Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
PERFIL.- ¿Cómo definir hoy el progresismo? Es difícil, ser calificado de progresista está bien visto por nuestra sociedad y hasta el actual gobierno en algún momento se apropió de la palabra. Nadie podría disentir que desde una visión progresista las condiciones de un individuo al nacer no deberían limitar sus posibilidades durante el resto de su vida. El Estado tendría un claro rol: generar las condiciones para que sea el esfuerzo de cada ser humano la única variable que ponga límite a sus aspiraciones, independientemente de su cuna.
Por ejemplo, al lanzar su candidatura, Margarita Stolbizer exclamó: “Quiero ser presidenta para levantar las banderas del progresismo que no se negocian. Vamos a volver a llenar de contenido la idea de progresismo que tanto se ha bastardeado”. Al respecto, en una posterior entrevista expresó su preferencia por “priorizar la democracia como garantía de derechos sociales, (…) por eso nuestros dos pilares son igualdad y decencia, algo de lo que no hablan los demás”.
Igualdad y decencia, o mejor dicho, quiero creer, igualdad de oportunidades, no de resultados. De ser así la declaración de Margarita Stolbizer satisface mi caracterización de progresismo, descartando la decencia, la cual debería ser un atributo común de todo candidato.
Igualar oportunidades, ¿cómo lograrlo sin el acceso más inclusivo posible a una adecuada educación? Es claro que la educación debería ser parte de toda propuesta progresista. Ejemplo de ello lo encontramos en las declaraciones de la diputada Victoria Donda, reportadas en la web del Movimiento Libres del Sur. Donda, quien buscará renovar su banca acompañando la candidatura de Stolbizer, señala: “Hablamos de democracia participativa, lucha contra la pobreza, acceso a la educación y salud de calidad, y a condiciones de vida dignas. Estas metas que hoy son solamente parte de un relato falaz e inescrupuloso, son los pilares en donde se debe asentar una propuesta progresista”.
Igualdad de oportunidades, acceso a la educación, dos conceptos de utilidad para realizar un sencillo test en cuanto al nivel de progresismo educativo de cualquier candidato a un cargo electivo.
En junio pasado el gobernador de Nevada, Estados Unidos, convirtió en ley una legislación aprobada por el congreso de tal Estado, que crea el Programa de Cuentas de Ahorro para Educación (ESA). Como sintetiza la web del Cato Institute, “cuando un padre residente en el Estado decida retirar a su hijo de la escuela pública a la que ha sido asignado, el Estado tomará el 90% del costo promedio de educar a un niño en Nevada y lo depositará en una cuenta de ahorro con fines determinados, para que la familia lo utilice ya sea para pagar parte o la totalidad del costo de educación en una institución privada, o para adquirir una amplia variedad de productos y servicios educativos, tales como libros de texto, terapia educativa, tutores privados en caso de necesitarlos, etc. Los estudiantes de familias de bajos ingresos o con necesidades especiales recibirán el 100% del importe”. Se agrega que “el programa, en la actualidad, está dirigido a estudiantes que hayan asistido a escuelas públicas al menos cien días en el año anterior, pero se estudia en la Legislatura extenderlo a la totalidad de los estudiantes”.
Ninguna familia podría estar peor por tener más alternativas para educar a sus hijos, independientemente de sus restricciones económicas. Una ley de estas características otorga una mayor igualdad de oportunidades que el status quo, por lo cual debería ser calificada de progresista.
¿Por qué no preguntarles a nuestros candidatos a legisladores si estarían dispuestos a apoyar una legislación similar? ¿Por qué no preguntarles a los candidatos a presidente si estarían dispuestos a convertirla en ley?
Un ejercicio como el propuesto nos permitiría discriminar entre candidatos que no dudan en denominarse progresistas, frente a una realidad en la cual hasta el actual gobierno
intentó apropiarse de dicho adjetivo calificativo.
Por Edgardo Zablotsky, publicado en diario Perfil.
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