Desde la Fundación Libertad y Progreso rechazamos la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir y expropiar Vicentin SAIC por las siguientes consideraciones:
- El decreto 522/2020 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional excede sus facultades en tanto el concurso de acreedores se encuentra en curso en el Poder Judicial. Esto significa un QUIEBRE DE LAS INSTITUCIONES REPUBLICANAS, lo que producirá una profunda herida al ESTADO DE DERECHO.
- La intervención del Poder Ejecutivo menoscaba los intereses de los accionistas privados y la expropiación sólo aporta a la construcción de un discurso falaz y a la satisfacción de una ideología al puro estilo chavista.
- No existe ninguna razón ni explicación comprensible para justificar la medida por la “soberanía alimentaria”.
- La administración ESTATAL se ha demostrado ineficiente y contraria a la equidad con la que se la pretende justificar. Finalmente significará un alto costo para los argentinos que deban solventar las pérdidas con impuestos.
- Resulta notable que un Estado quebrado que está reestructurando su deuda, tenga recursos para expropiar una empresa y hacerse cargo de su deuda.
- Es inverosímil que el Poder Ejecutivo Nacional pretenda operar Vicentin como “empresa testigo” en uno de los sectores más eficientes y con mayor competencia de la Argentina.
