Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
EL ECONOMISTA En marzo pasado publiqué en este mismo espacio una nota motivada por el lanzamiento del denominado Programa Vouchers Educativos.
Si bien el programa no constituye realmente un voucher educativo, sino un subsidio con fines específicos no podía ser más oportuno, dada la tremenda crisis económica heredada por el nuevo Gobierno, la cual había comenzado a poner a muchos padres en la disyuntiva de continuar pagando las cuotas en escuelas de gestión privada o emigrar a sus hijos a escuelas de gestión pública.
Por cierto, un éxodo similar sucedió luego de la crisis de 2001, pero en esta ocasión, de no haberse tomado una medida como la efectivizada, el efecto hubiese sido exponencial, dada la magnitud del evento que estamos viviendo.
Como señalé en aquella nota, la voluntad del presidente Javier Milei de enfrentar esta realidad era clara; ya lo expresaba en sus declaraciones en una entrevista radial realizada en febrero: “Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia a la clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres sino también para los chicos”, a lo que agregó: “Va a haber vouchers y financiamiento para alumnos”.
El pasado lunes 29 julio fue publicado en el Boletín Oficial la Resolución 488/2024 de la Secretaría de Educación, la cual extiende la vigencia del programa hasta diciembre; una decisión tan oportuna como lo fue su lanzamiento. Como se señala en los Considerandos de la Resolución: “Durante el mes de julio del corriente año, el Programa asistió a 833.211 estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, asegurando así la continuidad en sus trayectorias educativas”, a los que se agrega: “Con el objeto de fortalecer el acompañamiento a las familias resulta necesario ampliar la cobertura del Programa”.
Por cierto, recordemos que el mismo consiste en “una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos, de hasta 18 años, asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supera los siete salarios mínimos, vitales y móviles.
Sin embargo, el programa continúa generando una discriminación innecesaria, la cual se refleja en los Considerandos de la Resolución 488/2024: “El Programa de Asistencia Vouchers Educativos fue creado para asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones”.
Yo me pregunto, ¿por qué si dos familias califican para el programa en virtud de su realidad económica, una de ellas se encuentra recibiendo el voucher dado que sus hijos concurren a un colegio que tiene una subvención estatal del 75% o más y la otra, cuyos hijos concurren a un colegio que recibe una menor subvención o ninguna, no?
¿No deberían las familias recibir el voucher, en función de su realidad económica, independientemente de la característica de la escuela a la que han optado por enviar a sus hijos? Definitivamente sí; no es a determinados colegios a los que se intenta apoyar, sino a familias que hacen grandes esfuerzos por la educación de sus hijos y son las víctimas inocentes del pasado vergonzoso que nos ha tocado vivir.
Pocas veces un Gobierno ha demostrado con los hechos su voluntad por cambiar la realidad educativa como la actual gestión del presidente Javier Milei. Modificar los requerimientos para calificar al Programa de Asistencia Vouchers Educativos constituiría un paso más en la dirección correcta.
