Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
INFOBAE – No está mal que el Gobierno festeje el acuerdo de la deuda. Es sin dudas algo positivo para destacar en un año donde todos los días leemos noticias de muertes, contagios, despidos, cierres de empresas, personas que se funden, la economía en picada y la pobreza y la criminalidad en ascenso.
Es un paso adelante en comparación con el gobierno de Duhalde y de Néstor Kichner que demoraron años en presentar una oferta y cuando lo hicieron fue con una gran quita que la mitad de los acreedores no aceptaron. El segundo canje vino recién en 2010 y solo en 2016 terminamos de resolver el problema de los holdouts. En el caso actual el acuerdo luce razonable teniendo en cuenta la precariedad de la situación de nuestro país. Los acreedores calculan una supuesta “quita” de hasta un 45% con un “exit yield” del 10% (la tasa estimada que rendirán los nuevos títulos) y se quejan. Sin embargo, con las tasas de los bonos soberanos por el piso ese cálculo no es demasiado relevante. La realidad es que aún con la quita de los intereses los inversores que han comprado títulos argentinos desde sus respectivas emisiones van a obtener un resultado positivo comparable a las bajísimas tasas de interés de bonos soberanos que rigen en la actualidad. Recordemos que hoy existen bonos soberanos y corporativos que incluso rinden tasas negativas por más de 17 billones de dólares, sobre todo en Europa y Japón. Varios países latinoamericanos han colocado bonos al 3% anual a 10 años de plazo. Pues bien, si calculamos con esa tasa del 3% la quita no existe, el stock de deuda con los extranjeros se mantiene en USD 67.197 millones, solo se han recortado los intereses estrafalarios que pagaban los bonos argentinos y que siguen pagando las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vale acotar que pagamos esos intereses precisamente por ser defaulteadores seriales.
En suma, el acuerdo implica un enorme alivio en el pago de intereses y amortizaciones hasta el final d la actual administración. También es un alivio para los acreedores privados que sufren culpa de los incumplimientos de la nación. Si bien falta acordar con el FMI y con parte de los acreedores locales, es probable que sea más sencillo. Sin embargo, la pregunta relevante a largo plazo es si, aún suponiendo acuerdos favorables, la nueva situación de endeudamiento resulta sustentable.
¡La respuesta rápida es no! En el momento en que empezamos a salir del default empieza a engendrarse la próxima crisis. La pandemia agrava la situación y oscurece el diagnóstico, pero no creo que queden muchos ilusos que crean que una vez que salgamos de la cuarentena la Argentina habrá terminado sus problemas. Terminaremos el año con una caída de 12-15% del PBI, la pobreza superando el 50% en promedio y 64% en los jóvenes, más de 100.000 empresas quebradas, el desempleo en el 12% a lo que hay que sumar una cifra similar de sub empleo, y la criminalidad en alza. Al salir de la cuarentena se reactivará la economía, pero sin llegar al nivel del 2018, menos aun el del 2017. Luego, vendrán una recaída con una aceleración inflacionaria, es decir es probable que veamos una W.
Esto ya lo sabemos. Lo que falta es comprender el origen del problema. Mientras la mayoría de los argentinos sigan pidiendo que el Estado solucione sus problemas, la deuda no será sustentable porque la Argentina no es sustentable. Demasiada gente toma como normal que otro pague sus cuentas. Y no me refiero solo a los millones que viven de planes sociales; a los millones que viven de un cheque estatal, muchas veces haciendo poco y nada como contraprestación; o a los millones que cobran jubilaciones o pensiones sin haber hecho aportes. Me refiero también a los empresaurios, cuyas empresas están protegidas con altos aranceles y barreras a la competencia del exterior; o también a los que orgullosamente te muestran sus nuevas máquinas compradas con créditos a tasas subsidiadas; o los que reciben prebendas como el barril criollo; o los jueces que no pagan impuestos a las ganancias; los empresaurios que viven de la obra pública o de ser proveedores del Estado, con departamentos de “mayores costos” que son más grandes que una pyme y estudios de abogados enteramente dedicados a ordeñar al Estado; también los sindicalistas oligarcas que se han hecho millonarios con el manejo espurio de las obras sociales o patoteando empresas. Desde ya, hay que añadir a los funcionarios, legisladores y jueces que diseñan y apañan el sistema. Todo esto bañado de un alto grado de corrupción.
Así, Argentina es una típica sociedad de “buscadores de rentas”, es decir, de entidades que buscan obtener riqueza adicional sin ninguna contribución recíproca de productividad. Nos gobierna una cleptocracia que cada vez que se sienta en la “mesa del diálogo”, empresaurios, sindigarcas, políticos, y los piqueteros sociales, sabemos que el resultado será un nuevo aumento de impuestos al sector privado, en especial al campo argentino. Simplemente, no va más.
Es necesario un cambio completo de sistema económico y rentístico basado en las ideas de Alberdi.
