Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
PEFIL El pasado 24 de octubre publiqué en este mismo espacio una nota titulada: “Educación cinco leyes para el 11 de diciembre” en la que proponía no perder un sólo día más y presentaba cinco legislaciones mediante las cuales el nuevo gobierno, ya sea que represente al oficialismo o a la oposición, tendrá la oportunidad de dar el primer paso para tomar la iniciativa frente a la tremenda realidad que vivimos.
El martes 31, el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció en un mensaje grabado que a partir del 1 de enero de 2024 “los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral, con capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y gerencias de empleo y el control de contraprestaciones”. A lo que agregó: “Queremos que las personas dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser personas beneficiarias de programas de inclusión laboral.”
Al día siguiente fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto del Poder Ejecutivo 565/2023, oficializando la medida. El artículo 3 establece que “las y los titulares del Programa de Inclusión Social Laboral podrán acceder a las prestaciones ofrecidas en el marco de las políticas y programas implementados en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social relacionadas a la capacitación profesional, formación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento del trabajo autogestivo…”.
Es claro que el anuncio del ministro y candidato presidencial, y su ratificación en el Boletín Oficial, no puede sino ser considerado como parte de una estrategia electoral, pues constituye una promesa electoral que debería cumplir de ser electo. Pero dado que el mismo podría entenderse en términos de la quinta de las leyes que he compartido en aquella nota del 24 de octubre, y que he propuesto en innumerables ocasiones desde hace más de 10 años, dedicaré esta columna a analizarla en mayor profundidad y señalar las condiciones que debería cumplir la política anunciada por el ministro, en la eventualidad de un triunfo electoral, para no convertirse en una nueva promesa vacía de contenido.
“Hay que combatir el asistencialismo”
Pongámoslo en contexto. Hace ya varios años, el Padre Pedro Opeka, un argentino propuesto varias veces al Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo con los pobres en Madagascar expresaba: “No debemos asistir, porque cuando lo hacemos, disminuyendo a la gente, los convertimos en dependientes, casi en esclavos de nosotros. Y Dios no vino al mundo para hacernos esclavos sino para liberarnos, ponernos de pie. Tenemos que trabajar. Hay que combatir ese asistencialismo”.
El problema en muchos países, incluyendo Argentina, es que los dirigentes políticos se encargan de hacerles creer que el Estado les va a resolver todos los problemas. Claro y conciso.
¿Cómo evitarlo?
Veinticinco años atrás, en 1987, Juan Pablo II nos dio una respuesta: “El trabajo estable y justamente remunerado posee, más que ningún otro subsidio, la posibilidad de revertir aquel proceso circular que habéis llamado repetición de la pobreza. Esta posibilidad se realiza, sin embargo, sólo si el trabajador alcanza cierto grado mínimo de educación y capacitación laboral, y tiene la oportunidad de dársela también a sus hijos”. Educación, la llave del reino.
La lógica de esta idea no es nueva; podemos encontrarla hace más de 800 años en el pensamiento de Maimónides, quien colocaba en la más alta escala de la filantropía el dar a un pobre los medios para que pueda vivir de su trabajo sin degradarlo con la limosna abierta u oculta.
¿Cómo llevarlo a la práctica? Con educación
Veamos la opinión al respecto del Premio Nobel de Economía Eric Maskin, quien en noviembre 2014 afirmó que “los programas sociales pueden proteger de los efectos de la pobreza extrema pero este efecto es de corto plazo, no va a reducir el problema a largo plazo”. En sus propias palabras el diagnóstico es unívoco: “la población debe tener los medios para ganarse su propio sustento y los programas sociales pueden ayudarles a llegar a ese punto dándoles asistencia, educación y capacitación laboral”.
Por ello la quinta legislación que he propuesto en aquella nota del 24 de octubre se enfoca en la educación de millones de adultos beneficiarios de planes sociales; los cuales constituyen la cronificación de la pobreza. ¿Cómo reinsertarlos en la sociedad?
Mi propuesta no es nueva, tiene su génesis en una de las piezas más significativas de la legislación norteamericana, la llamada Declaración de Derechos de los Veteranos de Guerra, GI Bill of Rights, sancionada por el presidente Franklin D. Roosevelt en junio de 1944. La misma, como explicitó el presidente Roosevelt al firmar la Ley, “otorga a hombres y mujeres la oportunidad de reanudar sus estudios o capacitación técnica luego de su licenciamiento, o de tomar un curso de actualización o de reentrenamiento, sin cargo de matrícula hasta US$ 500 por año escolar, y con el derecho a recibir una asignación mensual mientras desarrolle dichos estudios.” Gracias al GI Bill of Rights, millones de personas que hubiesen intentado ingresar al mercado de trabajo luego de la guerra, sin capital humano para ello, optaron por reeducarse.
Una ley, imbuida de este espíritu, que requiera que todo beneficiario de un plan social concurra a una escuela de adultos técnica, con el fin de completar su educación formal, o que tome cursos de entrenamiento profesional en un amplio menú de actividades productivas, como requisito para hacerse acreedor al subsidio, facilitaría su reinserción en la sociedad productiva.
Retornando a nuestro presente, la publicación en el Boletín Oficial no menciona “la obligación” sino “la posibilidad” de acceder a capacitación profesional. Por otra parte, en el discurso del día anterior, el ministro no menciona la magnitud de la capacitación profesional obligatoria, supuestamente requerida. El punto es de crucial importancia para que la iniciativa no se transforme en otra solución cosmética, vacía de cualquier contenido real, en la eventualidad que el ministro resulte triunfante en la contienda electoral.
El propósito de cualquier política social debería ser la eliminación, tanto como sea posible, de la necesidad de tal política. Exigir a todo beneficiario de un plan social que retome seriamente su educación, como requisito para hacerse acreedor al subsidio, cambiaría su calidad de vida de una manera impensable y permitiría terminar con una sociedad en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados.
A riesgo de ser reiterativo, nadie en condiciones de trabajar debería mantener el subsidio de no hacerlo. De lo contrario la Argentina va camino a convertirse en una sociedad de clases donde una elite educada mantiene a una clase permanente de desempleados, un escenario fiscalmente insostenible y éticamente reprochable.
* Rector de la UCEMA, Ph.D. in Economics, University of Chicago.
