La Fundación Libertad y Progreso apoya la reciente decisión del Gobierno Nacional de disolver la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) y crear una nueva estructura que apunte a cumplir eficientemente con su rol recaudador. Como sucedió con otras estructuras del Estado, los políticos tendieron a construir una administración que les sirviera a sus propósitos y no al que necesitaban los ciudadanos; lo cual justifica una reorganización total. De esta forma, además, se eliminarán los excesos de cargos y gastos. Esta estrategia está dentro del marco del proyecto de reforma del Estado que viene proponiendo la Fundación “Libertad y Progreso” desde hace años.
https://www.libertadyprogreso.org/politicas-publicas/reforma-del-estado/
Esperamos que este sea solo el primer paso de una serie de reformas estructurales que se implementen; ya que las cuentas públicas del país han sido severamente deterioradas tras años de políticas fiscales irresponsables, implementadas durante el kirchnerismo.
La Fundación Libertad y Progreso, además, propone en una instancia ulterior la creación de unidades organizativas más eficientes, para devolver potestad tributaria a las provincias, en pos de generar un federalismo genuino.
Comentario – Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso
“Como venimos proponiendo desde Libertad y Progreso, el gobierno apuntó a una reestructuración base cero de la AFIP, es decir, eliminando el viejo organismo y creando uno nuevo, llamado ARCA. Acorde a la Ley de Empleo Público, este movimiento permite generar una estructura nueva e independiente del anterior, optimizando las funciones, organigramas y la dotación.
Si se hace bien, generará dos impactos positivos. El más obvio es el ahorro fiscal; recordemos que la AFIP tiene más de 21.000 empleados con un presupuesto que supera ampliamente los $2,5 billones. El segundo, y más importante, es que se abre la puerta a mejorar el funcionamiento recaudatorio y de fiscalización del organismo. Esto es fundamental para reducir el peso burocrático que hay sobre el sector privado en materia de trámites y generación de información para pagar impuestos. Y también todo lo que hace a la operatoria aduanera. Sin menospreciar que procedimientos más simples y claros son también más transparentes.
El caso de la AFIP abre la discusión sobre qué hacer con los 176 organismos descentralizados, desconcentrados, entes y empresas que componen el Sector Público Nacional. Varios de los cuales tienen funciones duplicadas con los ministerios o cómodamente podrían ser mejor provistas por el sector privado o las provincias”.
