Consejero Académico de Libertad y Progreso
En su tradicional odio al rico, que en verdad es puro odio a la libertad, Izquierda Unida ha propuesto limitar el salario máximo en España a diez veces el mínimo, es decir, nadie podrá ganar más de 6.500 euros al mes. Planteó otras recomendaciones desatinadas, como la jornada de 35 horas semanales obligatoria por ley, como si el empleo fuera una tarta que cupiese repartir a placer; o recuperar la indemnización de 45 días, como si el intervencionismo heredado de la dictadura franquista hubiese sido útil para los trabajadores en vez de haber contribuido a limitar la contratación; o cambiar el Estatuto de los Trabajadores para incorporar el “trabajo digno como derecho”, como si el empleo y la dignidad provinieran de la coacción política y legislativa.
Pero quiero centrarme hoy sólo en el envidioso salario máximo, que IU justifica así: “hay que limitar los salarios si queremos una redistribución real de la riqueza”. Veamos. ¿Quiénes “queremos”? Mientras el antiliberalismo recurre a la retórica colectivista para sugerir que somos todos los que queremos redistribuir, es evidente que no es así. Cabe, en cambio, establecer criterios redistributivos más realistas, tales como: las personas muy rara vez quieren redistribuir ilimitadamente lo que es suyo, mientras que les suele resultar atractivo redistribuir lo ajeno. Si esto es así, entonces “redistribuir” no significa que las personas entreguen voluntariamente una parte de sus bienes a causas colectivas nobles: significa, en cambio, que el poder político arrebata a las personas lo que legítimamente les pertenece para entregarlo a quienes no les pertenece. Y desde luego es absurdo afirmar que todos “queremos” eso.
Pero, además, incluso si lo quisiéramos, lo que es erróneo es concluir que esa redistribución se logra poniéndole un techo al salario de los trabajadores. Lo que esa medida lograría, suponiendo que se aplicara, sería empobrecer al conjunto de la sociedad.
También vi un anuncio de la “Coalición Electoral Recortes Cero – Los Verdes”, con este encabezamiento: “Por un cambio de verdad. Por la redistribución de la riqueza”. Otra vez, se les ocurrió a estas luminarias limitar el salario: nadie cobrará menos de 1.000 ni más de 10.000 euros por mes. Aquí también había más recomendaciones disparatadas, desde la subida del tipo máximo del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) al 75 % hasta la creación de “un gran banco público estatal”. Pero me quedo con el razonamiento que avalaba la limitación salarial: “Hay que redistribuir salarios, elevando el poder adquisitivo de la mayoría para que aumente el consumo y se reactive la demanda interna”. Llamo a esto la macro cañí. Si el consumo y la demanda animaran el crecimiento económico y el empleo, jamás habría habido crisis, porque antes del 2007, como se recordará, hubo mucho consumo y mucha demanda interna.
Por fin, nótese que estos progresistas, grandes enemigos de “los recortes”, tienen como centro de sus medidas, precisamente, recortar los bienes y derechos de los ciudadanos.
