Jefe de economía de Libertad y Progreso. Profesor Economía Internacional en Universidad del CEMA, Profesor ayudante de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires,Asesor en la Secretaria de Comercio Exterior la Nación yAsesor Secretaria de Comercio de la Nación.
Mg. en Economía y Lic. en Economía Universidad del CEMA
DATA CLAVE Argentina no cumplirá la meta de acumulación de reservas internacionales netas pactada con el FMI para finales de marzo. La solución: si Argentina no va a la meta, llevemos la meta a Argentina. El compromiso con el Fondo se readecuará para reflejar la realidad de la política económica doméstica. Básicamente: que este año no se podrán acumular reservas netas. Es más, probablemente se perderán.
Las excusas para escribir en los memos sobran: la sequía, la helada, la guerra en Ucrania, la política contractiva de la Reserva Federal, en fin… Es el camino de menor resistencia para ambas partes. El Fondo puede decir que el acuerdo con Argentina sigue en pie y está “anclando” el sendero económico del país. El gobierno argentino puede decir que tuvo un diálogo constructivo con el Fondo y se ajustaron las metas para “reflejar cambios inesperados en el entorno económico”. La culpa no será de Argentina, ni del Fondo.
Todo esto pone luz sobre algo: el acuerdo con el FMI no fue ni es un ancla para la política económica. En 2022, se firmó un acuerdo a medida del gobierno argentino. Poco ajuste fiscal y con amplios espacios para la creatividad contable. A menos de tres meses de firmado, ya se estaban renegociando las metas. Fue recién cuando la situación económica doméstica se desmadró que el gobierno apostó (algo) a la moderación fiscal, con la cara visible de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Entonces, no es el acuerdo con el Fondo el que guía la política económica, sino la política económica la que guía el acuerdo con el Fondo. Lo fundamental para este año es si el gobierno podrá financiarse sin quebrar y generar una crisis. Para bajar la probabilidad de esta última, hay que bajar las necesidades de financiamiento. Y para eso hay que bajar el gasto. No el primario, sino el total. El déficit consolidado del sector público superará 8% del PBI, sumando la nación (Tesoro + BCRA), provincias y municipios. Todo en medio de un shock de ingresos negativos por la sequía, que generará US$10.000 millones en pérdidas por exportaciones de oleaginosas y cereales. Y con el mercado financiero local saturado de deuda pública. Sumemos un gobierno que no está dispuesto, ni tiene poder político, para hacer reformas de fondo. Es más, esta misma semana se está debatiendo una nueva moratoria previsional.
Todo esto nos perfila un escenario donde la política económica llanamente tiene credibilidad cero. De este lado del Rubicón, no hay ancla. El anclaje que le queda al mercado (y por mercado nos referimos a todos los argentinos) es la expectativa de que en las próximas elecciones ganará un gobierno que hará las reformas necesarias para mejorar el escenario fiscal y productivo.
Si la lectura es correcta, entonces la crisis está siendo contenida por las expectativas que genera el potencial nuevo gobierno. Esto no significa que el actual pueda hacer cualquier cosa. Con suficiente mala praxys toda crisis es realizable. Sin embargo, la luz al final del túnel ayuda a evitar una corrida.
Es una llamada de atención para el próximo gobierno también. El que asuma en diciembre de 2023 deberá convalidar estas expectativas con medidas concretas o arriesgarse a que el mercado refleje el descalabro macroeconómico que es la Argentina actual.
