ÁMBITO FINANCIERO – El gasto en subsidios promete convertirse en un nuevo dolor de cabeza en el futuro cuando haya que salir del esquema de la cuarentena y el coronavirus quede en el pasado. De acuerdo con proyecciones privadas, podrían representar a fin de año la mitad del déficit fiscal que se estima en por lo menos 8 puntos del PBI.
Así lo señalaron a Ámbito los economistas Aldo Abram de la Fundación Libertad y Progreso, Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDESA) y el economista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento con Equidad (CIPPEC) José Gasparín.
Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estima que durante la primera mitad de este año el Gobierno ya tuvo que erogar 2 puntos de PBI para sostener tarifas de servicios públicos, básicamente las energéticas, y el transporte. El informe detalla que entre enero y junio se dispusieron $293.632 millones, equivalente al 9,7% del total del gasto primario y 2 puntos del PBI. Se detalla que “la ampliación del congelamiento, que vencía el 20 de junio, mantendrá el importe de las boletas de luz y gas hasta el 17 de diciembre de 2020” y se advierte que “para los congelamientos previos al 2015, se tenía una inflación estable de entre 20% y 25% anual; mientras que hoy con una velocidad de suba de los precios de al menos un 40%, las tarifas se atrasan al doble de velocidad y el Estado deberá erogar gastos por subsidios económicos mucho más rápido para sostener su política”.
Al respecto, Abram estimó que en promedio el público está pagando alrededor “del 30% del valor de las tarifas”, mientras que en el período anterior a 2015 según dijo “se pagaba un 18%”. Todo ese camino es el que tendrían que recuperar las tarifas para quedar equilibradas. El problema que se presenta es que en medio del contexto inflacionario “se tienen que determinar subas muy grandes y casi todo se lo lleva la inflación”. El economista entiende que en un marco de incremento generalizado de los precios “las tarifas tienen que subir por encima” del valor que marque el IPC, algo que en este contexto no parece viable. De hecho, el economista de Libertad y Progreso no cree que cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, comience a negociar un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le exijan una corrección inmediata. “El punto es que si quieren encarar todo el plan de obras que están anunciando, no lo van a poder financiar con lo que supuestamente van a dejar de pagar de intereses de la deuda, porque eso no se estaba pagando, se estaba refinanciando”, señaló Abram, quien planteó que inexorablemente el Gobierno debería ahorrar por el lado de los subsidios para poder financiar el nuevo gasto.
En cambio Colina se mostró menos optimista. “Es casi que tenemos el 95% de posibilidades de que el Fondo exija reducir los subsidios”, opinó el director de IDESA. El economista sostiene que “si se proyecta el costo de los subsidios a todo el año serán como 4 puntos del PBI es decir, la mitad del déficit de 8 puntos”. Colina considera que el organismo de crédito va a pedirle a Guzmán que ponga en marcha un plan de estabilización que inevitablemente incluye evitar el retraso de las tarifas de servicios públicos. Para el profesional la actual coyuntura lleva a un debate económico parecido al que había hace 5 años, que es si la corrección puede hacerse por medio de un shock o en un proceso gradual. “Lo primero que se ve ahora es que el congelamiento de tarifas afecta a la inversión. Es el caso de Edesur, se resiente la calidad del servicio”, señaló el economista de IDESA.
Por su lado, Gasparín advirtió que “en los primeros seis meses los subsidios económicos mostraron un fuerte dinamismo, que ocurre en un contexto muy particular como lo es la pandemia”. No obstante, aclaró que “buena parte de los componentes tienen inercia propia”. “Los subsidios económicos tuvieron como principal destino la energía, pero los destinados a la industria también mostraron una dinámica importante a partir de las medidas tomadas por el Gobierno para amortiguar el efecto de la crisis sanitaria”.
