sólo se alcanzó esa meta en 2009, 2013 y 2015”. Es claro que los resultados impresionan, 26.000 millones de dólares; pero la magnitud de la inversión es tan sólo una condición necesaria para prestar el servicio de excelencia que nuestros niños y jóvenes merecen. Utilizarla adecuadamente es la condición suficiente, sin la cual se están malgastando los recursos que se invierten con dicho fin.
Para ilustrarlo retornemos a aquella nota de marzo 2013. En la misma compartí declaraciones del ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien destacó la decisión del Gobierno de incrementar desde 2003 la inversión en el sector, pero advirtió que ver mejoras en los resultados era un proceso que llevaba años. Por ende, subrayó que no era posible esperar en el corto plazo resultados como los de Corea y Finlandia, quienes habían comenzado sus reformas en 1960.
Sin embargo, como lo señalaba BBC News, ningún otro país europeo había progresado tanto, desde 2000 hasta ese entonces, como lo había hecho Polonia, quien asignaba a educación alrededor del 5% de su PBI.
Es de notar que en 1999 Polonia modificó el programa de estudios, el sistema de evaluación de los alumnos y los niveles mínimos que se les exigía. También cambió el proceso de formación y la carrera docente.
Tres años después, en la ronda de PISA 2003, Polonia mostró una clara mejoría, la cual se corroboraría en las rondas 2006 y 2009. Ya en 2012 Polonia era un ejemplo de cómo un país pudo, en tan sólo 10 años, revertir su realidad educativa, reduciendo drásticamente el número de estudiantes de bajo rendimiento, a pesar de invertir en educación menos que países mucho más ricos. Por cierto hoy lo sigue siendo como lo atestigua su rendimiento en los exámenes PISA 2018; por supuesto, claramente disímiles a los alcanzados por nuestro país.
La inversión en educación es importante, pero no lo es todo, Polonia bien lo demuestra; el uso de la misma también importa. Mientras en nuestro país la educación sea tapa de los diarios por los días de clase perdidos en virtud de paros docentes, por las tomas de colegios por parte de alumnos que impiden su propia educación, por el cuestionamiento a los exámenes PISA, y por otros tantos temas distantes de la calidad educativa y la exigencia académica, el pronóstico no puede ser optimista.
Es necesario un cambio de paradigma. Es necesario que el Estado deje de financiar a la oferta educativa, es decir a las escuelas, a través de un sistema absolutamente burocratizado que sólo defiende los intereses de los sindicatos docentes y de la estructura que está detrás de nuestra educación pública. Propongo que financie directamente a la demanda, a los padres. De este modo se lograría mejorar considerablemente la eficiencia en el gasto educativo.
Sería absurdo realizar esta propuesta para un país en el cual la educación pública cumple su cometido como sucede, por ejemplo, en Finlandia. Pero la Argentina no es Finlandia, ¿alguien puede negarlo?
