El Economista ALDO ABRAM no es desconocido para los lectores de ENFOQUES POSITIVOS, por cuanto siempre que es convocado a responder las preguntas que el Portal le formula, ante tantos y tan inquietantes problemas que se generan en esa materia, él está brindando respuestas muy acertadas, concretas y sensatas. Es su estilo.
En esta ocasión se agradece mucho su participación, ante las dudas que se manifiestan en el público, al ver que el gran cambio que en Economía también se esperaba, de parte del nuevo Gobierno, tarda en implementarse. Claro que lo mismo le sucede a Cambiemos en la Política, pero ese es otro tema, del que asimismo mucho se habla en el Portal …
Nuestro entrevistado de hoy también fue, como otros pocos especialistas, un buen pronosticador, cuando transcurrían los últimos años del kirchnerismo, acerca de lo que sucedería en la Argentina. ALDO ABRAM es además, Director de la Fundación LIBERTAD y PROGRESO.
A continuación, el texto de la entrevista:
P: Una de las críticas más frecuentes escuchadas con respecto al estilo de conducción económica que imprime MAURICIO MACRI a su Gobierno, está referida a la importante cantidad de Funcionarios en que se dispersó la toma de decisiones de ese área. ¿Qué opina usted al respecto?, ¿Sabe si habrá cambios allí próximamente, reducciones de cargos?:
R: “En líneas generales, hay economistas que prefieren que la tarea de Hacienda, Finanzas y Economía se maneje en forma concentrada. Si uno mira la historia argentina, todas y cada una de las crisis tuvieron su origen en un exceso de gasto público que, al no poder ser cubierto con los ingresos corrientes, terminan financiándose con deuda, derivando en defaults, o con el Banco Central, llevando a la quiebra de éste y a situaciones como las que vive Venezuela en la actualidad o a hiperinflaciones como las argentinas de fines de los ´80. Por eso, prefiero un Ministerio de Hacienda y Finanzas que tenga dominancia sobre todo lo que atañe a la autorización de gastos, su financiamiento y la estructura del Estado; por lo que los Ministerios de Modernización y el de Infraestructura tendrían que ser secretarías a su cargo. Por otro lado, debería estar el Ministerio de Economía y, en su órbita como secretarías, Energía, Agroindustria, Comercio, Industria, Minería, Transportes, Ambiente y Desarrollo Sustentable. De esta forma, la administración de la cosa pública y los recursos de los contribuyentes quedaría en manos de un Ministerio que podría controlar los gastos, subsidios o bajas de impuestos discrecionales de otras áreas del Estado, priorizando el funcionamiento eficiente de su estructura. Hoy los Ministerios sectoriales compiten por conseguir beneficios para el desarrollo de su sector, sin preocuparles si eso perjudica a otros o desequilibra las cuentas del gobierno. Al depender todos de Economía, cuando un secretario pida algo para su sector que pueda afectar a otros, deberá enfrentarse con los secretarios de estos últimos; lo que establece controles cruzados que evita que se tomen malas decisiones.
Es probable que, luego de las elecciones legislativas se tomen algunas medidas para fusionar ministerios; aunque veo difícil que se llegue a lo que estoy proponiendo. Es probable que siga dividido Hacienda y Finanzas y que sobrevivan algunos Ministerios sectoriales”.
P: También, los más escépticos, temen que determinadas medidas económicas conduzcan a que el país se complique en cuanto a ciertos índices, y se pierda la confianza desde el exterior. ¿Usted visualiza riesgos en el empleo, que se generen demasiadas deudas, o que se desalienten las inversiones?
R: “El mayor riesgo de la Argentina tiene que ver con la solvencia fiscal y con la del Banco Central, que pone en situación complicada al país para enfrentar cualquier shock externo. Si esto último sucediera durante el actual período presidencial, el alto déficit y los fuertes vencimientos de deuda de Estado y el Banco Central no podrían ser cubiertos con nuevas colocaciones de deuda. Esto podría significar la necesidad de que la autoridad monetaria emita para cubrir buena parte de esos vencimientos, en un momento en el que estaría bajando la demanda de peso, provocando una fuerte baja de su valor. Por ende, el tipo de cambio subiría con el riesgo de espiralizarse en un círculo vicioso de alza, incentivando menor demanda de moneda y depreciándola aún más; lo que derivaría en nuevas bajas de la preferencia de atesoramiento y así sucesivamente. Esta dinámica es sumamente difícil de frenar en medio de una crisis internacional. En un país con el prontuario de la Argentina, muchos descontarán que puede llegarse a un punto en el que la deuda no se pueda pagar o se termine en una hiperinflación. Por eso, siempre consideramos que había que ser mucho más austero con el alza del gasto público y que el Banco Central no debería financiar al Estado, ni sostener el tipo de cambio comprando reservas y abocarse exclusivamente a cumplir las metas de inflación. Si esto se hubiera hecho así, no habría acumulado el enorme pasivo remunerado actual.
El otro problema es la alta presión tributaria en los tres niveles del Estado, que hoy nos ubica en el puesto 12 entre los que más exprimen con impuestos a las empresas y en el segundo con mayor carga impositiva sobre sus ganancias. Es evidente que esto no es un punto a favor para que los empresarios locales y extranjeros inviertan en el país; por lo que es lógico que aún no lluevan los capitales de largo plazo y solamente lleguen los financieros. Para resolver este tema, el gobierno tiene que encarar una fuerte reducción del gasto público nacional y su estructura, generando incentivos para que las provincias y municipios hagan lo propio. Por el momento, no hay grandes avances en ese sentido; aunque es probable que se busque una mayor austeridad en el aumento de las erogaciones del Estado Nacional en 2018.
Nuestro diagnóstico es que el Estado hoy no sólo es impagable, sino inútil para cumplir las funciones que le competen. Por eso, lo que proponemos es una reforma del Estado de shock. Determinar qué Estado podemos pagar y qué funciones debería cumplir, para luego diseñar una estructura que cumpla eficientemente con esos objetivos. Dado que mucha gente quedará sin una tarea, en su reubicación es donde hay que aplicar la gradualidad. Es decir, se implementa la reforma inmediatamente y, legalmente, al suprimirse un cargo, el empleado queda en disponibilidad; por lo que debería pagársele un monto cercano al sueldo por dos años, aunque no trabaje. Al mismo tiempo, hay que generar oportunidades para que sea absorbido por el sector privado. Por ejemplo, se les propone a los empresarios que tomen a estos trabajadores y por dos años el Estado se hará cargo de los aportes patronales; por lo que ellos ganan. El empleado, si acepta el puesto, es porque estará mejor. El Estado se ahorra el sueldo bruto de dicha persona y la sociedad gana porque esta persona que antes cobraba un sueldo por un trabajo que no le era útil a nadie, ahora pasa a producir bienes o servicios incrementando la riqueza y bienestar del conjunto.
El concepto es el mismo que el que se aplica cuando uno tiene que reflotar una empresa en convocatoria, se hacen los ajustes necesarios para demostrar la vocación de cambiar de rumbo y, eso genera el financiamiento necesario para aliviar los costos de esa reestructuración. En un país con el prontuario de mal manejo de las cuentas públicas, es poco probable que alguien esté dispuesto a hacer una gran apuesta sin ver las cartas.
Como para el gobierno nacional el mayor problema de exceso de gasto y empleo público está en las provincias es probable que se intente ponerlas en caja con una ley de Responsabilidad Fiscal. El problema es que hubo dos normas similares en el pasado que fracasaron y no parece que haya ningún factor que garantice que ésta nueva versión no lo hará.
En nuestra opinión, la única solución para ordenar las cuentas públicas de las provincias es eliminar la Coparticipación Federal, que incentiva el malgasto, dado que la Nación paga el costo político de determinar y recaudar los impuestos y las provincias tienen el beneficio de las erogaciones. La idea sería ir a un verdadero federalismo fiscal, donde la Nación recaude ciertos impuestos con los que se financie y las provincias recauden otros para ellas. Dado que hay provincias que no tienen capacidad de autofinanciarse, se propone que el impuesto a los Combustibles vaya a un fondo que compense a las mismas, de tal forma que en el momento de su implementación nadie gane ni pierda con el cambio. A partir de allí, cuanto mejor sea recaudando cada administración, más tendrá para gastar. También, tendrán una restricción a la hora de aumentar las erogaciones; porque tendrán que enfrentar el costo político de subir los impuestos, lo que los volverá más austeros”.
P: ¿Es escasa la amplitud de movimientos económicos que puede aplicar un Gobierno que está prácticamente encima de un compromiso electoral, al que muchos ven como demasiado condicionante?:
R: “Es cierto que el gobierno no puede encarar en estos momentos una reforma del Estado; pero debería estar diseñando y planificando el proceso para implementarlo cuanto antes después de los comicios. Si bien están proponiendo ser austeros en el aumento del gasto público en 2018 y fusionar algunos ministerios, costará que los números le cierren con el déficit primario de 3,2 % pautado. Lo malo es que seguir ajustando lo justo para reducir el desequilibrio fiscal implica no tener margen alguno para bajar la presión tributaria, de hecho la carga impositiva aumentará en los próximos años. Por lo tanto, en el mejor de los casos, la perspectiva de crecimiento va a ser “amarreta”; ya que seguiremos obligando al sector productivo a cargar con un enorme e inútil monstruo estatal. En el peor, podemos volver a tener una crisis ante cualquier shock externo relevante”.
