URGENTE 24 – La declaración del presidente Alberto Fernández acerca de la supuesta “opulencia” de Ciudad de Buenos Aires, la solución al problema de recursos para atender el reclamo de la Policía Bonaerense y el debate posterior porque se hizo a costa de dinero de la Ciudad Autónoma, actualizó un problema que parece sin solución: el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. A todo esto es necesario recordar que el Presidente de la Nación ha manifestado su deseo de ingresar a la historia como el jefe de Estado más federal. Reuniendo todos esos datos es interesante leer el trabajo de un centro de estudios difundido horas atrás. Enfermos de los preconceptos, los estigmas y ‘clichés’ no faltará quien anticipe “Ah, pero está Fulano” o “Naaaa esos son liberales” (por decir algo) pero es muy interesante conocerlo y sería horrible que los pruritos fomenten nuestra ignorancia.
Si la meritocracia fuese una realidad en la sociedad argentina, resultaría interesante que alguien pudiera aportar un conocedor más profundo y preciso de la Coparticipación Federal de Impuestos que el ingeniero Manuel Solanet.
Por supuesto que siempre aparecerá alguien enarbolando algún motivo para rechazar cualquier aporte intelectual que no sea propio pero la Máquina de Hacer Ignorantes nos está matando como sociedad en base a la estupidez de construir el futuro sobre las fojas de servicio y los archivos que, además, en muchas ocasiones son injustos porque está en duda nuestra propia capacidad para construir nuestra historia.
Vayamos a lo concreto: hasta 1934 no hubo Coparticipación Federal de Impuestos. La República Argentina existía sin régimen de coparticipación, recuerda Solanet, y el cronista agrega que tampoco había Banco Central, creado en 1935. Solanet comenta que es cierto, que nacieron casi juntos.
Cada provincia tenía su régimen tributario y la Nación el suyo, y se gastaba lo que se tenía.
En ocasión del Impuesto a los Réditos, creado para enfrentar consecuencias de la crisis mundial de 1929, ocurrió el debate de quién se apropiaba de la recaudación.
El “Régimen de Impuesto al Rédito” (Ley N°11.682) fue sancionado durante la presidencia de Agustín P. Justo, e incluyó la creación de la Dirección General de Impuesto al Rédito (hoy AFIP).
Las partes concurrieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impuso como primera condición que fuese transitorio -hasta el 31/12/1934, límite nunca cumplido por las partes y olvidado por la propia CSJN-, y luego que las provincias percibieran, en condición de devolución, el 17,5% de lo recaudado.
Solanet recuerda que así nació la coparticipación, que progresivamente se trasladó a más tributos, los que además aumentaron en cantidad, hasta llegar al deforme, discrecional y conflictivo régimen vigente, que además no alcanza a cubrir el impresionante gasto público que ya antes de la emergencia provocada por la pandemia era difícil de financiar con recursos genuinos.
Solanet apunta que lo que propone la Fundación Libertad y Progreso es regresar al origen, y con un sistema de incentivos para gastar bien porque se gasta mal y eso obliga a más impuestos y más coparticipación, que además resulta arbitraria.
El comentario es razonable: todos saben que el Frente de Todos quiere limitar la capacidad de financiación de Horacio Rodríguez Larreta, a quien avizoran casi seguro presidenciable en 2023.
El problema de fondo no es el abuso que las provincias hacen de la Ciudad Autónoma, que entonces tiene un argumento sólido para mantener la deformación en cuanto a calidad de vida que surge de seguir autorizando torres que le permitan multiplicar los ingresos por Alumbrado, Barrido y Limpieza, que es su herramienta más sólida de recaudación.
El problema de fondo consiste en que las provincias no están obligadas a ser eficientes y limitar su gasto público ni a revisarlo para un uso apropiado de los recursos de los contribuyentes / ciudadanos / electores / usuarios.
> ¿Alberto Fernández quiere ser un Presidente federalista? Bueno, ahí está la propuesta que elaboraron Solanet y los otros economistas de la Fundación: Transferir a los gobiernos provinciales la recaudación de los impuestos generados en su territorio: Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos.
> ¿Alberto Fernández quiere ingresar a la historia como un reformador del régimen tributario? Otra propuesta: Reemplazar el impuesto provincial a los Ingresos Brutos por otro aplicado a las Ventas Finales y calibrar la alícuota de éste con la del IVA (nacional) para lograr una distribución primaria entre Nación y Provincias que empalme con la que resulta del régimen de Coparticipación vigente.
El objetivo es sencillo: suprimir la coparticipación vertical entre Nación y provincias.
Luego, trabajar en un mecanismo para que ninguna provincia ni gane ni pierda con el cambio.
Para ello, crear un Fondo, alimentado con el impuesto a la Transferencia de Combustibles, de redistribución horizontal entre provincias, con porcentajes compensatorios que se mantendrán inalterados en el tiempo.
¿Cuál es el propósito de la inalterabilidad? Que cualquier aumento de gasto de una provincia, por sobre su recaudación, le exigirá tener que recurrir a impuestos provinciales adicionales.
Entonces,
> habrá incentivos para que los gobiernos provinciales gasten menos y más eficientemente;
> los ingresos tributarios de cada provincia serían previsibles; y
> el Gobierno Nacional no podría ejecutar actos abusivos como reducir el porcentaje de distribución secundaria de una gobernación políticamente adversa.
No es difícil, sólo requiere decisión política.
¿Tienen una propuesta más sencilla y eficiente en el Ejecutivo Nacional? Adelante. De lo contrario se encuentra la que consta en esta nota.
¿Por qué no la aceptarían las provincias si no comprometen sus ingresos presentes?
Es hora de comenzar a estudiar en serio el futuro porque luce complicado en la medida que los contribuyentes están hartos de la escasa contraprestación del Fisco, y hay malestar institucional periódico entre Nación y provincias por lo que sucede.
