Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.
INFOBAE – Estamos por vivir uno de esos sucesos de los que pocos son capaces como este país. Seguramente será todo un éxito. Así lo verá el Gobierno tanto sea que se arregle con los bonistas o se caiga en default. Si es el primer caso, se presentará el éxito de la prudencia y las oportunidades que ahora se abren a este país; si es por el segundo, será la lucha épica contra los capitales financieros y los buitres.
De una u otra forma, historia repetida, y ninguna señal de que nada cambie para que no se llegue a situaciones como estas en el futuro. Desde que comenzó este proceso, el debate se ciñe al acierto o desacierto del proceso de negociación, a la estrategia “académica” que lleva el Gobierno apoyada por Nobels y economistas, si más dura o más negociadora, etcétera. Pero nada más allá.
Y muy probablemente tampoco habrá otras referencias que no sean el comentario sobre el resultado alcanzado y su impacto a corto plazo en la economía argentina. Está bien, no es que eso no sea importante, pero no estaría mal por una vez mirar un poco más allá de los próximos meses o de la próxima elección.
Al respecto, ¿qué podría hacerse para evitar caer en de nuevo en esto? El ideal sería, por supuesto, que tanto políticos como votantes tuviéramos un rapto de lucidez que impusiera un rechazo al elevado gasto público, al déficit fiscal y al endeudamiento tal como ahora se observa, por ejemplo, respecto a las posibilidades tener un gobierno militar. Imaginen si existiera un repudio tan generalizado a la deuda como lo es a la violación de derechos humanos. Esa lección está aprendida, pero la del gasto, déficit y deuda no.
Claro, si eso fuera parte de las profundas convicciones de la gente, se trasladaría a los resultados electorales y no haría falta mucho más, solamente estar alertas para que los votantes no estén distraídos ante intentos políticos de esconder gastos y deudas en cuentas especiales, fuera de presupuesto, etcétera, algo que suele ocurrir.
Para hacer ese control más firme, un consenso de ese tipo podría expresarse en un marco institucional que imponga duros límites al endeudamiento estatal. Estos límites pueden ser de dos tipos. Como en el caso del Tratado de Maastricht, se puede establecer un tope al endeudamiento total, en este caso del 60% del PIB. El otro puede ser como el que existe en los Estados Unidos, donde el Congreso establece un límite sobre el monto total de la deuda permitida —esto es una cantidad de dólares, no un porcentaje sobre el PIB—, techo que, cuando se alcanza, no puede ser superado: el Gobierno no puede emitir más deuda, a menos que sea modificado por el Congreso.
No obstante, la imagen siguiente es bastante clara respecto a la capacidad de este mecanismo para imponer algún tipo de límite, cuando la voluntad política y el control de los votantes no existen:
Otra forma de restringir el endeudamiento se refiere a su proceso de aprobación, por ejemplo, la que demanda que toda emisión de deuda sea aprobada por los votantes en un referéndum o por mayorías parlamentarias especiales, hasta llegar a la prohibición constitucional absoluta. Otra alternativa, aplicada por algunos gobiernos regionales en España, es limitar el plazo del endeudamiento de tal forma que se permita solamente el de corto plazo, lo que significa que la deuda debe ser cancelada dentro del propio ejercicio presupuestario. En los Estados Unidos 21 estados demandan la aprobación por referendo y 12 por mayorías especiales, que pueden estar conformadas por tres quintos o cuatro quintos de los representantes.
No obstante, los gobiernos buscan, y muchas veces encuentran, diversos caminos para eludir esas restricciones, como, por ejemplo, canalizar el endeudamiento por agencias estatales especiales que no están sujetas a ese tipo de control. ¿Sería efectivo un límite a través del voto popular emitido en referendo? Se puede argumentar que los votantes estarían predispuestos a aprobar el endeudamiento, porque disfrutarían del gasto ahora y lo terminarían pagando futuros votantes. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que no actúan de esa forma y tienden a rechazar el endeudamiento.
Los Estados que tienen más de un control muestran menores niveles de endeudamiento, siendo el referendo popular mediante el voto el que mayor éxito muestra, junto con la prohibición total.
En el caso argentino parece que habría que acumular todo tipo de controles. No solamente límites al endeudamiento, sino también al aumento del gasto público, al aumento de los impuestos, a la existencia de déficit fiscal. En este campo somos como Anthony Hopkins actuando de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, todo candado o jaula es poco.
Curiosamente, lo que tiene efecto para frenar el endeudamiento en seco es el default. Allí se cierran las canillas de facto. Por supuesto, a un alto costo. Los controles mencionados no son gratuitos, pero las expectativas que generan son exactamente opuestas a las del default. Es la diferencia entre costos que te hunden y costos que podrías pagar con gusto para subir y salir del pozo.