Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
Muchos de los jóvenes que, por ejemplo, no califican para estudiar medicina en el país vecino se trasladan habitualmente a nuestro país. La magnitud de este hecho lo ilustraba, años atrás, la decisión de la Universidad de la Matanza de implementar un curso de Lengua Castellana y Literatura Hispanoamericana obligatorio para ingresantes que no dominaban el idioma español. El Rector, al explicar, por entonces, las causas de tal decisión, señaló que “en la carrera de medicina se habían anotado una cantidad importante de brasileños. Más de 500 sólo considerando la última cursada. Empezamos a tener dificultades serias porque no hablan el español correctamente, hablan en portuñol. Y el estudio se demora”.
Las dos caras de la moneda. ¿No es preferible una evaluación al final del secundario que incentive el estudio durante el mismo? Todas las naciones europeas lo han implementado. Por ejemplo, en Francia el examen fue establecido por Napoleón a inicios del siglo XIX. También lo hacen países tan disímiles como Japón, Corea, Cuba, Israel, Ecuador, Vietnam, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Siria, China, Argelia, Brasil, y cualquier otro país que el lector se imagine.
Al respecto, el 5 de junio pasado, la Academia Nacional de Educación hizo pública una Declaración titulada “La Educación es una Prioridad.” La misma señala que: “En el contexto de la actual crisis educativa, la Academia Nacional de Educación exhorta a los partidos políticos y a los candidatos en las próximas elecciones a incluir en sus plataformas la prioridad de la educación detallando las políticas públicas que se comprometen a aplicar si resultan electos”. Para ello considera ineludibles once prioridades. Una de ellas consiste, justamente en: “Orientar a los alumnos que egresan de la educación secundaria para proseguir su formación facultando a las universidades a establecer las condiciones de ingreso, respetando la autonomía, en beneficio de la diversidad del sistema y promoviendo las acciones remediales indispensables para facilitar la integración y los aprendizajes, para lo cual deberá modificarse el art.7 de la ley 24.521”.
Es hora de sentarnos y admitir la realidad. El fracaso de miles de jóvenes argentinos que transcurren años en universidades de las que no se graduarán es altamente costoso. Como bien señala Alieto Guadagni: “No nos deben sorprender estos resultados negativos, que son el fruto de políticas en curso que perjudican directamente el futuro laboral, principalmente de los más pobres. Hay más de 100 países en todo el planeta, incluso aquellos comunistas, que plantean ingresos selectivos”.
¿Puede el resto del mundo estar equivocado? Es claro que no. La modificación del art. 7 de la ley 24.521 evitaría perjudicar a miles de jóvenes que pierden valiosos años de sus vidas realizando estudios que nunca habrán de concluir, en lugar de capacitarse para desenvolverse exitosamente en una infinidad de oficios requeridos por nuestra sociedad. Peor escenario, difícil imaginarse.
En virtud del proceso electoral que se ha iniciado, sería oportuno conocer la opinión de los candidatos frente a la crisis educativa que sufre nuestro país, pero ya no con discursos emocionales sino con opiniones fundadas sobre propuestas concretas como la aquí planteada.
