Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
EL CRONISTA.- En el embrollo en que estamos deben destacarse telegráficamente cuatro aspectos clave. Primero, el discurso patotero de nuestros gobernantes, no solo en las tribunas locales sino en el atril de organismos internacionales alegando extorsiones, fallos desquiciados en el contexto de la terminología de los “fondos buitre“. Respecto a esto último, debe precisarse que son tenedores que han adquirido lícitamente títulos que pretenden cobrar y, como una consecuencia colateral, han salvado, por ejemplo, a jubilados europeos que no podían esperar. Sostener lo contrario es no saber qué es el mercado ni qué significa cumplir con la palabra empeñada.
Segundo, debe revisarse cuanto antes irregularidades en la contratación de deudas, que como se ha señalado, incluyen préstamos de la banca central que no pasaron por el directorio, otras que no contaron con la aprobación del Congreso, hubo empresas estatales que contrajeron deudas cuyo producto fue retenido por el BCRA al efecto de la política cambiaria y también se estatizó deuda privada, todo lo cual no es un pretexto para no honrar compromisos contraídos sino para castigar a los responsables de los ilícitos.
Tercero, independientemente de los trascendidos y las compadradas, cuando se habla de negociar a raíz de la visita convenida al facilitador que sugirió el juez de Nueva York, el intercambio de ideas debe circunscribirse a la forma de pago la que sería importante que fuera luego de diciembre del corriente año a los efectos de que no se dispare la cláusula RUFO tal como aparentemente propone el gobierno (nunca se sabe cuando se mezcla el vociferar con lo profesional).
Y cuarto, el tema más importante que se refiere al debate sobre el concepto mismo de la deuda pública sobre cuya propuesta ya me he explayado en otras ocasiones que, a su vez, implica la revisión de la idea convencional de servicios públicos y la comprensión que intervenir en áreas inviables inexorablemente las expande debido a la correspondiente operación antieconómica, lo cual no significa que el aparato estatal esté inhibido de decidir sobre la forma de administrar sus pasivos.
En todo caso, el tema es que el agente teóricamente encargado de proteger y garantizar derechos se ha convertido en una máquina infame de gastos públicos astronómicos, impuestos insoportables, deudas siderales y regulaciones absurdas y asfixiantes que deben ser limitadas severamente si queremos vivir en una sociedad abierta.
Y eso no va solo para nuestro país sino que abarca la mayor parte de las naciones europeas y Estados Unidos. Para este último caso, son muy recomendables los libros recientes de David Stockman, Bill Bonner y Peter Schiff donde se consignan los peligros que se avecinan en el otrora baluarte del mundo libre si no hubiera una rectificación de gran calado.
