La expectativa positiva generada en el discurso presidencial reclama continuar con los aspectos que deben dar sentido y proyección a esos cambios
LA NACIÓN.- El mensaje del presidente Mauricio Macri del 30 de octubre pasado puede considerarse el lanzamiento de un nuevo ciclo en su gestión de gobierno: el de las reformas pendientes. Sin dejar de reconocer que en estos dos primeros años el Gobierno logró una notable mejora en la calidad institucional y recompuso las relaciones políticas y financieras con el mundo, el propio Presidente debió aceptar que hay rumbos peligrosos e insuficiencias en la economía que exigen correcciones de cierta profundidad. La generalización de los brotes verdes para configurar un cuadro general de reactivación no exime de advertir la dificultad de corregir el desmesurado déficit fiscal que está obligando a tomar deuda a un ritmo difícilmente sostenible. El crecimiento de la economía no será suficiente para reducir el peso relativo de este desequilibrio en un plazo razonable. Mientras tanto, repercute negativamente en el balance de pagos e impide al Banco Central actuar con éxito contra la inflación.
La inversión, que es el único camino para lograr un crecimiento sostenido, no ha respondido en los dos primeros años como se esperaba. Para impulsarla hacen falta las reformas que remuevan los factores adversos y desalentadores. Entre ellos, el alto costo y riesgo laboral y la enorme presión impositiva. El elevado gasto público aparece en el centro del problema y por ello el Presidente pidió reducirlo a sus ministros y a los gobernadores. Con sinceridad, expuso ejemplos como el de la Biblioteca del Congreso, que implican un reconocimiento de la inacción de su propio gobierno. Bienvenida sea la sinceridad si ella impulsa la acción correctiva.
La primera reforma anunciada ha sido la impositiva. Debiera haberse ligado ésta a un programa de reforma del Estado y reducción del gasto público, pero no fue así. Por lo tanto, el conjunto de medidas no deriva en una reducción de la presión tributaria como la que debía esperarse de su altísimo nivel actual. El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mostró estadísticas que colocan a la Argentina en el lugar 135 sobre 138 países en relación con los incentivos para invertir y en el último lugar según la incidencia de los impuestos en las utilidades de las empresas.
Las tres características relevantes de esta reforma son las siguientes:
- Reduce la carga tributaria de las empresas y la compensa aumentando la de personas físicas y del consumo.
- Promueve la inversión y alienta la competitividad.
- Implementa de inmediato los aumentos impositivos a las personas, pero gradúa en el tiempo las reducciones a las empresas.
De esa manera, se logrará aumentar la recaudación en el primer año y tal vez en el segundo, contribuyendo a aliviar el déficit fiscal mientras no se reduzca el gasto más sensiblemente. La estimación oficial es de una reducción de la presión impositiva del 1,5% del PBI, pero recién en el año quinto y más como consecuencia del aumento proyectado de aquel.
Nuestro juicio sobre esta reforma es positivo en consideración de la validez de estas tres características. Sin embargo, perdura la insatisfacción de que no es corregido el problema principal: la excesiva presión tributaria. En todo caso, si el Gobierno lograra reducir más rápido el gasto, las cualidades de esta reforma se podrían mejorar. Los impuestos distorsivos, tales como el llamado impuesto al cheque (créditos y débitos bancarios), los derechos de exportación aún remanentes, el impuesto a los sellos y otros debieran eliminarse en un plazo determinado.
Los mayores incentivos a la inversión se relacionan con la disminución de la alícuota del impuesto a las ganancias para las utilidades no distribuidas, la devolución anticipada de saldos del IVA por inversiones y la reducción de contribuciones patronales, con un mínimo no imponible. Estos cambios contribuirán a generar inversiones, aunque no debe olvidarse que debieran complementarse con la reclamada reforma laboral.
La reducción o sustitución del impuesto a los ingresos brutos y sellos apunta a mejorar la competitividad empresaria. No obstante, por ser provinciales requieren acuerdos con los gobernadores y aprobaciones legislativas. Se abre un proceso de negociaciones en las que mucho tendrá que ver la decisión que se tome sobre la repartición del Fondo del Conurbano. El propio presidente Macri ha liderado esta negociación con los gobernadores para llegar a un arreglo salomónico que posibilite el retiro del reclamo de la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema. Tampoco han estado ausentes las tratativas por los gravámenes introducidos en productos con fuerte incidencia regional, como es el caso del vino o el azúcar en bebidas gaseosas. Por otro lado, en relación con el consenso con las provincias, debemos recordar que el ministro de Hacienda acordó con 22 varias reformas a la ley de responsabilidad fiscal que desde estas columnas hemos considerado insuficientes y hasta incompatibles con una necesaria reducción del desbordado gasto público provincial. En efecto, se ha aceptado que los presupuestos crezcan en la medida de la inflación y que el empleo público en cada provincia pueda aumentar a la misma tasa que su población. No se comprenden estas pautas luego de varios años de fuerte incremento del gasto y cuando el número de empleados provinciales casi se duplicó sin ninguna justificación.
Las personas físicas, ahora jurídicamente “personas humanas”, pagarán el costo de compensar cuantitativamente los beneficios de la reforma. El diseño de los cambios expone una mayor progresividad hacia los altos ingresos. Esto ocurre en la imposición de la renta financiera, -que oportunamente cuestionamos en esta columna editorial-, por su incidencia sobre el ahorro y el costo del crédito. Los consumidores deberán enfrentar aumentos de los impuestos internos sobre bebidas, autos, motos de alta gama y embarcaciones, entre otros. La ganancia en la venta de inmuebles, con excepción de la vivienda propia, estará gravada en un 15%, aunque se suprime el actual impuesto a la transferencia. Además, se pide a las provincias aumentar el impuesto inmobiliario para compensar la reducción de Ingresos Brutos.
La expectativa positiva generada reclama continuar con las reformas que deben dar sentido y una proyección más atenuada a los cambios anunciados. El principio de que no se puede gastar más de lo que se recauda sigue reclamando una efectiva acción para la reducción del gasto público. Si esto ocurre y se hace creíble, contribuirá a facilitar la rápida evolución hacia una economía dinámica con una fuerte inversión y creación del empleo privado.
