“El Indec: un caso de democratización de la información”, se titula un informe que busca defender la intervención del organismo oficial. Lo que nos interesa en este artículo es analizar ese título. Efectivamente, las bases de una democracia republicana están relacionadas con la disponibilidad de estadísticas confiables que permitan a los ciudadanos ejercer su responsabilidad de controlar el accionar de los gobernantes a los que delegó su poder. Para que esto sea posible, a través de organismos oficiales, el Estado produce información que debería ser confiable para permitir ese control.
Sin embargo, desde inicios de 2007, el Gobierno intervino el Indec por estar en desacuerdo con los niveles de inflación que mostraba el índice de precios al consumidor que allí se elaboraba. Desde entonces, el porcentaje de suba interanual del indicador oficial se ubica entre 9 y poco más de 11%, mientras que la gente percibe niveles que superan largamente el 20% y algunos indicadores provinciales y privados también muestran esa misma evolución. De hecho, el índice de salarios del Indec señala alzas incluso superiores a 25% interanual y nadie puede creer que se puedan dar aumentos reales de sueldos de 10 o 15 puntos porcentuales durante varios años seguidos. No hay “milagro económico” que pueda justificar esta diferencia, ya que es imposible semejante aumento de la productividad del sector privado.
De hecho, la gente ve que sus ingresos suben a gran velocidad y que apenas consigue mantener su nivel de vida. Esto genera algo que podemos llamar “estrés salarial”. Uno sabe que por el momento puede pagar el colegio de los chicos, pero no sabe por cuánto tiempo más va a poder hacerlo. Ningún sindicalista, ni los afines al Gobierno, negocia salarios con los indicadores oficiales. Sin embargo, es cierto lo que repiten continuamente los funcionarios K: ninguna organización o consultora tiene los recursos para medir la inflación con los que cuenta el Indec. Entonces, ¿por qué nadie los usa?
Engañables
Una opción es que los argentinos somos pobres “niños” fáciles de engañar. Si esta es la realidad, gracias a Dios, tenemos un gobierno que nos protege de los “infames” que nos quieren hacer creer que los precios suben mucho. Ejemplo de esto son las multas que han recibido aquellas consultoras u organizaciones privadas que miden la inflación y obtienen resultados superiores a los oficiales. Incluso, aquellos que sólo opinaron sobre porcentajes de subas de precios superiores a las del Indec han estado recibiendo intimaciones para que no “mientan” más.
La otra posibilidad es que los argentinos no creemos en los números del Indec porque la realidad diaria nos demuestra que están falseados y demandamos que otros nos den mediciones más confiables. Si fuera así, estaríamos asumiendo nuestro compromiso cívico de controlar al gobierno al que le delegamos el poder, sosteniendo los principios de una verdadera democracia republicana.
Sin embargo, nadie ha reaccionado ante el embate oficial para acallar a las consultoras y los organismos privados que miden la inflación. La ley que esgrimen en su contra no puede aplicarse a quien mide u opina sobre estadísticas, sino que se refiere a dar información engañosa para vender productos o servicios. Por ejemplo, en Brasil existen diversos organismos públicos y privados que realizan relevamientos de precios y los que usan esos datos son quienes deben discriminar cuáles son más confiables. En tanto, en la Argentina se está violando la libertad de expresión y el derecho al trabajo que se suponen preservados por la Constitución Nacional.
El Indec debería ser un instrumento de la democracia, pero a los argentinos no nos importa que nos “vendan pescado podrido” mientras nuestros “bolsillos sigan llenos”. Nos preocupa poco que desde el Gobierno se avasallen los derechos de otros. Mientras no sean los propios, está todo bien.
Un importante funcionario de la actual administración dijo que, ganada la batalla cultural contra los medios y con un posible triunfo electoral en ciernes, el Gobierno no tendrá límites. Es decir, la República terminará de diluirse y, después, la democracia, que se basa en la libertad de proponer y proponerse; lo que está íntimamente ligado a la libertad de expresión y de prensa, cada día más acosadas. Nos habremos encaminado definitivamente a un régimen basado en la ley de la selva, donde quien manda es el más fuerte y en el que rigen los códigos de las comunidades mafiosas.
Responsables
Si esto sucede, por favor, no les echemos la culpa a los políticos ya que sería un signo no sólo de nuestra inmadurez, sino de una tremenda hipocresía. Sepamos que donde prima el populismo es consecuencia de la ausencia de compromiso ciudadano de sus habitantes; pero, principalmente, de la falta de responsabilidad cívica de su dirigencia intelectual, empresarial y profesional, ya que cuenta con más instrumentos para defender la vigencia de los principios de una democracia republicana.
*Publicado en La Nación, Buenos Aires.
