Editor L&P
Buenos Aires, 28 de febrero de 2025
La Fundación Libertad y Progreso considera necesario pronunciarse sobre los graves hechos de violencia que se suceden en la Provincia de Buenos Aires. Es responsabilidad del gobierno provincial asumir el crecimiento de los delitos y su violencia en toda su jurisdicción.
Para abordar eficazmente esta crisis, es fundamental que las políticas públicas se diseñen con un enfoque basado en la realidad y en la defensa de los ciudadanos honestos, en lugar de centrarse en una perspectiva ideologizada que victimiza al delincuente y lo exime de responsabilidad.
Rechazamos la visión abolicionista promovida por el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, cuya doctrina ha debilitado el sistema penal, promoviendo la impunidad y socavando la confianza en la Justicia. Su enfoque, que minimiza la responsabilidad individual del criminal y justifica el delito como un producto exclusivo de la exclusión social, ha generado consecuencias nefastas en la seguridad pública.
Es imprescindible restablecer la doctrina de Cesare Beccaria, Sebastián Soler y otros juristas que han defendido un equilibrio racional entre el castigo y la prevención, garantizando penas proporcionales a la gravedad de los hechos. Como establece nuestra Constitución Nacional, las penas no deben utilizarse como venganza, sino como un mecanismo para proteger a la sociedad. Sin embargo, la impunidad y la reincidencia reiterada de los delincuentes muestran que el sistema actual ha fallado en este propósito.
La teoría del crimen de Gary Becker, Premio Nobel de Economía, ha demostrado que los delincuentes toman decisiones racionales, sopesando los beneficios del delito frente a los costos esperados, es decir, la probabilidad de ser capturados y la severidad del castigo. Cuando la Justicia es laxa y las penas son bajas o inexistentes, el incentivo a delinquir aumenta. Por lo tanto, si el Estado no impone un castigo proporcional y efectivo, la delincuencia seguirá en ascenso.
El principio de proporcionalidad debe restablecerse urgentemente: quien comete un delito debe recibir una pena acorde con la gravedad del mismo. La reiteración delictiva no puede seguir siendo tolerada con excusas sociológicas que desprotegen a los ciudadanos de bien.
Asimismo, para los delitos cometidos por menores, es necesario establecer un régimen diferenciado que contemple la reincidencia y evite que queden en libertad tras cometer crímenes graves. La sociedad no puede seguir siendo rehén de un sistema que permite que menores de edad se conviertan en herramientas del crimen organizado con total impunidad.
Por ello, consideramos indispensable fortalecer las fuerzas de seguridad provinciales con recursos, auditorías y respaldo institucional, garantizando que puedan cumplir su tarea de manera efectiva y dentro del marco de la ley.
El presidente Javier Milei ha sintetizado esta postura con una máxima clara y contundente:
“El que las hace, las paga.”
Es momento de que la Justicia y el Estado de derecho lo apliquen con firmeza para devolverle la seguridad a los argentinos.
