Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
La administración de Cristina Kirchner le ha dejado al Presidente Mauricio Macri sesenta programas sociales. Según señala Marcos Hilding Ohlsson, economista de la Fundación Libertad y Progreso, “en 2013, el monto de los mismos ascendía a $ 74.370 millones, en 2014 a $ 120.573 millones y en 2015 a $ 157.209 millones”. El total de beneficios otorgados este último año fue de 18.244.436, aunque, como aclara Ohlsson, “la cantidad de beneficiarios podría ser menor porque una persona puede percibir más de un plan social”.
Al respecto, en noviembre pasado, casi al término de la larga campaña electoral, Macri afirmó que “los planes sociales no son un regalo sino un derecho adquirido y no los vamos a sacar”, pero también aclaró que “lo más importante es que vamos a poner en marcha el país y la gente va a poder acceder a un trabajo digno”.
Esta posición sobre el asistencialismo tiene una larga tradición. Ya la encontramos hace más de 800 años en el pensamiento de Maimónides, quien propuso una escala de ochos grados para la filantropía. En su nivel más bajo se encuentra “dar una limosna de mala gana o porque se la ha pedido”, lo cual podemos asociar con muchos de nuestros planes sociales; y en el más alto “dar a un pobre los medios para que pueda vivir de su trabajo sin degradarlo con la limosna abierta u oculta”, relacionado con la posibilidad de acceder a un trabajo digno.
Sin embargo, el sólo poner en marcha el país no garantiza que muchos beneficiarios puedan reinsertarse en la sociedad productiva, dada su carencia del capital humano necesario para ello. Ese es el eslabón que nos falta construir.
¿Cómo lograrlo? El Premio Nobel de Economía Eric Maskin nos da una posible respuesta. Durante una conferencia llevada a cabo en el marco del XXV Seminario Anual del Consorcio de Investigación Económica y Social de Lima, Perú, en noviembre 2014, Maskin afirmó que “los programas sociales pueden proteger de los efectos de la pobreza extrema pero este efecto es de corto plazo, no va a reducir el problema a largo plazo”. Es claro que la evidencia de nuestro país es consistente con esta apreciación.
¿Cuál es en su opinión la solución para el problema de la pobreza y la desigualdad en el largo plazo? Educación y entrenamiento laboral es su respuesta. En sus propias palabras el diagnóstico es unívoco: “La población que no tiene capacitación queda marginada o detrás de los trabajadores que sí están capacitados”. De igual forma, la solución también lo es: “La población debe tener los medios para ganarse su propio sustento y los programas sociales pueden ayudarles a llegar a ese punto dándoles asistencia, educación y capacitación laboral”.
Educación y capacitación laboral, ese es eslabón que debemos construir. Proveer de capital humano a los beneficiarios de planes sociales, más allá de facilitar su inserción en el mercado laboral, contribuirá a su exitoso desarrollo en el mismo, eliminando para siempre la necesidad de asistencia del Estado. ¿Qué mejor política social?
