Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
El Cronista Comercial – Hace ocho años, publiqué en este mismo espacio una columna denominada Crimen y Castigo. Hoy, frente a la oportuna iniciativa del gobierno de Mauricio Macri de enviar al Congreso un proyecto de ley que reduzca a quince años la edad de imputabilidad, sus argumentos son tan vigentes como lo eran en ese entonces.
Un delincuente es un ser humano tan racional como Ud. o yo. Asumiendo que no se encuentra bajo la influencia de ninguna sustancia, elige llevar a cabo su ilícita actividad evaluando los costos y beneficios de la misma.
A modo de ilustración, años atrás los robos de salideras bancarias eran cosa de todos los días. Luego del trágico asalto a una mujer embarazada en La Plata y el fuerte aumentó en las medidas de seguridad, tales como el uso de mamparas frente a las cajas en los bancos y la prohibición a la utilización de celulares dentro de dichas instituciones, los eventos disminuyeron. El beneficio esperado del ilícito se redujo, dada la mayor dificultad de identificar a una posible víctima, al disminuir la probabilidad de llevar a buen puerto la empresa.
Veamos ahora el caso que nos ocupa. Analicemos la participación de menores en delitos graves. ¿Por qué su participación? ¿Casualidad? No, racionalidad. La pena para un menor es mucho más pequeña por lo cual es racional, desde un punto de vista delictivo, su participación, de forma tal de reducir la responsabilidad penal de los adultos frente a la probabilidad de ser detenidos, lo cual reduce el costo total esperado para el grupo de delincuentes participantes del ilícito. Menor costo, mayor beneficio, mayor probabilidad que el hecho sea consumado.
Costos y beneficios, como en cualquier otra actividad. Si queremos una sociedad con menos delincuentes necesitamos incrementar el costo esperado para los mismos de llevar a cabo su actividad, asociado a la probabilidad de aprehensión y de cumplimiento efectivo de la condena. No es imposible, más efectivos policiales calificados y un cumplimiento riguroso de las leyes son indispensables. Por ello, es claro que la reducción en la edad de imputabilidad a quince años es una medida correcta con dicho fin.
Sin embargo, hay otro costo de gran relevancia para los delincuentes que pocas veces se toma en cuenta, probablemente por ser políticamente incorrecto siquiera el mencionarlo, pero que de lograr incrementarse reduciría considerablemente el nivel de inseguridad que afronta nuestra sociedad. ¿Cuál otro sino el costo de oportunidad para un potencial delincuente de ejercer su ilegal actividad, representado por el ingreso potencial que podría obtener realizando actividades lícitas?
¿Se imagina Ud. sustrayendo celulares con un arma en la mano? Yo no, más allá de consideraciones éticas, el costo de oportunidad de renunciar a mi profesión para dedicarme a dicha ilícita actividad es ridículamente alto. ¿Donde está la diferencia? En mi dotación de capital humano.
Clara evidencia de este hecho lo proporciona la población carcelaria. Si realizamos un relevamiento de la misma descubriremos que la mayoría de los reclusos no han culminado su educación secundaria y un gran número ni siquiera su educación primaria.
Reducir la edad de imputabilidad a quince años constituye una medida acertada e imprescindible dado el actual nivel de inseguridad, pero para resolver el problema de fondo educación es la única respuesta. Sin ir más lejos, se le atribuye a Pitágoras haber afirmado “educad a los niños y no será preciso castigar a los hombres”. Más oportuno, imposible.
