Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
EL ECONOMISTA – Al presentar los resultados de la evaluación Aprender y anunciar el envío al Congreso del proyecto de ley para el Plan Maestro, Mauricio Macri se refirió a la escuela pública con una frase que despertó una fuerte polémica. El Presidente, casi al inicio de su exposición, subrayó la diferencia de resultados entre los alumnos de las escuelas públicas y los de escuelas privadas, señalando que había una terrible inequidad entre “los que pueden ir a escuela privada y aquel que tiene que caer en la escuela pública”.
Por su parte, Esteban Bullrich, el ministro de Educación, defendió en declaraciones televisivas la ya famosa frase: “La gente hoy cae a la escuela estatal porque si puede elegir se va de la escuela estatal por los paros”.
¿Cómo enfrentar la supuesta terrible inequidad entre los niños que pueden concurrir a una escuela privada y aquellos que tienen que “caer” en la escuela pública, dado que la realidad económica de la familia convierte a la educación pública en su única posibilidad?
Es sencillo. Utilicemos una ilustración que hoy nos facilita el funcionamiento de la Cámara de Senadores. Por mes, y aparte de la dieta, cada uno de los senadores recibe 20 pasajes aéreos y otros tantos terrestres. Los pasajes que no se usan se pueden canjear por dinero, lo que significa un ingreso adicional que se suma a su salario. Dicha práctica podría modificarse en cuanto a su implementación, de aprobarse un plan que se discute entre los distintos bloques del Senado, que permitirá a los senadores seguir canjeando por dinero los pasajes pero sólo durante el mes en que fueron emitidos.
Es claro que la discusión es irrelevante. Por supuesto, numerosos senadores hacen uso de su derecho a canjear pasajes por dinero en efectivo, incrementando de esa forma su salario. Es lógico asumir que cualquier senador prefiere esta flexibilidad a no tener otra opción que utilizar los pasajes o perder el valor de los mismos.
¿No tomaría usted la misma decisión? Yo sí. Preferiría, sin dudas, recibir un subsidio, gastar parte de él en los pasajes aéreos que requiriese, a la tarifa más económica a la que pudiese acceder, y el resto lo aplicaría a la adquisición de otros bienes que desease o al ahorro.
La conducta de los senadores es por completo racional. Nunca nadie puede estar peor por recibir un subsidio en efectivo y gastarlo a su libre albedrío. Sin embargo, el resto de los ciudadanos carecemos de esta misma flexibilidad en diversas instancias. La educación nos provee un nítido ejemplo.
En los últimos años muchas familias han optado por enviar sus hijos a escuelas privadas, a pesar de la existencia de la educación pública gratuita, aún en barrios muy humildes.
Es claro que cada ciudadano que toma esta decisión debe pagar dos veces por la educación de sus hijos, una a través de sus impuestos y otra a través del pago a la escuela elegida, dado que no cuenta con el mismo derecho que un senador.
Si los senadores tienen el derecho a elegir el uso que le dan al subsidio mencionado, ¿por qué el resto de los ciudadanos no tenemos derechos similares? Si le preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un subsidio que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a su hijo, ya sea pública o privada, su respuesta debería ser tan obvia como lo es la conducta de los senadores.
Nadie podría estar peor por tener la posibilidad de elegir. Todo padre que desease optar por una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus restricciones económicas, podría hacerlo y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.
Repito: si nuestros senadores tienen el derecho a determinar el uso que le asignan a un subsidio de 20 pasajes aéreos, ¿no es razonable que los padres de niños en edad escolar tengan un derecho similar respecto de la escolaridad de sus hijos?
Es claro que con esta simple política desaparecía cualquier supuesta inequidad, pues ningún niño “caería” en una escuela pública por no tener otra alternativa, dada la situación económica de su familia. ¿No sería razonable que algún senador lo proponga?
