Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CLARÍN – Diecisiete días de paro sobre los primeros 26 de clase. El ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires en realidad no ha comenzado. ¿Quién puede imaginarse que concurrir al colegio un día sí y otro no puede considerarse adecuado para tomar clases?
Mientras tanto, los resultados de la Evaluación Aprender muestran una vez más que se malgasta una fortuna en educación, preservando un sistema que consume los aportes de los contribuyentes pero lejos está de proveer educación de calidad para todos.
Para muestra basta un botón. ¿Quién no se ha horrorizado al enterarse que el inusitado ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires cuesta a los contribuyentes 14.300 millones de pesos anuales en suplencias?
Por ello propongo gastar menos en educación, mejorando a la vez el vergonzoso nivel que cualquier evaluación testimonia, y utilizar los recursos liberados del faraónico entramando, gestado a través de años, para enfrentar el flagelo de la desnutrición infantil.
Mal podemos hablar de igualdad de oportunidades en el país si no contamos con un niño cuyo cerebro sea capaz de recibir educación y ello es imposible si no ha tenido una adecuada alimentación durante sus primeros años de vida.
Cuenta el Dr. Fernando Monckeberg, pionero de la lucha contra la desnutrición infantil, que en la década del 50, Chile tenía los peores indicadores de la región. Hoy el fundador de Conin en Chile se enorgullece en señalar cómo “la mortalidad infantil pasó de 180 a 7 cada 1.000 niños nacidos vivos y la cantidad de muertes en menores de 15 años se redujo del 48% a menos del 1%”.
En nuestro país, un informe de la Universidad Católica reporta que “la mitad de los niños padece de alguna forma de malnutrición antes de cumplir los dos años”. Carece de sentido hablar de una revolución educativa frente a esta realidad.
Gastar menos en educación y más en enfrentar la desnutrición infantil, pero mejorando los servicios educativos que reciben quienes menos tienen, constituye la llave del reino para el desarrollo de la Argentina en un marco de mayor equidad.
Es hora de que el Estado deje de financiar a la oferta educativa, es decir a las escuelas, a través de un sistema absolutamente burocratizado que sólo defiende los intereses de los sindicatos docentes y de la estructura que está detrás de nuestra educación pública.
Propongo que financie directamente a la demanda, a los padres. De este modo, se lograría mejorar considerablemente la eficiencia en el gasto educativo, se podrían evaluar mejores resultados y los recursos liberados se deberían emplear en la lucha contra la desnutrición infantil.
No existen recetas mágicas. Sería absurdo realizar esta propuesta para un país en el cual la educación pública cumple su cometido como lo es Finlandia. Pero la Argentina no es Finlandia. ¿Por qué cuesta tanto admitirlo?
