Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CLARÍN El viernes pasado, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei expresó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga”.
Es imposible no coincidir con su apreciación. Hace más de cinco años, en septiembre del 2018, publiqué en Clarín una columna titulada: “Los paros docentes sí involucran un riesgo de vida”. En la misma me preguntaba quién podía sostener que un niño o joven que cursa su escolaridad en medio de sistemáticos paros docentes tenía las mismas oportunidades para desarrollarse, en la sociedad del conocimiento en la que le ha tocado vivir, que otro que concurre a un colegio de gestión privada.
Es claro que su vida futura es irremediablemente afectada, aunque deseemos negarlo. Por ello, como sostenía en aquella nota, los paros docentes sí involucran un riesgo de vida para nuestros niños y jóvenes; su futuro sería radicalmente distinto de poder cursar la escolaridad que el Estado tiene la obligación de garantizar y, por ende, existe razón suficiente para declarar la educación como un servicio esencial.
Su declaración defenderá el derecho a la educación de los niños y jóvenes que concurren a escuelas de gestión pública y reducirá el éxodo a escuelas de gestión privada por parte de muchas familias que hacen inmensos esfuerzos para que sus hijos, al menos, tengan clases todos los días.
Este hecho, por demás positivo, no es gratis; nada es gratis. Habrá de generar una presión adicional sobre el sistema de educación pública, la cual se sumaría a la provocada por la tremenda crisis económica que enfrenta nuestro país, que ha puesto a muchos padres en la disyuntiva de continuar pagando las cuotas en escuelas de gestión privada o emigrar a sus hijos a escuelas de gestión pública.
¿Cómo obtener los indudables beneficios de declarar a la educación como un servicio esencial y evitar, a la vez, el potencial colapso del sistema de gestión pública, frente a la masiva inscripción de alumnos producto de la crisis económica?
Hace más de diez años que planteo una propuesta que cumpliría con dicho objetivo. La misma consiste en crear, por parte del Estado, una sencilla cuenta de ahorro para gastos educativos de aquellos alumnos afectados; una herramienta que les otorgaría a las familias que enfrentan hoy tiempos muy difíciles, de los cuales no son responsables sino víctimas inocentes, la posibilidad de continuar decidiendo sobre la escolaridad de sus hijos.
Esta cuenta sería administrada por los padres, de tal forma que sus hijos podrían seguir asistiendo a la escuela que la familia ha elegido en su momento y no a la que, por consecuencia directa de la crisis económica generada por la saliente administración, deberán concurrir.
Una propuesta de estas características complementaría la declaración de la educación como servicio esencial, al reducir la presión de demanda generada sobre el sistema de gestión pública en virtud de la crisis económica, y representaría un cambio de paradigma radical en la educación argentina, al devolver a los padres el protagonismo que nunca debieron haber perdido en la educación de sus hijos.
