Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CRONISTA La tremenda crisis económica que enfrenta nuestro país ha comenzado a poner a muchos padres en la disyuntiva de continuar pagando las cuotas en escuelas de gestión privada o emigrar a sus hijos a escuelas de gestión pública. Por cierto, un éxodo similar sucedió luego de la crisis de 2001, pero en esta ocasión el efecto será exponencial, dada la magnitud del evento que estamos viviendo.
Como señala una nota de El Cronista: “Los colegios privados esperan que, este año, la morosidad suba del 35% que registraron en 2023 a un 50% en el comienzo de las clases, y que se acelere la migración de estudiantes a escuelas más baratas, lo que recuerda el complejo contexto que atravesaron en la pandemia, de acuerdo con las proyecciones de entidades educativas del sector”.
Frente a esta realidad varias escuelas privadas han anunciado su cierre en diciembre pasado y muchas otras corren el riesgo de tener que hacerlo. De acuerdo con un relevamiento de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aiepba), publicado por El Cronista: “Hay más de 200 colegios en riesgo de cierre. De ellos, el 45% en 2023 no pudo trasladar la totalidad de los últimos aumentos salariales a las familias, ya que argumentaron, no podían soportar estos incrementos”.
¿Podrá el sistema público absorber a esta gran cantidad de potenciales alumnos? Sin duda, esta inquietud, la cual más que alarmista es realista, debe ser cuidadosamente evaluada para no encontrarnos frente a un problema de insospechada magnitud en los meses por venir.
Esta nota propone otro curso de acción que evitaría el potencial colapso del sistema público, frente a la masiva inscripción de nuevos alumnos y no implicaría un subsidio a las escuelas de gestión privada, para permitirles bajar sus matrículas o becar un gran número de alumnos, sin que su factibilidad económica se vea afectada por ello.
Diferentes propuestas imbuidas en esta lógica las he llevado a cabo en innumerables ocasiones pues les daría a los padres el protagonismo que nunca debieron perder en la educación de sus hijos. Consiste en crear, por parte del Estado, una sencilla cuenta de ahorro para gastos educativos de aquellos alumnos afectados, una herramienta que les otorgaría a las familias que enfrentan hoy tiempos muy difíciles, de los cuales no son responsables sino víctimas inocentes de un vergonzoso pasado que hoy se intenta comenzar a revertir, la posibilidad de continuar decidiendo sobre la escolaridad de sus hijos. Esta cuenta sería administrada por los padres, de tal forma que sus hijos podrían seguir asistiendo a la escuela que la familia ha elegido en su momento y no a la que, por consecuencia directa de la crisis económica generada por la saliente administración, deberán concurrir.
La propuesta sería indistinguible de evaluar subsidiar a escuelas de gestión privada que hoy ven en riesgo su misma existencia, pero marcaría un cambio de paradigma en la educación argentina pues serían los padres, que califiquen para el subsidio en virtud de la nueva situación económica que enfrentan y por el tiempo que la misma lo amerite, y no las escuelas, quienes reciban el apoyo del Estado.
La diferencia no es menor, familias destrozadas por una realidad de la cual, obviamente, no son culpables, sentirían el apoyo de un Estado presente, de una forma absolutamente diferente, en el momento que más lo requieren. ¿No vale la pena considerarlo?
