Desde la Fundación Libertad y Progreso expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y sus familias afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico en Rosario y en otras regiones del país. Este flagelo, exacerbado por décadas de políticas populistas, ha llevado a la alianza entre ciertos gobiernos y organizaciones criminales, debilitando el Estado de derecho y su capacidad para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
La Constitución nos recuerda la obligación indelegable del Estado de proveer seguridad y justicia, pilares fundamentales que se ven socavados cuando las mafias y el narcotráfico se fortalecen hasta controlar territorios enteros mediante el terror. Es crucial reconocer que, ante esta penetración del crimen organizado, las medidas de combate y represión necesarias para erradicarlo deben ser excepcionalmente rigurosas.
Entendemos que para prevenir la radicación del narcotráfico, es imperativo mantener niveles de vigilancia y acción estatales superiores a la media regional; sin embargo, una vez que estas organizaciones se arraigan en una comunidad, enfrentarlas implica un desafío mucho mayor. En estos casos, lamentablemente, la intensificación de los esfuerzos para desmantelar estas redes puede resultar en un incremento temporal de la violencia, una realidad dolorosa pero necesaria en el camino hacia la recuperación del orden y la paz social.
Rechazamos la noción de que los delincuentes son víctimas del sistema. Las verdaderas víctimas son aquellos cuyas vidas y libertades son vulneradas por actos criminales. Por tanto, instamos a un reforzamiento del Estado en su función de garante del orden, mediante el uso legítimo y monopólico de la fuerza, siempre bajo el imperio de la ley y los principios de nuestra Constitución Nacional. Apoyamos todas las iniciativas dirigidas a proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, y hacemos un llamado a la acción colectiva para restablecer la seguridad como pilar de una sociedad libre y progresista.
