Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
PERFIL El Real Diccionario de la Lengua Española define un tabú como la “condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar”. La palabra deriva del polinesio taboo, es decir, lo prohibido.
Por supuesto, su principal costo es la limitación que impone a la libertad individual; es claro que también genera restricciones a la exploración de ideas y comportamientos, lo cual naturalmente deriva en un costo en la calidad de vida de las personas, al dificultar la producción y el acceso a información correcta y relevante sobre temas considerados tabú.
En educación, sólo sugerir la posibilidad de utilizar vouchers educativos puede ser calificado como un tabú. Veamos una primera ilustración, digna de aquella gran película de María Rosa Bemberg: De eso no se habla.
El 21 octubre de 2014, a pocos días de la elección en la cual sería consagrado, por segunda vez, presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez mencionó en una entrevista la posibilidad de otorgar vouchers a estudiantes para asistir a instituciones privadas. Afirmó que accederían al beneficio quienes quieran y lo merezcan, tras una evaluación del Ministerio de Educación. Aclaró que no había una cantidad estimada de beneficiarios.
Inmediatamente Vázquez se encontró bajo el fuego cruzado de su propio partido, del sindicato docente y de parte de la oposición, la cual, por cierto, había realizado propuestas similares en elecciones anteriores.
En virtud de la magnitud que alcanzó el tema, Vázquez aclaró en una nueva entrevista, dos días después, que su propuesta sería aplicada en no más de 30 casos excepcionales, dado que el principal compromiso del Frente Amplio era fortalecer la educación pública a la cual “le da preferencia absoluta”. ¡Treinta niños! A tres días de una elección presidencial, Tabaré Vázquez debió dedicar su tiempo a explicar que su comentario sobre los vouchers estaba dirigido, como mucho, a 30 niños.
Vouchers educativos, el costo de un tabú
Veamos ahora un reciente ejemplo en nuestro país del nivel de desinformación que llega a generar. En abril pasado una propuesta de reforma educativa que contemplaba el uso de vouchers lo asoció con convertir la educación primaria y secundaria en voluntaria, optativa, ya no obligatoria. Es claro que no existe relación alguna entre la obligatoriedad de la educación y la forma en que el Estado la financia, ya sea financiando a las escuelas, como en la actualidad, o a las familias, mediante, por ejemplo, la utilización de los mencionados vouchers.
Un sistema de vouchers educativos es tan consistente con la obligatoriedad de la educación como lo es el sistema actual. Los niños tienen el derecho a ser educados, sus padres la obligación de respetarlo y el Estado debería ejercer el poder de policía para que así sea.
El costo en desinformación de este tabú lleva a considerar a los vouchers educativos comoresponsables de segregación en la sociedad, dada la posibilidad que coexistan escuelas de chicos ricos y pobres, en virtud que familias de mayor poder adquisitivo podrían invertir un monto adicional al voucher en la educación de sus hijos, eligiendo escuelas, por ejemplo, que provean servicios adicionales por un pago complementario. Es claro que ello no es siquiera necesariamente cierto, pudiéndose no autorizarse dicho copago, como en el caso de Suecia.
Pero más interesante aún es darnos cuenta de que ésta no es la pregunta correcta, sino si un sistema que financie la demanda de servicios educativos generaría más o menos segregación en la sociedad que el actual financiamiento de su oferta. Es difícil imaginarse cómo un sistema que otorgue a las familias más desfavorecidas económicamente un voucher, una cuenta de ahorro para la educación o cualquier otro instrumento, para ser utilizado únicamente en la educación de sus hijos, habría de generar una mayor segregación que el status quo. ¿Al fin y al cabo, quienes concurren a colegios de gestión privada o a colegios públicos en barrios de clase media o alta? La evidencia provista por lo sucedido durante la pandemia es una prueba concluyente, la educación para los chicos pobres realmente no fue educación.
En la Argentina, hablar de un voucher educativo, de cuentas de ahorro para la educación o de cualquier otra forma de financiamiento de la educación distinta a la, mal llamada, educación pública, es un tabú, por ello no resulta gratuito el siquiera sugerirlo, como bien lo ilustra la comedia de enredos de la cual fue parte Tabaré Vázquez.
En este contexto resulta oportuno recordar una expresión del arzobispo de Montevideo, el Cardenal Daniel Sturla quien, en una entrevista televisiva de junio de 2015, fue extremadamente incisivo preguntándole al periodista dónde mandarían los políticos a estudiar a sus hijos; cuando el periodista le contestó que “seguro a escuelas privadas”, el Cardenal replicó: “si fuera así ¿por qué no les dan a los pobres lo que le dan ellos a sus hijos?”
Parece muy argentino el problema, la típica doble moral. Pero, a ser justo esto ya lo planteaba el mismo Milton Friedman en 1975, cuando en una nota en The New York Time Magazine expresó: “Yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a escuelas privadas e imparten cátedra a las “clases inferiores” (comillas en el original) sobre la responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en defensa de la educación pública”.
