Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
EL ECONOMISTA – Había una vez un país en el cual los padres trataban con respeto a las señoritas de guardapolvo blanco, en las que depositaban la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Un país donde el sueño de “mi hijo el doctor” podía hacerse realidad. Hoy la opresiva realidad ha eliminado del imaginario colectivo aquel sueño. Sin capital humano, en la globalizada sociedad del conocimiento en la que a nuestros niños y jóvenes les tocará vivir, ¿qué posibilidades tienen de desarrollarse y alcanzar la movilidad social que alguna vez fue sinónimo de la Argentina? Definitivamente muy pocas.
Hace pocas semanas, en el Seminario de Educación UCEMA 2019, presenté siete propuestas que he elaborado a lo largo de los últimos años, las cuales contribuirían a tomar la iniciativa frente a una crisis educativa que resulta imprescindible aceptar Comparto hoy otra de ellas, indispensable, en mi opinión para cambiar esta triste realidad.
Veamos los hechos. El viernes 1ro. de marzo de 2019 el presidente Mauricio Macri, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, se refirió explícitamente a un único tema educativo: “el año pasado les pedí, e insistiré este año enviando un proyecto de Ley, que modifiquemos un artículo de la Ley Nacional de Educación, aquel que no nos permite informar globalmente, totalmente, sobre las evaluaciones de calidad de las pruebas que hacen nuestros hijos. Los padres merecen saber la verdad de la calidad de educación que reciben los chicos para poder actuar e involucrarse, y asegurarse de que sus hijos, el día de mañana, accedan a un buen trabajo”.
Recordemos el episodio al cual se refiere. El 1ro. de marzo de 2018 el Presidente había hecho público, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de ese entonces, su deseo de que el Poder Legislativo considerase la modificación del artículo 97 de la ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en diciembre de 2006. En palabras del Presidente, “para poder involucrarnos, [los padres] tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma. La única manera de mejorar es partir de la verdad, de un diagnóstico verdadero, transparente, público, a disposición de todos”.
Es imprescindible modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que prohíbe la difusión de los resultados por escuela. Su modificación despertaría a los padres, les haría ver la realidad y los haría reaccionar.
Nada facilitaría más la tarea del que es el más importante ministro del gabinete nacional que el apoyo de la sociedad a reformas que son imprescindibles y que sólo se podrán realizar si los padres las exigen. Nada le otorgaría más poder que la sana indignación de muchos padres al conocer los resultados de las escuelas a las que concurren sus hijos. Nada facilitaría más su labor que terminar con el secreto que impide a quienes deberían ser sus principales aliados alinearse con la causa.
Al fin y al cabo, ¿quién puede tener más derecho que los padres a conocer el nivel educativo de las escuelas a las que concurren sus hijos? Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio, lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren. ¿Estigmatización? No. Por supuesto se debe preservar la identidad de los alumnos y docentes, pero no así de las instituciones educativas.
No es posible llevar a cabo una revolución educativa sin el apoyo y la participación activa de los padres. Pero, ¿cómo habrían de colaborar si desconocen la realidad que afecta a sus hijos? En palabras de Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación: “Argentina es el único país que conozco que prohíbe por ley difundir los resultados escuela por escuela. Esto no ocurre ni en México, Colombia, Chile o Brasil. Cualquier padre de familia tiene derecho a saber cómo está el colegio donde están sus chicos”. Debo confesar que suscribo cada una de sus palabras.
Por ello, a mi entender, la modificación del artículo 97 de la Ley 26,206 de Educación Nacional resulta indispensable para modificar la dura realidad educativa que vive hoy nuestro país, pues serían los mismos padres los que lo demandarían. Es hora de terminar con el secreto. Es el capital humano de nuestro país lo que está en juego.
