Eugenio Marí
Jefe de economía de Libertad y Progreso. Profesor Economía Internacional en Universidad del CEMA, Profesor ayudante de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires,Asesor en la Secretaria de Comercio Exterior la Nación yAsesor Secretaria de Comercio de la Nación.
Mg. en Economía y Lic. en Economía Universidad del CEMA
Valentín Gutiérrez
Pasante de economía de Libertad y Progreso
LA VOZ El liberalismo es una filosofía política que aboga por la libertad y la responsabilidad individual. Sin embargo, para desplegar lo mejor de nosotros bajo esta premisa, hacen faltas reglas de juego que nos impulsen en la buena dirección. Esto es, que existan instituciones que resuelvan el problema de la cooperación social incentivando la cooperación y el crecimiento.
La política económica liberal se estructura alrededor de una institución fundamental: la propiedad privada. Institución que cumple un rol económico clave, que es dar los incentivos para el esfuerzo productivo, la división del trabajo y el intercambio. Pero además tiene un rol político importantísimo, ya que es también la institución que consigue que cada individuo o grupo internalice las consecuencias de sus actos.
Como ya explicaron muchos autores, libertad y responsabilidad son inseparables; para vivir en sociedad maximizando la libertad individual, debemos entonces responder por lo que hacemos. O, como lo pone Deirdre McCloskey: el liberalismo es adultismo. En este sentido, la economía de mercado no promete soluciones mágicas ni panaceas; en cambio, sólo asegura que el esfuerzo con valor social llevará a mejores niveles de vida.
El populismo, en cambio, es una corriente que privilegia lo colectivo sobre lo individual y donde el Estado es un instrumento que no busca asegurar la libertad, sino empujar los designios de las supuestas mayorías. Si partimos de esta base, el Estado populista cae en tres pecados fundamentales, que son profundamente contrarios al ideario liberal.
Primero, plantea la interacción social como un juego de suma cero, donde el sector público es un gran redistribuidor de lo que gana uno para darle a otro, con el fin de alcanzar la denominada “justicia social”.
