EDITORIAL DE LA NACIÓN – Sería conveniente la conformación de un comité de evaluación donde, junto a profesionales de la salud, haya representantes de empresarios y trabajadores
Con el correr de los días, se han puesto en evidencia diversos efectos no deseados de las estrictas y severas medidas preventivas instrumentadas para reducir contagios del coronavirus. Algunos de esos efectos laterales son inevitables, pero otros son subsanables o pueden reducirse sin afectar sensiblemente el objetivo sanitario. Un ejemplo fue la suspensión del clearing bancario comprendida en el decreto que dispuso la cuarentena obligatoria. Cuando se advirtió que solo implicaba a muy pocos empleados y que se estaban generando severos inconvenientes en la cadena de pagos, el Banco Central revirtió la medida. Sin que se hayan modificado las normas ni tampoco las instrucciones a quienes controlan, los conflictos en la vía pública se van reduciendo porque los propios encargados aprenden a percibir las verdaderas urgencias de personas sin salvoconductos ni notas explicativas. A medida que se prolonga la cuarentena se tiende a que el cumplimiento responda más a la responsabilidad de los ciudadanos que a la penalización de la autoridad. Aceptando esta percepción, no parece necesario ni conveniente decretar el estado de sitio.
La lucha contra el coronavirus en nuestro país llevará más tiempo que el plazo inicialmente establecido para la cuarentena obligatoria. Estamos en la fase creciente de la enfermedad y los entendidos pronostican su agravamiento con un máximo de la curva hacia principios de mayo. Es probable que la cuarentena y las demás medidas de prevención deban ser prorrogadas. Se harán, por lo tanto, más evidentes los efectos no deseados. Si 15 días sin ventas es mucho daño para una empresa o para un trabajador autónomo cuentapropista, un plazo mayor podría ser destructivo. Son más las actividades actualmente detenidas que aquellas que se han mantenido activas, como es el caso de las empresas alimenticias, de seguridad o de servicios públicos. Estas últimas igualmente pierden ingresos al disponer el Gobierno que no pueden cortar el servicio ante la falta de pago.
El propio Estado ha sido afectado por la caída real de sus recursos mientras debe enfrentar gastos adicionales por efecto de la emergencia. El déficit fiscal es creciente y, más allá de la reestructuración de vencimientos en moneda local y del éxito que pueda tener la negociación sobre la deuda, el aumento de la emisión es inevitable. Sobra decir que también será inevitable la inflación que le seguirá. El Presidente ya no podrá adjudicar el aumento de precios a “los pícaros”. Aunque lo haga, este será un problema que se sumará a los que antes hemos mencionado.
Por todas estas razones, la revisión o la prolongación de las medidas en curso u otras nuevas deberán evaluarse considerando también sus efectos laterales directos e indirectos.
Tras algún primer paso en falso, como cuando el ministro de Salud de la Nación minimizó la posibilidad de que el coronavirus llegase a la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández se ha rodeado adecuadamente de expertos en infectología, epidemiología y cuestiones sanitarias. Debería ocurrir lo mismo a la hora de evaluar y proyectar las graves consecuencias económicas que traerá aparejada la parálisis productiva y comercial derivada de la cuarentena preventiva y obligatoria, más allá de la buena voluntad oficial por proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Esto nos lleva a la conveniencia de conformar un comité de evaluación que esté integrado por empresarios y trabajadores no como representantes de sus propios sectores de interés, sino como aportantes de su experiencia. Ese comité tendría que contar con la participación profesional de sanitaristas e infectólogos, pero también de sociólogos, economistas, laboralistas. psicólogos y especialistas en recursos humanos.
La rapidez en las decisiones durante la emergencia es una condición necesaria hasta que se supere la enfermedad. Desde esta columna hemos sido críticos de la figura de las comisiones como instrumento de gobierno. No obstante, estamos frente a circunstancias graves que provocarán consecuencias económicas, sociales y personales más negativas si no son correctamente evaluadas y si no se planifican las respuestas adecuadas.
