ÁMBITO FINANCIERO.- Las expectativas sobre el crecimiento del nivel de actividad para este año empiezan a diluirse y no es raro. Brasil se está recuperando, pero las exportaciones siguen evolucionando muy pobremente. Cuando se levante la cosecha funcionará como una transfusión de sangre a un paciente en terapia intensiva. Se lo verá algo más rozagante por un tiempo, pero en la medida que no se lo cure, la enfermedad volverá a primar deteriorando su estado.
El problema de fondo es el impacto del cepo y del proteccionismo en la competitividad de nuestros empresarios. Actualmente, el Gobierno les reconoce a quiénes producen bienes exportables un dólar que es el 65% del valor real. Es decir, les sobrevalora el peso que les entrega en más del 50% y dado que esta diferencia se ampliará, este porcentaje será mayor al 66% para finales de año. En tanto, los costos de las empresas subirán según la verdadera depreciación del peso, que no se refleja en el tipo de cambio oficial.
Además, hay que sumar la pérdida de productividad que han enfrentado todas las empresas que tuvieron que sustituir importaciones por insumos locales más caros y/o de menor calidad. En una palabra, Brasil puede incrementar su demanda de productos del exterior; pero nuestros productores estarán cada vez en peor condición de proveerles lo que necesitan a una relación precio/calidad competitivos. Dado que esto sucederá con todos nuestros compradores externos, veremos que cada vez más industrias, economías regionales y áreas agropecuarias marginales tendrán dificultades para poder producir y colocar sus bienes, quedando afuera de los mercados internacionales.
Seguramente, antes de las elecciones, el Gobierno intentará impulsar la demanda interna con una política fiscal expansiva. La realidad es que, luego del desmanejo fiscal de 2012 (más de $ 4.000 millones de déficit primario) y sin crédito externo, el margen que tiene es menor. La mayor parte de lo que pueda aumentar el gasto público deberá fondearse con impuesto inflacionario, mayor presión tributaria o crédito interno, es decir saldrá del bolsillo de alguien que dejará de consumir o invertir. En economía, la magia no existe, aunque algunos del Gobierno crean que se puede crear riqueza por decreto o con una resolución de algún funcionario de tercera línea.
Es posible alguna mayor inversión estatal con recursos provenientes de las reservas internacionales; lo que volverá cada vez menos solvente al Banco Central, cosa que sabemos cómo termina. En tanto, es poco el aporte que podrán hacer las administraciones provinciales y municipales. En su mayoría, todavía no salieron del ahogo financiero en el que se metieron con los excesos de erogaciones electorales de 2011. Puede que se recupere algo la construcción privada, contra un pésimo 2012 y de la mano de algunos ahorros que no tienen forma de pasarse a activos extranjero. Las empresas aportarán solamente la inversión que sea necesaria para mantenerse operativa o la que surja de la oportunidad de comprar activos fijos a un “dólar oficial barato”. En tanto, el capital del exterior no estará muy dispuesto a asomar por estas costas; ya que les pagarán por las divisas que traigan menos del 65% de su valor y, después, nadie les garantiza que puedan llevarse las ganancias que obtengan con su negocio.
A todo lo anterior, hay que sumarle el “congelamiento” de precios. Las cadenas de comercialización condicionaron su cumplimiento a que los proveedores mantengan el valor de sus productos. Sin embargo, éstos tendrán que enfrentar aumentos de sueldos que rondarían, en promedio, un 25%. Los insumos importados se moverán al son de un tipo de cambio oficial que se incrementará a una tasa de alrededor del 20%, mientras que sus proveedores locales se encontrarán con las mismas presiones al alza de sus costos que sus clientes. A todo esto, cabe sumar algunos otros precios que no son regulables o que podrían quedar libres para modificarse, como los de los combustibles.
Febrero es un mes cuya estacionalidad de suba de precios es baja, por lo que resultaba manejable sostener los precios. En marzo, la inflación suele incrementarse pero, por un mes, podía esperarse que el congelamiento se cumpliera. Claro, la pregunta era cuánto aumentarían los precios en abril y, la respuesta: todo lo que tengan que subir ese mes más lo que no se incrementaron antes. La solución oficial, parece, será “patear” el problema a julio, pero para esa fecha el desajuste será mucho más grande, en vez de uno o dos puntos porcentuales, serán alrededor de cuatro. Por ende es posible pensar que a algún funcionario “iluminado” se le ocurra que hay que sostener el congelamiento hasta después de las elecciones. Lo que implicará una posterior corrección de más de 6 puntos porcentuales.
Otro resultado será una creciente escasez de productos. Por su parte, las empresas tenderán a producir menos, para reducir costos y moderar la pérdida de ganancias que deriva de no poder actualizar sus precios. La naturaleza del “congelamiento” es la misma que la del “cepo”, tratar de ocultar la depreciación del peso que se genera por la necesidad de exprimir al Banco Central para financiar excesos de gastos del sector público. En el primer caso, tratan de que el impuesto inflacionario no se note en los precios de las góndolas y, en el segundo, que no se refleje en el tipo de cambio oficial. Sin embargo, la realidad siempre se impone.
*PUBLICADO EN ÁMBITO FINANCIERO, VIERNES 22 DE MARZO DE 2013.
