LA NACIÓN Javier Milei llegó al poder con el 55,65% de los votos en un balotaje y arrancó su gestión presidencial con una imagen positiva del 59%, al tiempo que el 66,8% de la población reconoció tener muchas o algunas expectativas en el nuevo jefe del Estado, de acuerdo con la medición realizada por CB Consultora en la semana posterior a su consagración en las urnas. Su primer mensaje como presidente de los argentinos, en el que sostuvo que ningún gobierno había recibido una herencia peor en toda la historia del país y advirtió que los próximos meses serán muy duros, cosechó también un fuerte respaldo de la ciudadanía. Pero, inevitablemente, propios y extraños se preguntaron en las últimas horas si el anunciado ajuste, que por lo visto no solo afectará a la llamada casta política, sino también a amplias franjas de la sociedad, será acompañado con igual firmeza por la población.
Los más optimistas podrán sostener que la sociedad valorará mayoritariamente que, por primera vez en mucho tiempo, un presidente de la Nación apueste a “decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable” y se proponga decretar “el fin de la noche populista”. Los menos optimistas esgrimirán que mucha gente lo apoyará y admitirá que es justo y razonable pagar lo que corresponde por las tarifas de servicios públicos y por la nafta, hasta que se encuentre con las nuevas facturas debajo de la puerta o frente al surtidor de la estación de combustible, en medio de un escenario signado por la tan anunciada aunque siempre temida estanflación.
La clave a la que apuesta el nuevo gobierno es reconstruir la confianza ciudadana, en general, y del mundo inversor, en particular, a partir de la verdad. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó, en tal sentido, que “venimos a ofrecer un contrato de verdad a la gente”, con la convicción de que, esta vez, “el sacrificio rendirá sus frutos” y de que ese objetivo “se va a lograr antes de lo que se cree”.
En definitiva, el nivel de acompañamiento dependerá de cuánto crea la ciudadanía en que, como ha dicho Milei, será este el último mal trago para comenzar a reconstruir la Argentina y en que habrá luz al final del camino.
Así como la legitimidad de origen del flamante primer mandatario está fuera de toda discusión, tampoco nadie podrá decirle que no anunció durante la campaña electoral lo que pensaba hacer. La mayoría de sus votantes sabían que, junto a la dinámica inflacionaria de los últimos años, existía una inflación reprimida por el atraso de las tarifas y de un dólar oficial inaccesible para la gran mayoría de los argentinos.
Un estudio de la Fundación Libertad y Progreso, de orientación liberal, señala que, en los últimos cuatro años, coincidentes con la presidencia de Alberto Fernández, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 931%. Pero el dato más llamativo es que, al analizar los aumentos por categorías, se advierte que los precios regulados tuvieron en promedio un incremento del 574%, en tanto que los precios de los productos no regulados y sin comportamiento estacional acumularon un alza del 996%. Esto implica que los precios no regulados subieron casi el doble que los regulados. Estos últimos, dentro de los que se encuentran las tarifas de servicios públicos (agua, gas, electricidad, comunicaciones) y los combustibles, crecieron 422 puntos menos que los no sujetos a controles de precios.
Lautaro Moschet, economista de la citada fundación, consideró que “vivir en un esquema de atraso cambiario y congelamiento de precios, combinados con la mega emisión monetaria, que multiplicó por cinco los pesos en circulación en los últimos cuatro años, es insostenible”. Sostuvo que “reacomodar ese desbarajuste tendrá un impacto muy fuerte en el IPC durante los próximos meses, pero es condición necesaria para que la economía vuelva a funcionar correctamente”.
¿Cuál será el umbral de dolor que esta vez estará dispuesta a soportar la población?
Los desequilibrios del sector público también son evidentes para la ciudadanía. Si no, basta escuchar lo que señala Ricardo López Murphy, cuando rememora sus tiempos como funcionario de Fernando de la Rúa: “Cuando yo era ministro (en 2001), había 2 millones de empleados públicos y 4 millones de jubilados. Ahora hay 4 millones de empleados públicos, 10 millones de jubilados y 5 millones de planes sociales”.
Veintidós años atrás, cuando fue nombrado al frente del Palacio de Hacienda, López Murphy se propuso ejecutar un recorte en el gasto público equivalente al 0,7% del PBI y terminó siendo eyectado del cargo al cabo de apenas 15 días por las presiones políticas y sociales. El ajuste que pretende hacer el gobierno de Milei en la administración estatal es casi diez veces más grande. ¿Cuál será el umbral de dolor que esta vez estará dispuesta a soportar la población?
Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, José Luis Machinea, a principios de 2001
Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, José Luis Machinea, a principios de 2001
Martín Lucesole
Una decisión del gobierno de Milei podría restarle apoyo en parte de la sociedad. Se estaría estudiando la posibilidad de revertir la exención del impuesto a las ganancias a los trabajadores. No pocos especialistas consideraron aquella exención tributaria, instrumentada a través de una ley del Congreso, como una medida demagógica propia del populismo electoral que caracterizó a Sergio Massa como ministro de Economía del país, por su costo fiscal que terminaría desfinanciando fundamentalmente a las provincias, que perderían los fondos de un impuesto coparticipable. El problema es que el propio Milei, como diputado nacional, apoyó esa norma, al tiempo que consideró públicamente, en pleno recinto de la Cámara baja, que bajar impuestos era devolverles libertad a los ciudadanos. “El Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y, por lo tanto, los impuestos son un robo, y con cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo”, enfatizó Milei en aquella sesión de la Cámara baja.
Tal vez sea útil recordar que el fin de la luna de miel de De la Rúa con parte de sus votantes comenzó a los pocos meses de haber asumido la Presidencia, con una reforma tributaria que modificó las escalas del impuesto a las ganancias a los asalariados y que disminuía la posibilidad de deducciones al tributo a medida que los sueldos aumentaban. Se la dio en llamar “la tablita” de José Luis Machinea, primer ministro de Economía que tuvo aquel gobierno de la alianza integrada por la UCR y el Frepaso. Fue considerado un golpe contra sectores medios asalariados, los mismos grupos que habían apoyado masivamente la llegada de De la Rúa a la Casa Rosada y que comenzaron a sufrir el deterioro de su ingreso de bolsillo ante la ampliación de la base tributaria.
La mayoría de los votantes de Milei sabían que el recorrido hacia la tierra prometida iba a ser doloroso, aunque quizá no esperaban que el gobierno repusiera o aumentara algunos impuestos. El interrogante es cuánto puede durar la épica del sacrificio y por cuánto tiempo estará la ciudadanía dispuesta a soportarlo.
Para que el apoyo social no decaiga mientras la población convive con el explosivo cóctel de inflación con recesión, la nueva gestión presidencial no solo deberá ser impoluta, sino también parecerlo. El enojo de la sociedad con la dirigencia política exigirá de Milei y sus funcionarios una ejemplaridad permanente, que deberá estar sostenida en algo más que las emotivas referencias a los macabeos y a las fuerzas del cielo.
