Ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y ha aparecido en las cadenas televisivas.
Es miembro de la Mont Pèlerin Society y del Council on Foreign Relations.
Recibió su BA en Northwestern University y su Maestría en la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins University.
Trabajó en asuntos interamericanos en el Center for Strategic and International Studies y en Caribbean/Latin American Action.
CATO Ian Vásquez comenta las reformas anunciadas la semana pasada por el presidente Javier Milei, las cuales constituyen una ambiciosa agenda de transformación de la economía argentina.
El presidente argentino Javier Milei pronunció la semana pasada un discurso impecablemente libertario ante el país, anunciando una importante desregulación y lo que seguramente es el mayor paquete de reformas de este tipo en la historia de su país. En concreto, promulgó un decreto que deroga o reforma 300 leyes que, según Milei, empezarán a revertir “décadas de fracaso, empobrecimiento, decadencia y anomia”.
Milei no se limitó a describir la crisis económica y social del país. Enmarcó su decreto en términos históricos, citando cómo Argentina puso en práctica el pensamiento colectivista –de izquierda, fascista o de otro tipo– en los últimos 100 años y, con altibajos, perdió su libertad como resultado. Acusó a la economía política que ha prevalecido durante mucho tiempo en Argentina como la causa de los problemas del país. La falta de voluntad de los políticos para abordar las causas subyacentes de las crisis recurrentes de Argentina les ha llevado a aplicar una serie interminable de normativas que intentan atajar las consecuencias.
Así, explicó Milei: “El Estado en su conjunto se ha convertido en un mecanismo para impedir el comercio, el trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y, fundamentalmente, la libertad”.
Milei tiene razón al destacar la desaparición y la importancia de la libertad. Durante los últimos veinte años de gobierno mayoritariamente peronista, la pérdida de libertad en Argentina ha sido notable. Su clasificación en el nuevo Índice de Libertad Humana cayó de 41 en el año 2000 a 77 de 165 países. Pero el espectacular declive de la libertad económica de Argentina –basada en la seguridad de la propiedad privada, el intercambio voluntario y la libertad de elegir y competir– redujo enormemente su libertad general. En 2000 ocupaba el puesto 40 en libertad económica y ahora se encuentra en un asombroso 158º lugar.
El índice muestra que Argentina tiene una de las economías más cerradas al comercio del mundo (puesto 163) y una de las peores políticas monetarias (puesto 161). Argentina también tiene una de las economías más reguladas del mundo. El peso del Estado regulador ha aumentado con el tiempo, lo que ha hecho que Argentina pase del puesto 84 en 2000 al 143 en la actualidad.
Desde una perspectiva práctica, económica y de derechos humanos, el amplio decreto de desregulación de Milei tiene sentido. Su objetivo es reducir el favoritismo estatal y mejorar el crecimiento y las oportunidades, especialmente para los menos favorecidos. También es digno de mención que, según un análisis, 138 de las 300 normativas que Milei está derogando o reformando se originaron bajo las dictaduras militares de los años sesenta a principios de los ochenta. Si incluimos el mandato de la presidenta peronista Cristina Kirchner (2007-15), más de la mitad de las normas derogadas se originaron en gobiernos militares o populistas-autoritarios.
El decreto de Milei abarca una amplia gama de leyes. Algunas de las desregulaciones son:
- Derogación de la ley que regula el alquiler de bienes inmuebles. Las restricciones sobre la duración de los alquileres, las condiciones de aplicación y el método de pago eran tan rígidas y poco razonables que el resultado ha sido una escasez de viviendas en todo el país, precios elevados y el crecimiento de un mercado informal de alquileres.
- Derogación de la ley de abastecimiento y de la ley de góndolas que obligaba a los comercios a abastecer sus góndolas de acuerdo a normas que regulaban qué productos (por empresa y por origen nacional) podían exhibirse y en qué proporciones.
- Derogación de la ley “compre argentino”, equivalente a las leyes “Buy America”.
- Fin de los controles de precios, que previsiblemente generaban escasez.
- Derogación de la política industrial.
- Derogación de la ley que prohíbe la privatización de empresas estatales.
- Liberalización de la legislación laboral.
- Fin de la prohibición de las exportaciones.
- Autorización para transferir las acciones de la compañía aérea nacional Aerolíneas Argentinas. Milei planea privatizar la aerolínea, que ha perdido miles de millones de dólares a lo largo de los años, transfiriendo la propiedad a sus trabajadores. Cuando Milei propuso anteriormente esta idea, el jefe del sindicato de pilotos se opuso declarando que “van a tener que matarnos” si lo intentan.
- Aplicación de la política de cielos abiertos.
- Refuerzo del derecho contractual para garantizar la libertad de contratación.
- Reforma de la ley para permitir que se respeten los contratos realizados en divisas. En la práctica, esto legaliza las transacciones en dólares y otras divisas, incluyendo el cambio de pesos por dólares e incluyendo el uso de bitcoin y otras criptomonedas.
Hay mucho más en el decreto, pero lo anterior da una idea de su alcance y profundidad. Como era de esperar, algunos de los grupos de interés que por fin estarán expuestos a la competencia –por ejemplo, empleados de bancos estatales, sindicatos, empresas farmacéuticas– han protestado contra la desregulación. Pero hasta ahora la medida parece gozar de gran popularidad.
Sin embargo, Argentina tiene una economía tan reprimida que aún necesita muchas más reformas para mejorar su libertad económica hasta el nivel de los países con más éxito (como gran parte de Europa Occidental y Norteamérica, Japón, Taiwán, Corea, Australia, etc.). Pero Milei y su equipo lo saben y, en los próximos días y semanas, podemos esperar nuevas propuestas de reforma de gran alcance que pasarán por el Congreso.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 22 de diciembre de 2023.
