La legislación laboral argentina establece que los acuerdos sobre salarios y condiciones de trabajo se negocian entre los representantes gremiales de cada sector de actividad y las correspondientes cámaras empresarias. En el caso de los empleados estatales son también los dirigentes gremiales los que negocian con los ministros del área que corresponda. Esto ha sido así desde mediados de la década del cuarenta cuando la Argentina optó por una única representación gremial sectorial, centralizando en ella las negociaciones por los trabajadores de todas las empresas abarcadas. Los intentos posteriores por descentralizar las negociaciones laborales fueron infructuosos. Los hubo durante las gestiones de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
Hay una diferencia sustancial entre las negociaciones laborales centralizadas y las descentralizadas a nivel de cada empresa. En las centralizadas priman los factores macroeconómicos y políticos. Los incrementos salariales toman como referencia la inflación ocurrida desde el aumento anterior. Juegan factores y reclamos de carácter general que no necesariamente son aplicables a cada una de las empresas del sector. Los aumentos obtenidos por otro gremio son tomados como base comparativa de lo reclamado. La situación particular de cada una de las empresas no es tenida en cuenta. De esto resulta que algunas podrán afrontar lo acordado sin inconvenientes, mientras que a otras les resultará imposible y tendrán que presentarse en concurso o vender activos o reducir su personal.
En las negociaciones descentralizadas, o sea las que se realizan entre la conducción de cada empresa y los delegados por sus empleados y trabajadores, hay una confluencia de intereses. Los empleados conocen los límites al igual que los dirigentes de la compañía. La capacidad negociadora de los empleados queda preservada mediante el derecho de huelga. La situación particular de la empresa y el ámbito de su mercado y competencia son conocidos por ambas partes. Algunas empresas podrán dar aumentos mayores que otras. Las condiciones de trabajo que están ligadas al equipamiento y a la productividad serán determinantes de cada arreglo.
Una forma de descentralización que no implica forzar la desaparición de las representaciones sindicales sectoriales es la de dar preferencia o privilegio a los acuerdos a nivel de empresa sobre los de mayor nivel. Así lo establece la legislación laboral de Chile y ha sido exitosa. En ese caso los factores macroeconómicos son sólo un elemento más, que queda supeditado a la protección del empleo por la supervivencia de la empresa y su éxito competitivo. La conflictividad laboral se reduce al haber convergencia de intereses en estos objetivos esenciales.
Otro mecanismo inteligente incorporado en el sistema laboral chileno fue el del arbitraje oficial pero acotado a optar por una postura o por la otra. El árbitro no puede proponer posiciones intermedias. La consecuencia es que muy rara vez se recurre al arbitraje ya que ninguna de las partes quiere arriesgar la totalidad de la diferencia que tiene con la otra. De esta forma los conflictos se arreglan con menor repercusión.
La descentralización es naturalmente resistida por los dirigentes sindicales ya que perderían gran parte de su poder. Muchas veces estos dirigentes han lanzado el argumento defensivo de que ellos son más confiables que los representantes de empresa que están más expuestos a infiltraciones extremistas. La experiencia no convalida esta hipótesis. Los trabajadores y empleados de una empresa tienen intereses concretos y están bien cerca de sus delegados como para permitirles poner en riesgo su trabajo por efluvios revolucionarios. Han existido copamientos de empresas (caso Kraft Argentina, hoy Mondelez) pero tuvieron duración limitada y fueron corregidos con apoyo y anuencia de la mayoría del personal.
Nuestro país está atravesando un proceso de corrección de la desastrosa situación económica, fiscal e institucional que dejó la gestión kirchnerista. La inflación es principalmente consecuencia de la diarrea de emisión monetaria de los últimos meses de esa gestión. El efecto inflacionario estaba reprimido por anclajes destructivos que ahora debieron ser removidos. La supresión del cepo cambiario y los descongelamientos tarifarios ahora han puesto en evidencia aquella inflación contenida. De ahora en más la tarea prioritaria debe ser el trabajo sobre el gasto público. En este delicado proceso las paritarias están reclamando cubrir la inflación pasada sin detenerse a estudiar la situación de las empresas que representan frente a un mercado sometido al ajuste. El resultado es hacer crecer el desempleo, apalancar la inflación y acelerar la carrera precios-salarios.
