LA NACIÓN – Año par es de restricción y año impar es de expansión. Siguiendo al pie de la letra ese axioma político, y con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, el Gobierno decidió destinar para la obra pública en este 2017 un monto mayor que el asignado en 2016. En efecto, según surge del presupuesto nacional, para este año toda la obra pública financiada por el Estado demandará una cifra de $ 185.080,50 millones, un incremento de 32,1% respecto del ejercicio anterior.
Un análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), consigna que el monto destinado este año a la obra pública representa 2,21% del producto bruto interno (PBI). “El rubro que presenta la variación más significativa es la inversión real directa, que asciende a $ 65.474,6 millones y representa un 30,4% del total de los gastos de capital, incrementándose respecto de 2016 en un 38,7%. Las transferencias de capital son de $ 133.805 millones (66,2% del total, aumentando un 37%)”, se detalla en el trabajo.
Rafael Flores, presidente de la ASAP, dice que hay una apuesta del Gobierno a empujar la recuperación de la economía a través de la obra pública. “El gran desafío va a ser ejecutar estos montos, porque en 2016 hubo un problema de subejecución muy grande de obra pública. Está bien que a principio de año se hizo toda una revisión de lo que venía de la administración anterior, pero después no se pudo recuperar el ritmo adecuado”, explica el especialista.
Para Ariel Coremberg, coordinador del Centro de Estudios de la Productividad Arklems de la UBA, la obra pública es la punta que tiene el Gobierno como para poder reactivar la economía. “Se tardó en poner en marcha, porque se venía con un año en el que la gestión kirchnerista ya había parado la obra pública y además se trató de hacer todo de un modo prolijo, revisando cada aspecto”, comenta el economista. “Ahora, este empuje es una medida típicamente keynesiana”, acota.
Según Coremberg, aumentó la incidencia de la inversión real directa y las transferencias de capital, con lo cual se ve que el Gobierno prioriza los gastos en obra pública. “El aumento de lo destinado a estos rubros va por encima de lo que se estima de inflación y, sobre todo, por encima del promedio del gasto público normal”, analiza el especialista.
Ahora bien, dentro de ese caudal de obras públicas, ¿cuáles serán las más importantes? Los proyectos con mayor asignación de crédito (ver infografía) corresponden a: mejora integral del Ferrocarril Roca – Ramal Constitución – La Plata (Ministerio de Transporte, $ 2999,8 millones); mejora del Transporte en el Área Metropolitana (Ministerio de Transporte, $ 2392,3 millones); construcción de Reactor RA-10 (Ministerio de Energía y Minería – Conea $ 1682,2); construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentación -Tramo I Acceso Oeste-Autopista Buenos Aires La Plata (Ministerio de Transporte – Dirección Nacional de Vialidad $ 1284 millones) y Ruta Nacional N° 22 Chinchinales – Neuquén (Ministerio de Transporte – DNV $ 1196.
“Como en años anteriores, se observa un marcado predominio de las obras viales, aunque se prevén proyectos de envergadura referidos a misiones satelitales, infraestructura penitenciaria e hídrica, entre otros”, precisa el informe de la ASAP.
En el proyecto de presupuesto 2017 se incluyeron 1130 iniciativas por un total de $ 51.275,9 millones. En comparación con 2016, estas cifras reflejan una disminución del 41,3% en la cantidad de proyectos de inversión (que en 2016 eran 1928), pero al considerar el monto total se observa un incremento del 48,4% (los proyectos en 2016 ascendieron a $ 34.547,7 millones).
De los proyectos que concentran el 50% de los créditos, la mayor parte corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Además de los ya mencionados, se prevén otros proyectos de envergadura como obras en distintos corredores viales de seguridad, refuerzo y reacondicionamiento de infraestructura ($ 2585,9 millones), obras en la Ruta Nacional N° 8 Autopista Pilar-Pergamino-Varios Tramos ($ 1130,9 millones), dos proyectos en diferentes tramos de la Ruta Nacional N° 52 ($ 790,8 millones), tres proyectos en la Ruta Nacional Nº 7 ($ 1045,4 millones), dos obras en la Ruta Nacional Nº 18 ($ 712,9 millones), entre otros.
En el caso del Ministerio de Transporte, los proyectos más importantes, además de los mencionados precedentemente referidos a la mejora del Ferrocarril General Roca ($ 2999,8 millones) y la mejora del transporte en el área metropolitana ($ 2392,3 millones), se destacan el Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos ($ 618,4 millones), la Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional-Ramal C 15 – Fonplata ($ 334,6 millones) y Desarrollo e Implementación de Ciclovías y Bicisendas ($ 200 millones).
Asimismo, según Flores, hay obras, como las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, que no están consideradas en este total previsto por el presupuesto nacional, porque figuran como adelantos a proveedores. “Ésta era una modalidad que en la jerga se conoce como presupuestar por debajo de la línea y que viene dado por lo que hacía el gobierno anterior”, aclara el directivo de la ASAP.
Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, el Gobierno debe continuar con obras que vienen de la administración anterior y que estaban subejecutadas. “Para 2017 se observa que se ha reducido notablemente la cantidad de los proyectos de obra previstos con créditos de $ 100.000 o inferiores respecto de 2016 (32 proyectos en 2017 vs. 285 en 2016). Ello significa que, en función del financiamiento disponible, se han priorizado los proyectos que ya se encontraban en ejecución indispensables para reponer y ampliar la capacidad productiva del Sector Público”, dice el informe de ASAP.
Pero también hay un sesgo muy claro hacia obras que tienen que ver con la infraestructura vial, vital para transportar la producción del país. “Si se hubiera ejecutado como es debido anteriormente, ahora sólo habría que hacer mantenimiento”, opina Coremberg.
Un punto importante, a favor de la estrategia del Gobierno, es que el recupero fiscal de la obra pública es un 40%, lo que quiere decir que si el Estado pone $ 1000 en obra pública le vuelven $ 400 en impuestos. ¿Por qué? La obra pública paga IVA, los proveedores también, contribuciones patronales de la mano de obra, salarios que consumen, etcétera…
¿Cómo se va a financiar toda esta obra pública? “La verdad que se va a financiar todo con deuda, porque con el déficit primario que se espera no queda otra salida”, responde Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso. “Cuando asume Cambiemos la infraestructura estaba destruida, por lo que un plan ambicioso en este aspecto era algo auspicioso. Pero después viene la cuestión de cómo se consigue el dinero para eso, porque la plata no crece en los árboles”, agrega.
Según Abram, la deuda la va a tener que ir a buscar afuera. “La ventaja de eso es que el riesgo de los bonos que se colocan afuera por parte del Estado es mucho menor, por lo cual es un poco más barato”, afirma el economista.
Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dice que normalmente la obra pública se financia con crédito. “En los últimos años, como el endeudamiento era muy caro (porque el país estaba en default) y había enfrentamiento con los organismos multilaterales de crédito, la obra pública se financió con rentas generales, es decir lo que entraba por la recaudación tributaria”, concluye el economista.
Entre los organismos internacionales de crédito a los que se puede recurrir están el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Confederación Andina de Fomento.
La apuesta ya está hecha: más obra pública para reactivar la economía. Ahora falta saber si esa estrategia será ejecutada como es debido y si no sucederá como en años anteriores, donde reinó la subejecución.
