El proyecto de presupuesto de la Administración Nacional enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo tiene el mérito de apoyarse en hipótesis macroeconómicas cumplibles. En esto se diferencia de los elaborados y aprobados durante la gestión kirchnerista, que en lenguaje metafórico merecían la calificación de “dibujo”. El crecimiento de la economía se proyecta al 2017 en un 3,5% luego de una caída del 1,5% en 2016. Las cifras presupuestarias se han trabajado asumiendo una inflación del 17% a lo largo del año lo que equivale a un 24% promedio contra promedio. El tipo de cambio se proyectó en 17,92 pesos por dólar como promedio en el año. La devaluación nominal supuesta resulta así de un 19,5%, lo que implica una leve revaluación real del peso. Son todas hipótesis probables.
Dentro de este marco, el gasto total autorizado se proyecta con un 22,1% de incremento respecto del previsto en el año en curso. En moneda constante el gasto se reduciría un 1,5%. Es una reducción demasiado pequeña siendo que actualmente el gasto público ha alcanzado un nivel inédito e insostenible. Difícilmente los gobiernos provinciales y municipales colaboren en la reducción del gasto, ya que observarán el poco esfuerzo nacional y además se les admite laxitud en su endeudamiento.
No cambia esta percepción de escaso esfuerzo por el hecho que aumente un 32% el gasto de capital. En primer lugar porque por su menor incidencia no modifica la conclusión sobre la ausencia de una política más efectiva para reducir el gasto corriente. En segundo lugar porque no se observa una derivación significativa de esas inversiones hacia el sector privado. Y en tercer lugar porque el programa comprende obras muy costosas que no debieran tener prioridad. Mencionamos las represas sobre el Río Santa Cruz, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el proyecto RER (Redes de Expreso Regional) con una gran estación subterránea bajo el Obelisco y la iniciación de la cuarta central nuclear. No parece haber una evaluación cuidadosa de las inversiones sino un apuro por iniciarlas y una reticencia a cambiar decisiones del anterior gobierno que lleven a la renegociación o rescisión de contratos.
El presupuesto no incluye una propuesta de reforma administrativa para reducir la enorme burocracia estatal. Sólo establece en su artículo 7º el congelamiento de vacantes y la aprobación de nombramientos por el Jefe de Gabinete con excepción de los cargos superiores. La falta de empeño en reducir el frondoso aparato administrativo se condice con la ampliación del número de ministerios, secretaría y subsecretarías efectuada al iniciarse la gestión de Mauricio Macri. Hay actualmente 20 ministerios, una Jefatura de Gabinete, 85 secretarías, 204 subsecretarías y 141 institutos y organismos descentralizados. Es otro record histórico que el proyecto de presupuesto mantendrá. Puede decirse que en toda la definición del gasto hay un condicionamiento atribuible al año electoral en que este presupuesto será aplicado
La recaudación impositiva en 2017 se proyecta con un aumento de 26,8% respecto a la de 2016. Esto implica prácticamente mantener la muy elevada presión tributaria actual. Es una propuesta irrealista aún considerando que el gobierno no cumplirá con el compromiso de una reducción adicional de las retenciones a la exportación de soja. Además del impacto sobre la credibilidad que este incumplimiento ocasionaría, hay que decir que la economía argentina no puede soportar la presión impositiva alcanzada en 2015. El aumento de la alícuota máxima del impuesto a las ganancias al 40% entra en una zona de mayor incentivo a la evasión o al cambio del domicilio impositivo hacia el exterior por parte de los grandes y medianos contribuyentes.
El déficit fiscal proyectado alcanza a 4,2% del PBI. Es un número mayor al de 3,3% que se había anunciado y que además está sujeto a lograr la ambiciosa recaudación proyectada. No hay que olvidarse que una ley de presupuesto es por el lado del gasto una autorización a gastar, mientras que por el lado de los ingresos es una mera estimación.
El financiamiento del déficit se prevé mediante $90.000 millones de anticipos del Banco Central y $500.000 millones de colocación de nueva deuda. Creemos que el mercado lo hará posible, pero que es una magnitud no repetible en un futuro que demandará correcciones estructurales que permitan una drástica reducción del gasto público.
