Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
EL PAÍS Lo primero es señalar que la actividad empresaria se base en la
utilización de recursos propios y no coactivamente con el fruto del
trabajo ajeno, por eso “empresa estatal” es una contradicción en
los términos, se trata de un organismo político. En segundo lugar
es menester apuntar que ese organismo político necesariamente
asigna los siempre escasos factores de producción en áreas
distintas de las que hubiera elegido la gente si hubiera podido
votar en el supermercado y afines con sus compras y abstenciones
de comprar, puesto que si hace lo mismo que la gente prefiere no
tiene sentido su existencia con los consiguientes ahorros de
honorarios. Si además ese organismo fuera deficitario o es
monopólico estos son agravantes pero el problema grave de la
mala asignación permanece.
Como hemos consignado tantas veces, el tema es de incentivos: no
es lo mismo la forma en que tomamos café y encendemos las luces
cuando pagamos las cuentas respecto a cuando forzamos que otros
paguen. Estos organismos políticos suelen servir como aguantadero para colocar adictos al poder de turno. No se puede jugar al
empresario, no es un simulacro ni un pasatiempo, se trata de un
proceso de utilización adecuada de recursos. En un contexto
abierto y competitivo el comerciante que atiende a sus semejantes
en sus necesidades es compensado con beneficios y el que yerra
incurre en quebrantos, no consecuencia de la fuerza sino de
acuerdos libres y voluntarios lo cual debe distinguirse de los
seudoempresarios que se recuestan en los privilegios que obtienen
de los gobernantes del momento, esos son ladrones de guante
blanco.
Si el organismo político de marras se dirige a sectores inviables
económicamente consume capital y por tanto constituye un
atentado contra los salarios e ingresos en términos reales que
surgen precisamente debido a las tasas de capitalización. En la
mediada en que esto se extienda se extenderán las zonas inviables
hasta convertir todo el país en antieconómico.
Son muchas las formas de privatizar estos monstruos que
contribuyen decisivamente el hacer más caro el nivel de vida de
los gobernados. Una es venta al mejor postor, otra es convertirlo
en sociedad anónima y vender las acciones en el mercado de
capitales, otra es entregárselas a los empleados en forma de
cooperativa y equivalentes. Si es por su naturaleza inconveniente
económicamente debe ser liquidada para frenar la sangría en los
ingresos de la población.
Un mercado libre no significa que deben haber varios compitiendo,
uno o ninguno, la gente decide en un proceso cambiante según
sean los gustos. En todo caso, si es abierto y libre debemos tener
en cuenta que la innovación y el emprendimiento consubstancial al
progreso implica que primero habrá solo uno en el mercado y si el
reglón es atractivo atraerá a otros.
Hoy día debe estarse alerta de la trampa de que esos organismos
políticos camuflados como “empresas estatales” también irrumpen
bajo la fachada de empresa privada que reciben cuantiosos
subsidios del aparato estatal lo cual la convierte de facto en un
organismo político.
En todo el esqueleto conceptual de la tradición de la sociedad
libre el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno es para
proteger y garantizar derechos de las personas, una condición que es anterior y superior a la existencia del aparato estatal. Sin
embargo, observamos que los gobiernos se arrogan facultades que
en esta línea argumental no les corresponde para encarar
aventuras políticas que atropellas derechos de las personas.
Recuerdo lo que en ciencia política y economía se clasifica como
“la tragedia de los comunes”, a saber, lo que es de todos no es de
nadie. Los incentivos son clave para adentrarse en el drama de las
mal llamadas empresas estatales devenidas en pésimos “servicios
públicos”. Es de gran relevancia recordar lo escrito por el
decimonónico Frederic Bastiat en su obra titulada La Ley: “Cuando
la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se
encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de la moral o
perder el respeto a la ley.”
Cierro esta nota periodística subrayando que lo realmente
fundamental para contar con un sistema republicano es reducir el
gasto público a las funciones específicas al aparato estatal. En esta
línea argumental, es clave comprender que esa es la prioridad ni
siquiera es el déficit fiscal ya que puede concebirse un gobierno
sin ese desequilibrio y al mismo tiempo succionar el cien por
ciento de los ingresos de la gente lo cual convierte al país en un
enorme campo de trabajos forzados. Cuba hoy no tiene déficit
fiscal y tampoco lo tenía Stalin durante varios periodos. Esto no es
para subestimar el desorden presupuestario que está vinculado a la
inflación, es solo para mostrar prioridades.
En resumen, como queda dicho, los aparatos estatales en una
sociedad libre deben circunscribirse principalmente a la seguridad
y la Justicia que es habitualmente lo que se descuida.
