LA NACION El gobierno del presidente Javier Milei recibió la peor herencia que haya dejado un gobierno democrático a otro. Su primer y urgente desafío es evitar que se descontrole el proceso hiperinflacionario que dejaron en marcha el expresidente Alberto Fernández y el exministro Sergio Massa como consecuencia de sus gigantescos excesos de gasto público, financiados con creciente emisión monetaria. La más que duplicación de la cantidad de dinero en términos interanuales destruyó el poder adquisitivo del peso acelerando la suba de precios de bienes y servicios. La solución inicial ejecutada por el Presidente fue un fuerte ajuste fiscal que busca que los ingresos genuinos del Estado alcancen para pagar sus gastos. Tras ese objetivo, se propone reducir rápidamente la creación de moneda, moderando el ritmo de pérdida de su poder adquisitivo. Paralelamente, se debe lograr restablecer la solvencia del Banco Central (BCRA).
El financiamiento del Estado mediante el creciente impuesto inflacionario motivó a la gente a disminuir sus tenencias de moneda local o, visto desde otra manera, a desprenderse más rápidamente de ella. Por eso, los precios aceleraron su alza, ya que el peso no solo perdía poder adquisitivo porque se emitía más, sino porque se lo demandaba cada vez menos.
Para resolver este problema, era urgente gestar un shock de confianza que convenciera de que el nuevo gobierno estaba decidido a cambiar de rumbo, como le había pedido el 56% de los votantes. No había espacio para gradualismos. Tenía que moderar y luego detener la huida del peso y la salida de capitales.
Otro motivo para acelerar el cambio de rumbo es porque el Gobierno no tiene el mismo porcentaje de apoyo en el Congreso que el recibido en las urnas. Un nuevo presidente suele tener el aval de quienes lo votaron y el de parte de quienes no lo hicieron, más aún cuanto más grave es la situación del país. Al comienzo de un mandato, los opositores muestran cautela a la hora de embestir contra el jefe del Estado, quien concentra la esperanza de la mayoría de los electores. Si no lo aprovecha rápido y bien, se le diluirá y quedará a merced de los opositores.
La primera medida de shock lanzada para demostrar la convicción de un cambio de modelo fue el DNU y, luego, la ley ómnibus enviada al Congreso para discutir aquellos aspectos de desregulación y de reformas estructurales que no incluía el primero. Pero modificar el rumbo no depende solo del Poder Ejecutivo. Depende del aval de la mayoría de la dirigencia. En principio, de los legisladores a cargo de la sanción de las reformas. Pero también depende del apoyo de la dirigencia empresarial, intelectual y profesional. Esto no es sencillo, ya que una parte de ella se ha visto beneficiada con regulaciones y subsidios indebidos a costa del bienestar general. Era esperable que reclamara seguir recibiéndolos. Es labor de nuestros legisladores ver qué priorizan: si los intereses sectoriales o los del conjunto. Por otro lado, es lógico que en la negociación haya que ceder, pero no tanto como para que lo que termine saliendo del Congreso sea algo que nos deje en el mismo camino en el que estábamos. Ya sabemos adónde nos trajo y, también, dónde nos llevaba: a una hiperinflación.
Ante el temor a la enorme deuda del BCRA, se postergó la necesaria salida a una unificación cambiaria, que no es lo mismo que eliminar el cepo, lo cual lleva más tiempo, por la enorme cantidad de regulaciones que se impusieron para sostenerlo. El programa monetario anunciado implica licuar esos pasivos bajando las tasas de interés, que pagan por debajo de la inflación, pero su contrapartida son los depósitos a plazo fijo, cuyos dueños deberán inevitablemente sufrir algún grado de pérdida de poder adquisitivo de sus tenencias.
En un momento de credibilidad creciente, en el que la gente probablemente no esté huyendo del peso, los depósitos perderán contra la inflación, pero les ganarán a los dólares paralelos. Por ahora, este no parece ser el caso. La demanda de moneda local está mermando, tanto por la alta incertidumbre sobre la efectivización del cambio de rumbo como por estacionalidad y, también, porque nadie ahorra en pesos para perder plata. Así que se está manteniendo una elevada caída de poder adquisitivo del peso, lo que se refleja en la suba de la cotización de los dólares libres y en el alza de precios de bienes y servicios.
La inflación de diciembre tuvo todos los componentes de la destrucción del valor del peso por parte de la gestión anterior, además de la recomposición de las enormes distorsiones de precios relativos que dejó el destructivo terceto kirchnerista. La del primer trimestre seguirá teniendo, en forma decreciente, la influencia del desmadre heredado porque la caída del poder adquisitivo del peso tarda hasta cuatro meses en reflejarse en todos los bienes y servicios. La mala noticia es que la actual política monetaria está gestando más pérdidas de poder adquisitivo de la moneda. Si no se revierte, habrá mayores alzas de precios.
La posibilidad de salir pronto del cepo y sin saltos del dólar oficial se aleja en la medida en que la brecha se incrementa. Luego del alza inicial del tipo de cambio mayorista a $800, se anunció que subiría un 2% mensual. Para que esto lleve a que los tipos de cambio converjan a un valor similar en el corto plazo y posibiliten una unificación cambiaria, los mercados paralelos deberían dejar de subir o, incluso, bajar. Esto último no está ocurriendo y, como el valor del dólar oficial no está reflejando toda la pérdida de valor del peso, se está atrasando nuevamente. Cuanto más lo haga, menor será la preferencia por exportar y la liquidación de divisas al BCRA, reeditando el problema que venía generando el cepo y que es prioridad solucionar.
El único instrumento del BCRA es la política monetaria y no puede tener más de un objetivo, el que debería ser mantener el valor del peso. Es decir, ser coherente con la meta de evolución del tipo de cambio oficial para buscar la unificación cambiaria. No se puede pretender otro objetivo, como fijar la tasa de interés, que debería acomodarse a la necesidad de darles una moneda más estable a los argentinos. En el pasado, los programas monetarios que intentaron tener más de una meta terminaron mal. En el caso de que no se logre una fuerte y rápida ganancia de credibilidad para revertir la huida del peso, el BCRA debería rever el programa monetario o habrá que ir a una unificación cambiaria con un nuevo salto del dólar oficial.
