Desde la Fundación Libertad y Progreso, queremos expresar nuestra preocupación por la crítica situación de las universidades públicas nacionales, agudizada por el inevitable ajuste fiscal encarado por el Gobierno Nacional.
En esta difícil coyuntura deberán encontrarse paliativos y soluciones que eviten situaciones que afecten la continuidad del funcionamiento generando perjuicios severos a estudiantes y docentes. No obstante, creemos que esta es una oportunidad para revisar el empleo eficiente de los recursos y para corregir desvíos en el uso político y extrauniversitario de una parte de los mismos.
Consideramos también que es un momento oportuno para explorar otras posibles fuentes de financiamiento. Reconocemos la importancia de la educación pública y su contribución a la movilidad social. Sin embargo, es necesario recordar que la educación universitaria no es un bien público en su totalidad. Su gratuidad universal implica que la comunidad se hace cargo, además del costo de estudiantes extranjeros, de todos aquellos otros que pueden y deberían pagarlo. La igualdad de oportunidades se cumple facilitando el coste de sus estudios a quienes no pueden afrontarlos. Hay suficiente experiencia internacional sobre el manejo y la auditoria de información y sobre sistemas de becas, préstamos y otras modalidades. Queremos también destacar la importancia de que existan exámenes de ingreso para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficiente posible.
