Consejero Académico de Libertad y Progreso
CATO Carlos Rodríguez Braun dice que precisamente para que las decisiones políticas no violen los derechos de las mujeres, conviene que el poder esté limitado.
En el Día de la Mujer, traigo a colación a dos señoras relevantes de España, que plantearon sendas preguntas de mucho interés. Ángels Barceló interrogó: “¿Quién pagará nuestras pensiones?”. Irene Montero interpeló: “¿Quién manda aquí?”.
La cuestión de Barceló llama la atención por el adjetivo “nuestras”. En un sistema público de reparto las pensiones no son nuestras, sino de los políticos, los burócratas y los grupos de presión. Los gobiernos finalmente deciden sobre las pensiones, desde cuánto nos obligan a cotizar a cada uno hasta cuándo y cuánto nos pagan cuando nos jubilemos. Ahí no hay nada “nuestro”.
Técnicamente, nuestras pensiones solo son nuestras si son como un piso que hemos comprado. Así, las únicas pensiones que son de nuestra propiedad son las pensiones privadas, fruto de nuestro ahorro voluntario plasmado en contratos específicos con empresas concretas que administran lo que es nuestro. La Seguridad Social no es así.
De ahí que, en el caso de las pensiones privadas, la pregunta de doña Ángels tiene una obvia respuesta: nosotros, cada uno de nosotros, pagaremos nuestras pensiones. En cambio, en el sistema público la respuesta es extraña: “nuestras” pensiones serán pagadas por otras personas, a quienes el poder forzará a hacerlo. De hecho, el problema de la sostenibilidad de la Seguridad Social estriba en que las pensiones, por desgracia, no son realmente nuestras.
Hablando de poder, doña Irene Montero recurrió a un clásico antiliberal: disolver la política en la sociedad: “¿Quién manda aquí, el parlamento elegido democráticamente o una derecha reaccionaria que mantiene secuestrado al Tribunal Constitucional?”. Tras despotricar contra “los poderosos” y “la derecha política, judicial y mediática”, se respondió a sí misma: “en España mandan los ciudadanos y las ciudadanas con sus votos”.
Pero los españoles no mandamos con nuestros votos. Con nuestros votos votamos. Tras las urnas se desencadena un proceso desde el poder político y legislativo en el que los ciudadanos no mandamos, y que nos impone finalmente sus decisiones. Precisamente, para que ese proceso y esas decisiones políticas y legislativas no violen los derechos de las mujeres, conviene que el poder esté limitado, porque identificar pueblo y política es la base del totalitarismo. Ahora bien, como las trabajadoras no mandan, pero sí votan, puede que pronto prefieran que doña Irene no mande tanto. Nunca se sabe.
Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 8 de marzo de 2023.
